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“Tenés que apoyarme. Hacelo por el campo.” El destinatario de la súplica, diputado por el PJ bonaerense y ligado con la actividad agropecuaria, quedó estupefacto. “¿Y lo que me pedís qué tiene que ver con el campo?”, preguntó sin entender por qué Raúl Moneta apelaba a su vocación ruralista para convencerlo de que debía sumarse a los 70 legisladores que, el jueves, solicitaron el juicio político al presidente de la Cámara del Crimen, Alfredo Barbarosch. Barbarosch y su par Gustavo Bruzzone habían cometido la imprudencia de abortar la maniobra judicial mediante la cual Moneta procura arrinconar a sus ex socios del “grupo Hicks” y quedarse con la mitad del paquete accionario de Cablevisión. Es que el ex banquero sueña con convertirse en un magnate de los medios pero también con lograr un blanqueo social que lo rescate del ostracismo al que lo condenaron las caídas de sus bancos y las escandalosas denuncias sobre lavado de dinero. Para ello cuenta con el respaldo del interventor del Comfer, Julio Bárbaro, quien lo ha definido como un empresario “del palo” (ver aparte). El viernes, Página/12 se comunicó con algunos de los signatarios del pedido de juicio político para recabar detalles del documento. Las respuestas de los miembros de la Honorable Cámara de Diputados bien podrían formar parte de una antología del disparate.
El fallo de Barbarosch y Bruzzone tuvo un efecto devastador para los planes de Moneta al poner en evidencia el ardid de interponer la denuncia en el Departamento de Policía el día en que estaba de turno un juez “amigo”: Juan José Mahdjoubian. Pero por esos mismos días, Mahdjoubian fue pillado por una cámara oculta en componendas poco honorables con un abogado del foro. Demasiado expuesto, Mahdjoubian no tenía margen ya para dar curso a las desmesuradas exigencias de Moneta y su asistencia letrada. Fue así que, para liberarse de un compromiso incumplible, aceptó la falsa conexidad planteada por el abogado del ex banquero y aceptó remitir la causa al juzgado de Ismael Muratorio. Muratorio ya había dado pruebas de su benevolencia hacia Moneta en otra causa diseñada bajo el mismo patrón: denunciando a su antiguo empleado Jorge Macchi en Defraudaciones y Estafas. En fin, como era de prever, Muratorio hizo en un día todo aquello que se le reclamaba a Mahdjoubian. Y no fue un día cualquiera: diligente en extremo, y mientras en Tribunales todo era jolgorio y resaca, concedió una medida de no innovar al día siguiente de Navidad.
Con estos hechos a la vista, Barbarosch (siete años como magistrado de instrucción y diez en la Cámara) y Bruzzone (ex fiscal penal económico, docente universitario y de gran prestigio personal e intelectual) optaron por apartar a los dos jueces, anular la instrucción realizada por ambos y sortear un nuevo juzgado interviniente. Claro que ni Barbarosch ni Bruzzone imaginaron que esta resolución le valdría al primero el acoso de El Guardián –la ya extinguida revista difamatoria de Moneta–, la interferencia de sus comunicaciones telefónicas, el dibujo de cruces gamadas en la luneta del automóvil que suele utilizar (Barbarosch es de origen judío), artículos infamantes de Edición i (una publicación que con menos tintes amarillos reemplazó a El Guardián) y, tal como había adelantado este diario, un pedido de juicio político urdido en el Congreso. Las fuentes consultadas aseguraron que el alma mater del documento es el justicialista Cristian Ritondo. Sin embargo, muchos sospechan que detrás de Ritondo habría otras manos expertas. Hace algo más de un mes, en el curso de una charla informal con periodistas, éstos le preguntaron qué sabía de un misterioso pedido de jury que, se rumoreaba, preparaba contra Barbarosch un grupo de diputados. La reacción de Pichetto fue inmediata:
–Yo con eso no tengo nada que ver –dijo antes de que alguno de los presentes atinara a relacionarlo con el asunto.
