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“En el caso del Banco Mundial quisiera ver cuánto se gasta en consultorías externas. Evidentemente son fondos que nunca llegan al gasto social”, sostuvo Néstor Kirchner, que respondió así a las críticas de un funcionario del organismo que había cuestionado la distribución de los recursos sociales en la Argentina. El Presidente eligió un momento oportuno para la réplica: fue ayer, en un acto en la Casa Rosada en el que anunció un nuevo sistema para monitorear los gastos sociales de la Nación y las provincias.
La polémica comenzó la semana pasada, cuando el director del programa de investigaciones sobre pobreza del Banco Mundial, Martín Ravallion, sostuvo que “la Argentina tiene mucho gasto social, pero éste no llega a la gente pobre”.
La primera respuesta había corrido por cuenta de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, quien sostuvo que el 96,4 por ciento del presupuesto social de la Nación se destina a transferencias directas a los beneficiarios y sólo el 3,6 por ciento corresponde a gastos de personal, viáticos, equipamiento o traslados.
Ayer, fue el mismísimo Presidente quien se encargó de replicar las declaraciones de Ravallion. “Permanentemente recibimos de parte de los organismos internacionales recomendaciones acerca de que el gasto público para ayuda social y para educación llegue a los sectores que tienen que llegar. Pero muy poco hacen para que esto se garantice”, señaló el santacruceño.
Kirchner puso como ejemplo al Banco Mundial, un organismo hermano del FMI, cuya misión, de acuerdo con su carta fundacional, es contribuir a combatir la pobreza en el mundo. En el acto, el Presidente subrayó uno de los aspectos más cuestionados de la entidad: la contratación permanente de consultores y expertos que se encargan del seguimiento de los programas. “Es un tema que me gustaría conversar a fondo con las autoridades de ese organismo. No importa qué gobierno es, sino el criterio, el concepto y la filosofía del tema”, aseguró el santacruceño.
Kirchner no formuló estas declaraciones en cualquier ocasión. Aprovechó un acto que encabezó ayer en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde se firmó el Convenio de Coordinación y Cooperación Técnica entre el titular del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de la República Argentina, Rubén Quijano, y, en representación del Gobierno, el Síndico General de la Nación, Alberto Iribarne.
En el acto estuvieron los encargados del área social de los 24 distritos, junto con funcionarios nacionales como la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, el de Planificación Federal, Julio De Vido, el de Trabajo, Carlos Tomada, y el de Educación, Daniel Filmus.
El eje del anuncio fue la puesta en marcha de la Red Federal de Control Público, que fue creada en mayo de 2002 y nunca se implementó del todo. En la presentación, Kirchner anunció la decisión de articular los organismos de control a nivel nacional y los de los 24 distritos. La idea es incorporar los Tribunales de Cuentas de todas las provincias al sistema, de modo de unificar en un mismo esquema el monitoreo de los planes de asistencia social.
El nuevo sistema incluye el Plan Jefas y Jefes de Hogar, el de Seguridad Alimentaria; el de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a las Obras”; el Plan Integral de Promoción de la “Familia y la Comunidad”, y las Acciones Compensatorias en Educación. El total de los recursos bajo la lupa asciende a 8100 millones de pesos.
“La red de control público nos va a permitir conocer el accionar y el gasto. En la Argentina hay que entrar a gastar bien. No se puede permitir más permisividad. Si recuperamos la credibilidad, si los órganos de control funcionan con la eficiencia que tienen que funcionar, evidentemente vamos a dar un paso sustancial y estoy seguro de que el gasto va a ser más eficiente. Tenemos que construir una Argentina cristalina, que logre garantizar el destino de los recursos para recuperar la credibilidad de las instituciones”, explicó Kirchner.