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El Consejo de la Magistratura y la Procuración General de la Nación activaron las investigaciones contra los jueces y fiscales que trabaron la causa por la Masacre de Margarita Belén y facilitaron que los diez militares que estaban presos quedaran en libertad. Los fiscales Carlos Flores Leyes y Roberto Domingo Mazzoni deberán hacer su descargo hoy. Ambos están acusados no sólo de haber obstaculizado el proceso sino también de haber participado en torturas durante la última dictadura. El martes será el turno de los jueces Tomás Inda y María Beatriz Fernández.
Las acusaciones contra los magistrados y fiscales fueron iniciadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la agrupación HIJOS del Chaco hace dos años, cuando la Cámara Federal de Resistencia hizo lugar a un pedido de habeas corpus y ordenó la libertad de los represores.
Los jueces Inda, Fernández y Diómedes Rojas –que falleció– enviaron la causa a la Cámara Federal de Rosario, que ya se había desligado del caso. Los organismos de derechos humanos señalaron que era incorrecto tomar una decisión como ésta en un trámite de habeas corpus. Además de las consideraciones técnicas, el CELS e HIJOS destacaron que varios funcionarios judiciales que habían intervenido en el expediente estaban comprometidos por su comportamiento durante la última dictadura.
Inda es uno de los camaristas que ocupaba ese cargo durante la última dictadura y no investigó la muerte de Carlos Salas, una de las víctimas de los fusilamientos de diciembre de 1976, quien tenía una causa judicial abierta ante su tribunal. Los fiscales chaqueños Carlos Flores Leyes y Roberto Mazzoni fueron denunciados como cómplices de la masacre y de haber participado en sesiones de tortura. En 1976 eran, respectivamente, secretario de juzgado y fiscal del magistrado que intervino en el caso y fue funcional a la versión militar que aseguraba que se había producido un intento de fuga mientras los presos eran trasladados desde la alcaldía de Chaco a Formosa.
Flores Leyes y Mazzoni se inhibieron de intervenir en el habeas corpus presentado por la defensa de los militares, pero dejaron que participaran sus subordinados Ana María Torres y Carlos Sanserri, que también fueron denunciados. El procurador general, Esteban Righi, dispuso que la fiscalía de Política Criminal instruya la denuncia del CELS e HIJOS y Flores Leyes y Mazzoni tienen cita para hoy. Los jueces deben ir el martes al Consejo de la Magistratura.