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Con el texto sobre los dueños de Cromañón, la Inspección General de Justicia acaba de producir un documento histórico. No solo aporta fundamentos para sospechar que las sociedades creadas para aparecer como propietarias de Cromañón podrían haber sido fundadas con el objeto de evadir toda responsabilidad. Como eso también puede lograrse con una sociedad anónima trucha con sede en Buenos Aires, más allá de la tragedia del boliche la IGJ sienta un precedente triple:
- Uno es el deber del Estado. Cuando cree que se cometió un delito, el Estado tiene la obligación de investigar el armado de las sociedades hasta llegar a sus verdaderos dueños.
- Otro es la capacidad. Muchas veces el Estado tiene herramientas para llevar la investigación al éxito.
- Y el tercer aspecto es la voluntad. Ni el deber legal ni la capacidad rinden ningún fruto cuando no hay una decisión de concentrar energía en cumplir con la ley y utilizar todos los recursos y la información para hacerlo.
La investigación de la IGJ sirvió para descubrir la titularidad real de una empresa que podría ser inculpada dentro de una causa que hasta ahora presume que Omar Chabán cometió homicidio con dolo eventual con el resultado de 193 personas muertas el 30 de diciembre del 2004.
Pero nada impediría a la IGJ avanzar del mismo modo, por ejemplo, con Raúl Pedro Juan Moneta, el banquero preferido de Carlos Menem que hoy busca reciclarse como un honorable empresario nacional. Esa apelación a un supuesto nacionalismo en oposición a los tremendos ataques foráneos, desconocedores de tradiciones, costumbres y caballos, fue también el argumento preferido de otros empresarios nacionales como Alfredo Yabrán, rey de la circulación, o el Grupo Yoma, especializado en suministrar deudas a bancos del Estado.
La investigación de la IGJ sobre las empresas off shore termina con una falacia: que son inevitablemente nacionales las empresas con socios o presidentes argentinos.
¿Es nacional una empresa con directorio argentino cuando funciona como matriz de una cáscara con sede en las Islas Vírgenes británicas?
Muchas veces pasa de largo el significado de la expresión off shore. No significa que una empresa está fuera de la Argentina. Significa que una empresa radicada en las Islas Vírgenes o en Montevideo actúa fuera de esos sitios. Por ejemplo, en la Argentina.
Por eso, la cuestión de fondo a la que acaba de echar luz la Inspección General de Justicia va mucho más allá de la responsabilidad por Cromañón. Al demostrar que se debe y se puede investigar cuando hay voluntad de hacerlo, pone la lupa sobre un fenómeno: la extraordinaria velocidad de circulación del capital financiero en el mundo. Es esa velocidad la que fue señalada por economistas como el Nobel de Economía 2001 Joseph Stiglitz como una de las causas de la inestabilidad económica mundial.
Stiglitz recordó en un reportaje concedido a Página/12 que cuando cayó Asia, en julio de 1997, el análisis en los Estados Unidos fue que hacía falta mayor transparencia... en Asia. La réplica fue que si quedaban bolsones de opacidad, los capitales fluirían hacia esos huecos. Su argumento, Stiglitz incluido, era que los norteamericanos “teníamos que hacer algo también respecto de la banca offshore”. Esa postura fue muy resistida por la Casa Blanca, que recién comenzó a prestarle atención luego del atentado a las torres gemelas del 11 de septiembre del 2001. “Descubrieron que esa banca offshore que había sido usada para el narcolavado y la evasión impositiva, para la corrupción, también servía para financiar el terrorismo”, contó el Nobel. “Solo entonces el gobierno de los Estados Unidos cambió de posición.”
Stiglitz acostumbra citar también el caso ruso, donde las privatizaciones salvajes y la reforma capitalista sin administración fue en paralelo a la creación de repentinos oligarcas con base en empresas offshore. Los suizos fueron los iniciadores del sistema offshore en la década de 1930. Al principio sirvió para esconder el dinero de los perseguidos por el nazismo. Pero en los años ’50 los propósitos loables del comienzo sirvieron de técnica ideal para la evasión impositiva de capitales con origen en otros países, como Francia. El sistema creció explosivamente. Hoy, según informa un artículo publicado en el semanario norteamericano The Nation por Lucy Komisar, funcionan en el mundo 60 zonas offshore que, con solo el 1,2 por ciento de la población, tienen el 26 por ciento de los depósitos mundiales.
El sistema offshore en bancos y empresas es ideal para lavadores de todo tipo. No solo forma una constelación de agujeros negros que facilitan la inestabilidad financiera internacional. Carentes de argumentos serios, los defensores de las sociedades offshore argumentan que sin ellas no habría inversiones. Es falso: no habría inversiones basadas en el lavado. Por definición, los lavadores están dispuestos a perder, porque ya obtuvieron su ganancia en una etapa anterior del circuito económico. Y si su objetivo, al lavar, es perder dinero y no ganarlo, ¿cómo podría competir con ellos un capitalista que quiere ganar dinero con una inversión honesta?
La Argentina debería incluir a Cromañón en su pelea con el sector más duro del Grupo de los Siete.