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Un fallo judicial conocido en Italia llevó ayer al centro del escenario aquello que el gobierno del premier Silvio Berlusconi no quería escuchar. Al condenar a la filial veneciana del Deutsche Bank a devolver a una pareja de jubilados la totalidad de lo pagado en 1998 por títulos de la deuda argentina, 152 mil euros, la Justicia italiana reconoció la corresponsabilidad de los bancos colocadores. Las entidades financieras no sólo son acusadas por el gobierno argentino, sino también por la oposición política italiana en pleno, desde la separatista Liga Nord a los viejos comunistas reagrupados en la Democracia de Izquierda. Por su parte, a través de su embajador en Italia, el gobierno argentino también responsabilizó a la administración de Berlusconi por la situación que atraviesan los ahorristas de su país. La razón es que los representantes italianos en el FMI presionaron para que la Argentina les pague el 100 por ciento a los organismos en desmedro de los tenedores privados.
El rompecabezas de las tensiones con Italia no es difícil de armar. Sólo es necesario poner sobre la mesa todas las piezas. En el ensamblado resulta ineludible comenzar por el dato más antiguo. Cuando la Argentina colocaba deuda desesperadamente para evitar el default, Italia fue uno de los principales tomadores. Mientras los mercados no preveían el riesgo de default y los organismos financieros internacionales hablaban de “Milagro Argentino”, los principales tomadores italianos de títulos que devengaban tasas siderales fueron los bancos. De los cerca de 15.000 millones de dólares de deuda argentina que actualmente se encuentra en Italia, el 80 por ciento estaba, sobre fines de los ’90, en poder de las entidades financieras. En Argentina eran las épocas en que Roque Fernández, el último ministro de Economía de Carlos Menem, hablaba de la necesidad de frenar el recalentamiento de la Economía.
Cuando comenzó a ser evidente que la necesidad de endeudamiento argentina era ilimitada y que una futura cesación de pagos no podía descartarse, los bancos peninsulares no sólo continuaron colocando papeles argentinos, sino que evaluando perfectamente el riesgo crediticio comenzaron a deshacerse también de los papeles que tenían en cartera.
En este punto debe colocarse la segunda pieza. Siguiendo una metodología ya empleada en la venta de acciones de las alimenticias Cirio y Parmalat, los bancos colocaron los papeles de altísimo riesgo que tenían en cartera entre una multitud de inversores no especializados, muchos de ellos jubilados que hasta entonces sólo habían invertido en títulos públicos de su país. Como quedó demostrado en una investigación a posteriori de quien debía haber controlado que esto no suceda, la Consob, la Comisión de Valores italiana, el grueso de los damnificados no fueron advertidos del altísimo riesgo que corrían.
A modo de ejemplo vale recordar que muchos ahorristas compraron los títulos no sólo después del megacanje de julio de 2001 impulsado por Domingo Cavallo, cuando todos los bancos de inversión internacionales comenzaron a advertir sobre el riesgo sistémico de Argentina, sino en el mismo diciembre de ese año, a días del estallido de la convertibilidad.
La tercera pieza es que la Asociación Bancaria Italiana (ABI) aprendió de sus errores durante los affaires de Cirio y Parmalat y, en el caso argentino, se adelantaron a los hechos. Reciclaron a un jubilado de la gerencia financiera del Banco de Roma, Nicola Stock, y lo pusieron al frente de la Task Force Argentina (TFA), un sello integrado por 462 entidades, para “defender los intereses de los bonistas” afectados por el default de los “Tango Bond”. Los mismos de los que ellas se deshicieron y que muchas de ellas colocaron.
En un comunicado difundido ayer, la ABI elogió la tarea de Stock y de la TFA, agrupación que invita a los ahorristas a no adherir al canje. Si bien la ABI no se definió directamente sobre la oferta, el secretario deFinanzas, Guillermo Nielsen, sostuvo precisamente en Italia que los bancos peninsulares están aumentando sus tenencias de papeles argentinos.
La cuarta pieza es que la oposición política italiana, al contrario del gobierno de Berlusconi, reconoce la corresponsabilidad de la banca en el drama de los más de 400 mil ahorristas afectados. En consecuencia, demanda una legislación para que se compense a los bonistas con dinero de los bancos. Esta pieza explica que los bancos estén comprando los viejos títulos.
Otra pieza es el rol del gobierno italiano, orgánico al poder financiero internacional y de su país. Como acusó ayer el embajador argentino Victorio Taccetti, el ejecutivo italiano a través de sus representantes en el FMI presionó para que la Argentina reconozca el rol de acreedor privilegiado a los organismos. Dado que la cantidad para pagar deuda es una sola, pagar 100 por ciento a entidades como el FMI o el Banco Mundial significa disponer de menos margen para pagarle a los privados.
La última pieza fue puesta ayer. Al darles la razón a dos jubilados que invirtieron 152 mil euros en papeles argentinos, dinero que provenía de la “liquidación” que cobran los italianos al jubilarse, y condenar al Deutsche Bank a devolver el 100 por ciento del importe, el Poder Judicial italiano comenzó a reconocer el complejo entramado de responsabilidades detrás de lo que los abogados peninsulares llaman “doble estafa”, del Estado argentino y de los bancos italianos. Para las “asociaciones de defensa del consumidor”, muchas de ellas en realidad estudios jurídicos que convocaron a la fracasada marcha del pasado lunes, se trata de una excelente noticia. Por vía judicial será más fácil cobrarles a los bancos que al Estado argentino. El fallo conocido ayer rechazó los argumentos de la defensa del Deutsche, que había argumentado que se trataba de “inversores habituales de la Bolsa” que conocían el riesgo que adquirían. Este argumento es el mismo que utilizó ante el Parlamento el ministro de Economía de Berlusconi, Domenico Siniscalco.