Ocurre que Pichetto y Lelia Chaya –ex alfiles del menemismo en el Consejo de la Magistratura–, con la colaboración del ruckaufista Jorge Casanovas habían sido las puntas de lanza del juicio político al juez federal de Mendoza Luis Leiva, el hombre que investigó a Moneta, dictó contra él una orden de captura y de quien el ex banquero había jurado vengarse. Dos de esos nombres vuelven a jugar otra vez en el Consejo y nuevamente en el lado del banquero: Chaya y Casanovas fueron las voces que, de muy mal talante, se enfrentaron al camarista Barbarosch, cuando éste declaró ante la Comisión de Acusación en el marco del pedido de juicio político a Mahdjoubian y Muratorio. Ese día, mientras Casanovas se dedicaba a tomar en solfa la figura del “forum shopping”, Chaya optó por seguir el guión diseñado en un artículo de Edición i y le planteó a Alfredo Barbarosch: “¿Usted tiene conocimiento que el doctor Guido Barbarosch integra el estudio jurídico Richards (representante de Cablevisión)?”. El presidente de la Cámara del Crimen, indignado, contestó que su sobrino ingresó con un sueldo insignificante a ese buffet, que lo hizo luego de que se celebrara el acuerdo preventivo “en el que él, por otra parte, no intervino ni firmó”. Ese es también uno de los fundamentos que invocan los 70 diputados para pedir la destitución de Barbarosch: “(...) el magistrado ha utilizado el poder jurisdiccional del que fue investido –dijeron– para favorecer los intereses de un grupo económico, cuyo abogado es un pariente cercano”.

El Invencible

La tarea de conciliar voluntades en torno de un fin único no es sólo un producto de la convicción. Existen métodos menos ortodoxos para lograrlo, como, por ejemplo, el “los tengo a todos filmados” que siembra el pánico entre políticos y funcionarios judiciales. La mayoría pone las barbas en remojo ante las penurias del camarista Mario Filozof, blanco reciente de una campaña de desprestigio con epicentro en Canal 9 y Radio 10. De ella participó Eduardo Feinman, blandiendo una cinta y anunciando eufórico en Telenueve: “¡Este es el video!” No fue el único aporte: Luis Pedro Toni, Gerardo Sofovich, Baby Echecopar y Samuel Gelblung hicieron lo suyo con referencias de dudoso gusto a la supuesta filmación. ¿Qué atractivo tenía Filozof para la audiencia del noticiero del 9 o para la muchachada de Polémica en el Bar? Quizá ninguno, excepto ser quien tenía la facultad de decidir si, tal como quería Moneta, Barbarosch debía ser apartado de la causa entablada por él contra sus ex socios de Cablevisión, componentes del grupo texano Hicks, Muse, Tate & Furst (HMT&F). Marginado Barbarosch del proceso, las insidias tejidas sobre la vida privada de su colega, el camarista Filozof, amainaron.
El actual copropietario de Canal 9 –junto a Daniel Hadad– se jacta de la presunta letalidad de sus armas en el plano judicial. “Disfruten del tiempito que les dieron esos dos comunistas –lo escucharon decir en supuesta referencia a Barbarosch y a Bruzzone– porque la batalla no la van a ganar. Yo no pierdo nunca con la Justicia argentina.” Sus empleados repiten la fórmula con entusiasmo. El ex hombre de la CIA y actual dueño de una agencia de informaciones Frank Holder afirma a pie juntillas que “Raúl es invencible en el plano judicial”. Suena a fanfarronada, pero si la Comisión de Acusación toma en serio la solicitud de los diputados –que, por cierto, no hace una sola mención a Moneta ni a su condición de querellante– y la Cámara de Casación repite el insólito fallo que, en el caso Macchi, dio la razón a Moneta y a Muratorio contra lo dispuesto por la Cámara del Crimen, habrá que empezar a pensar que no están tan lejos de la verdad. Es de señalar que uno de los abogados de Moneta, Alejandro Mitchell, es sobrino de Gustavo Mitchell, presidente de la Cámara de Casación, y el otro, Matías Bravo, fue secretario del tribunal o, mejor, de uno de sus integrantes, Juan Fégoli. Ese antecedente laboral de Bravo entraría en contradicción con la opinión vertida por Mitchell a modo de disculpa por la denuncia radicada en el Departamento Central de Policía: “Es un abogado inexperto”.

