EL PAIS › CONFLICTO LABORAL EN LA PLANTA DE ALTOS HORNOS ZAPLA, JUJUY

Está prohibido filmar las asambleas

Los trabajadores de Altos Hornos Zapla tienen la fábrica tomada. La empresa secuestró material fílmico del conflicto.

 Por Adriana Meyer

Los trabajadores de Altos Hornos Zapla no quieren terminar como los mineros de Río Turbio. A esta inquietud sumaron dos reclamos salariales y el 30 de julio decidieron ir a la huelga, que luego se transformó en la toma de la planta ubicada en Palpalá, Jujuy. Ayer recibieron un ofrecimiento del Ministerio de Trabajo, pero el monto del incremento salarial que les ofrecieron les pareció insuficiente, y si no se eleva al menos a 200 pesos, seguirán con el paro y la toma, que ya lleva ocho días. Pablo Broun está documentando este conflicto y las autoridades de la empresa manejada por Sergio Taselli le secuestraron sus filmaciones, con el apoyo logístico de la Gendarmería. “En Argentina se pueden filmar las cárceles, la zona roja, incluso a un político cobrando una coima. Pero no se pueden filmar adentro de las fábricas, hasta que ocurre una tragedia”, se lamentó Broun en diálogo con Página/12 desde Jujuy.
Doce miembros de la Gendarmería están instalados en el predio desde octubre pasado, cuando hubo otro conflicto, bajo las órdenes de la gerencia de la empresa. El jueves 5 llegó al lugar una delegación de la Superintendencia de Trabajo para realizar una inspección fiscalizadora de las pésimas condiciones laborales en las que los obreros desempeñan sus tareas. “Hay un gran deterioro e insalubridad, hay 20 mil litros de PCV adentro de la fábrica y dos transformadores tienen pérdida permanente de ese material. Días atrás un caño se rompió, atravesó a un obrero y le lastimó los intestinos. La ART le dio un mes de licencia, pero la patronal lo quería hacer volver en una semana”, describió Broun.
Este documentalista es el autor de Mineros, tragedia en Río Turbio e integra el grupo Contraimagen. Se encuentra en Palpalá desde que comenzó el conflicto que llevan adelante unos 700 trabajadores para sumar esas imágenes al Noticiero Obrero. El sindicato único de trabajadores de Aceros Zapla le pidió que filmara la recorrida de los funcionarios nacionales. La empresa se opuso y entonces decidió retirarse. Sin embargo, dos gendarmes lo llevaron al puesto de seguridad y lo retuvieron allí durante dos horas “por orden del gerente de producción, Roberto Poccioni”. Broun tenía en su bolso material digital de video de los últimos dos días. “Es material de los trabajadores, de sus asambleas y a las dos horas el gerente apareció y él mismo me lo secuestró, usando la fuerza de los gendarmes que me tenían detenido”, relató. “Luego me registraron y me dijeron que me fuera si no, me iban a meter preso”, agregó.
Broun entiende que esto ocurrió en el marco de una “completa hostilidad hacia los reclamos de los trabajadores”. La fiscalización siguió su curso porque era una medida importante para los obreros. “Todo el pueblo está pendiente de la puesta en producción de la fábrica. Al principio rechazaron la conciliación obligatoria y mantienen dos piquetes en las entradas, con guardias permanentes y apoyados por la solidaridad de la gente que el miércoles se movilizó y les sigue llevando comida”, describió el documentalista. El viernes desde el Ministerio de Trabajo les llegó la oferta que aceptaba los dos primeros puntos de su reclamo: discutir el pago del Programa de Propiedad Participada, que debieron recibir en 1992 cuando la acería fue privatizada, y propiciar la mejora de las condiciones de seguridad y el arreglo de las máquinas. Pero en cuanto al aumento de sueldos consideraron que los 100 pesos ofrecidos son “una burla”.
El sindicato pidió formalmente que la empresa devuelva el material fílmico, pero no lo hicieron. Sus compañeros evalúan cómo y dónde radicar una denuncia, tras descartar hacerlo en Palpalá porque, según Broun, “es como hacerlo en la oficina de Taselli”. El documentalista narró que el gerente se le reía en la cara. “Esta fábrica llegó a emplear a 5 mil personas y hoy Taselli la ha diezmado, como lo hizo en Río Turbio. Se manejan con desprecio e impunidad y su política no es negociar sino quebrar la voluntad de los trabajadores, que quieren trabajar en condiciones dignas”, agregó.

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La acería se privatizó en 1992. El jueves llegó al lugar una delegación del Ministerio de Trabajo.
 
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