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Por Camilo Ratti
Desde Córdoba

Liliana Callizo, ex militante del PRT, forma parte del pequeño grupo de cordobeses que sobrevivió al infierno de La Perla, el campo de exterminio más temible e importante del Tercer Cuerpo de Ejército, donde murieron más de dos mil personas y donde ella fue torturada y violada. Tras años de exilio, volvió al país hace ocho. En España se especializó en ecología y agricultura autosustentable y dirige con su hijo Manuel una granja-escuela en la periferia de Córdoba. Está convencida que Enrique Bruno Laborda tiene mucha información para aportar a la Justicia, y espera que sus declaraciones ayuden a condenar a los genocidas.
“El Batallón 141 tenía secciones: una política, otra de operaciones y una tercera que era La Perla, que funcionaba como campo de exterminio. En la política se concentraba la información de los detenidos y se armaban los archivos, que se remitían por triplicado a distintas dependencias militares. Una iba a la central de inteligencia, que funcionaba en el 141. Ese equipo decidía a quién otorgaba la libertad, a quién ponía a disposición del PEN y a quiénes vigilaban en sindicatos, partidos, universidad o iglesia. También existía otra sección, Operaciones Especiales, que ordenaba los secuestros. Y por último, La Perla, donde íbamos a morir. Este grupo tenía jefes de alto rango y otros más pinches, como es el caso de Laborda, a quien, después de leer lo publicado y de reflexionar sobre aquellos años, logré ubicar dónde operaba.”
Secuestrada el primero de septiembre de 1976, fue inmediatamente trasladada a La Perla, a la vera de la autopista que une Córdoba con Carlos Paz y a 20 kilómetros del centro. Al campo de detención iban a parar la mayoría de los dirigentes del PRT, además de Montoneros. “Aunque tenía sólo 22 años, yo manejaba información importante, por eso creo que me detuvieron. Pero antes de secuestrarme, en la casa de unos amigos quemamos y enterramos todos los archivos, que estaban en fotos y microfilms”, cuenta Callizo.
La ex detenida piensa que Laborda habló por “la sangre de los desaparecidos, que llega fresca hasta hoy. La sangre de la mujer que mató y que dice que los salpicó a todos los verdugos”. Esta posible culpa no implica posibilidades de cambio, estima, porque “la filosofía y la educación es lo mismo, no puede haber un ejército formado con total falta de cultura democrática. Pero es el reflejo de este país, no es un problema sólo de ellos. Todavía no somos una sociedad civilizada, democrática, seguimos siendo autoritarios. En Córdoba el grupo represor fue pequeño, concentrado y muy hábil para establecer alianzas. Se defienden entre ellos y van a resistir hasta donde les dé el cuero. La presión no viene de la gente, están debilitados por la sangre y todas las aberraciones que cometieron. Aunque es importante el avance en el campo de los derechos humanos, se quiebran por problemas internos, tal como lo confiesa el propio Laborda, quien se sintió defraudado por su pares. El torturó y asesinó para ser premiado, y resulta que la institución no lo tiene en cuenta para un ascenso. Las estructuras del Ejército se tienen que reciclar, pero el recambio va mucho mas allá de los nombres, tiene que cambiar la filosofía, la escuela de formación militar”.
Sin embargo, Callizo tiene mucha esperanza en el trabajo de los organismos de derechos humanos ante la Justicia. “Lo vivo como un proceso histórico que tiene que desandar el pueblo. Sé que una ciudadanía crece y se puede desarrollar si conoce su pasado, si tiene memoria, si tiene corazón, que no vive alienada del éxito, de la plata fácil, sino que reconoce sentimentalmente a los luchadores sociales. Una sociedad crece cuando tiene sensibilidad, memoria, cuando deja de ser juez para ser partede un todo. El golpe sirvió para enterrar un proyecto de país soberano e independiente en Sudamérica.”
“Una condena a los represores sirve en la gente, o debería servir. Es importante para saber quién es quién para la humanidad, para los valores intrínsecos del ser humano. Hoy, toda la clase política debería estar del lado del esclarecimiento y no lo está. Pero no es sólo un problema de justicia, sino de ética, de una postura ante lo que pasó. Acá estamos hablando de genocidio, de muerte, de tortura, de violaciones. Es una cuestión de Estado, y como partes de ese Estado, los políticos, los intelectuales deberían tomar parte. La sociedad necesita que se conozca quiénes son los asesinos.”