Los 70 granaderos

El pedido de juicio político de los diputados sostiene que “en nuestro carácter de legisladores, representantes de los ciudadanos que nos eligieron, tenemos especial interés de que (sic) los jueces decidan con imparcialidad, para que las instituciones recuperen credibilidad, especialmente la Justicia”. Esta declaración de intenciones no impide que buena parte del texto haya sido dedicado por los 70 legisladores a pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, es decir a dar la razón a Moneta en un litigio societario de alta complejidad financiera, un exceso del que se habían cuidado muy mucho los camaristas Barbarosch y Bruzzone, quienes se limitaron a exponer y objetar cuestiones de procedimiento.
Así es que, haciendo gala de un enorme conocimiento de las composiciones accionarias y las alternativas del expediente, los diputados afirman que “Cablevisión S.A.(...) habría sido objeto de una política de vaciamiento millonaria desde que dos grupos extranjeros se hicieron cargo de su gerenciamiento. El esclarecimiento y castigo de ese vaciamiento era precisamente el objeto de la investigación que el juez Barbarosch desmoronó con la resolución a que nos referimos”.
Luego continúan expresando que “(...) Muchos ciudadanos comunes de este país que a través de los mercados depositaron sus ahorros y confianza en esta empresa manejada por inescrupulosas manos extranjeras, se vieron perjudicados por la cesación de pagos declarada por Cablevisión SA, lo que no impidió a ésta, por ejemplo, en marzo de 2003 pagarle a una sociedad del grupo Liberty Media la suma de 14 millones por la compra de la marca de Cablevisión (...) Entre otras defraudaciones que habría detectado el equipo de contadores de la Corte Suprema nos encontramos con la triangulación de la compra de insumos fuertemente sobrevaluados por centenares de millones de dólares a través de una sociedad offshore llamada Cablenetwork INC que respondía a los propios intereses de Cablevisión –Julio Gutiérrez–, persona de confianza a su vez del propio Thomas Hicks”. Más adelante y tras invocar las opiniones de Julio Bárbaro acerca de la composición societaria de la empresa, los legisladores se pronuncian de manera rotunda en el sentido de que “éstos son sólo algunos de los muchos hechos irregulares y/o delictivos que habrían protagonizado las sociedades extranjeras controlantes de Cablevisión SA en perjuicio de esa importante empresa de medios y de los propios ahorristas defraudados que les confiaron sus dineros, que estaban siendo puestos al descubierto por la investigación llevada a cabo en la causa ‘Clutterbuck’ por el juez Muratorio”. Lo único que los diputados han omitido consignar es el hecho de que, el 31 de marzo de este año, el pleno de la Cámara del Crimen acompañó a Barbarosch y Bruzzone en su denuncia contra Mahdjoubian y Muratorio.
Si bien de prosa descuidada y, por lo mismo, de difícil lectura, los párrafos arriba citados son una prueba palmaria de la minuciosa lectura que los 70 diputados dedicaron a la lectura de los 16 cuerpos que acumula el expediente. Por eso, cuando este diario requirió la opinión de algunos de ellos respecto del tema, llamó la atención el tenor de sus respuestas. Uno de los consultados el viernes fue Antonio Ubaldo Rattin, diputado del Fupebo (Luis Patti) por Buenos Aires. La que sigue es la transcripción del diálogo que el ex futbolista mantuvo con Página/12:
–Buenas noches, diputado. Quisiera su opinión sobre el pedido de juicio político a Alfredo Barbarosch.
–...La verdad es que no sé... No lo tengo presente... Lo habrá firmado Bonacorsi, que es de mi bloque, y después me lo pasará a mí.
–Sí, Bonacorsi firmó, pero usted también...
–¿Sabe qué pasa? Que hace 15 días que estoy operado de la rodilla y no ando bien.
–Al menos sabrá qué función cumple en la Justicia el doctor Barbarosch.
–La verdad es que me bajaron los glóbulos rojos. Estoy con 3.200.000 y yo siempre tengo arriba de cuatro millones. No, no estoy bien concentrado, no lo tengo en la mente en este momento. Si me llama el lunes se lo digo.