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En el último mes se registraron 88 conflictos laborales, uno de los niveles más altos de conflictividad sindical desde el regreso de la democracia, sólo superado ampliamente durante dos años: 1998, cuando explotó el Plan Primavera, y 1990, cuando estalló la segunda hiperinflación. A esa conclusión llega un informe del Centro de Estudios Nueva Mayoría, dirigido por Rosendo Fraga.
La investigación contiene otros datos interesantes:
- En el último año, el 66% de los conflictos laborales ocurrió en el sector público, 28% en los servicios y sólo 6% en la industria.
- En marzo esa tendencia se acentuó: el 83% de los conflictos salariales involucraron a estatales, el 16% a empleados de servicios y apenas el 1% tuvo lugar en la industria.
- En la industria, el sector más favorecido por la devaluación, casi no hay conflictos porque todas las instancias de negociación abiertas terminaron, hasta ahora, en aumentos de sueldos. Desde la salida de la convertibilidad, el salario formal promedio en la industria manufacturera creció 62,6 por ciento, algo por encima de la inflación minorista en el mismo período. En el agro, la suba, siempre para los trabajadores en blanco, fue del 67 por ciento.
- Los paros declarados en los últimas semanas confirman ese mapa de la conflictividad salarial liderada por los estatales: esta semana, por ejemplo, hubo medidas de fuerza en los hospitales públicos (con el Garrahan, obviamente, a la cabeza), de empleados de Lapsa, de judiciales, de bancarios (servicios) y de subtes (servicio público).
- El mes pasado fue particularmente convulsionado, fundamentalmente debido a las huelgas de los docentes. De hecho, los conflictos ocurridos en marzo triplican el promedio de las disputas salariales de los últimos 12 meses.
- Pero éste fue un marzo especial: el nivel de conflictos de este año duplica el promedio de conflictos en marzo de los últimos 26 años.
¿Qué está pasando con los trabajadores del sector público? Como lo demuestra el último “Informe de Inflación”, elaborado por el Banco Central, los salarios públicos quedaron muy atrasados desde la devaluación. Según esa fuente oficial, el poder de compra de los estatales cayó casi 30 por ciento en relación a diciembre de 2001. Más aún, la baja en el salario real de los estatales sería comparable a la sufrida por los asalariados “informales o en negro” en el sector privado.
Los economistas más ortodoxos sostienen que antes de la devaluación los sueldos del sector público eran más altos que la remuneración promedio en las empresas privadas, y que ahora se corrigió ese “desequilibrio”. Sin embargo, ese enunciado no tiene en cuenta la calificación de los empleos. En Argentina, el nivel de instrucción de los estatales es muy superior al promedio del mercado de trabajo privado. Y por lo tanto, ajustados por calificación o estudios, es lógico que los salarios públicos sean mayores.