EL PAíS › DOS EXCARCELACIONES QUE CAUSARON INDIGNACION

Deles salida a dos ricos y famosos

Lo mucho que tienen en común Chabán y Alsogaray.

Opinion
Por Mario Wainfeld

Omar Chabán y María Julia Alsogaray tienen algunas diferencias entre sí, pero sus semejanzas, para lo que importa en esta crónica semanal, son mucho mayores. Ambos son acusados de delitos graves, que suscitan enorme conmoción pública. Ambos pertenecen al primer decil por ingresos de la población, en una sociedad enormemente desigual. Ambos han sido beneficiados con argumentos de tono garantista. Claro que, contra lo que propone una de las garantías esenciales de la Constitución, la igualdad ante la ley, ambos parecen haber sido tratados de mejor modo que el que reciben otros sospechosos que, a diferencia de ellos, viajan en tercera clase.
Ambos fueron excarcelados con intervalo de horas, circunstancia que potenció la bronca que explotó anteayer. Los magistrados que beneficiaron a Chabán con la excarcelación son los únicos argentinos que no se percataron (o los únicos a los que no les importan) todas esas coincidencias.

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Sospecha I: –“Los camaristas que liberaron a Chabán son intachables. El Negro Gustavo Bruzzone es uno de los mejores jueces y de los más sólidos en su formación. También es un tipo irreductible en sus convicciones. Yo no sé si no les hicieron una cama.” Un alto funcionario del Gobierno, jurista él también, baqueano en los pasillos de Tribunales, es quien husmea algo raro.
Página/12 ha de tener un mal día pero no entiende la posible conjura en la que el juez no ha tenido nada que ver. Pide que se lo ilumine.
–La integración de la Sala que dispuso la excarcelación se hizo por sorteo. Ese fuero es un lugar poco recomendable. Hete aquí que salieron sorteados para este caso jueces intachables, de convicciones firmes, de perfil garantista.
Página/12 ha de tener un mal año. Sigue sin entender, pide más precisiones.
–Imagine que usted es un juez o un funcionario que manipula sorteos y que quiere perjudicar a jueces probos, pero sin cintura política ni percepción de la realidad. Les tira ese fallo, sabiendo que van a decidir conforme a sus conciencias tirándose al mundo encima. Les hace un agujero a ellos y, de paso, le pega un tiro de carambola al garantismo.
“Lo que usted dice implicaría que los jueces fueron funcionales a sus adversarios. Y que sus adversarios son muy sofisticados y sutiles”, se resiste a creer Página/12.
–No puedo dar fe de lo que sospecho, pero...
Pero en la guerra y el amor, todo vale.

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Sospecha II: La excarcelación de María Julia tuvo una velocidad asombrosa. Su fundamentación legal es sensata, el plazo en el que se concedió excepcional. Es del caso señalar que los jueces “naturales” de su proceso (y de otros contra Alsogaray) han sido recusados, por lo que están transitoriamente apartados de los expedientes. La recusación se fundó en argumentos humanitarios. Los jueces José Valentín Martínez Sobrino y María del Carmen Roqueta, se quejó la ex polifuncionaria, se negaron a dejarla asistir al entierro de su padre, Alvaro. La ingeniera los acusó de enemistad manifiesta. Lo que la procesada no dijo es que los magistrados sí la dejaron ir a visitar a su padre con gran asiduidad durante sus últimos días, también participar de su velatorio. Por razones de seguridad le vedaron concurrir al entierro. La Cámara revocó esa decisión. Alsogaray lo adujo para fundamentar su recusación, que debe resolver la Cámara de Casación. Martínez Sobrino y Roqueta son dos jueces con alto compromiso en materia de derechos humanos. Condenaron en su momento al represor chileno Enrique Arancibia Clavell.
Es todo un detalle, digno del reino del revés, que María Julia Alsogaray se victimice respecto de esos jueces.
Ahora, resta esperar si Casación le da otro gustazo a la ingeniera.
Un tribunal ad hoc otorgó la excarcelación en tiempo record, mucho antes de que se cumplieran los plazos procesales. Sus razonamientos lucen sensatos, no así el sigilo y la velocidad con que le dieron salida a Alsogaray.

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Por algo les dicen Sus Señorías: El Judicial es el más aristocrático de los poderes del Estado. La expresión “Su Señoría”, de rigor hasta en el más berreta de los escritos judiciales, alude inequívocamente a ese origen.
Los jueces no transitan el espinel, a su modo depurador, del voto popular. Su modo de elección deriva de negociaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. En una república, caracterizada por la transitoriedad en el ejercicio de los cargos, los magistrados ejercitan los suyos de modo vitalicio, sólo interrumpible por graves razones de salud o por mala conducta sancionada por el juicio político. Los titulares de ejecutivos duran cuatro años y deben revalidar. Los de legislativos, otro tanto. Como dice el Supremo Carlos Fayt (que da testimonio de sus aseveraciones con su cuerpo), los jueces son “full vitae”.
Los juicios políticos son lentos, morosos. Los tribunales respectivos tienen un fuerte sesgo corporativo. En nuestro régimen constitucional el pueblo tiene una relación muy mediatizada, más bien es de palo, respecto de la selección de los jueces y de su eventual destitución.
La cultura tribunalicia agrava ese pecado original. Muchos jueces, seguramente la mayoría, integran una subcultura hostil a toda forma de sentido común. La familia judicial, como tantas otras sectas que hacen de un saber parcial un modo de poder, se expresa en jerga inasible para las personas de a pie. La ininteligibilidad es un timbre de honor que pocos rehúyen.
Integrantes de un poder del Estado no sujeto a control ciudadano, muchos jueces, algunos de ellos bien intencionados, creen que pueden fallar sus causas sin tomar en cuenta las implicancias sociales de sus decisiones. Tomar decisiones de Estado pensando que se vive en un frasco es un obrar condenado de antemano al fiasco. Y ese es el contexto preponderante entre sus señorías, garantistas incluidos.
Lo dicho en este párrafo es una parte del problema que detona la furia pública en estas horas. No es todo el problema, pero no es una parte una parte irrisoria.

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Las penas son de nosotros: Los debates públicos actuales alcanzan a menudo elevados niveles de precisión. Actualmente se polemiza acerca de la pertinencia de la prisión preventiva a los procesados.
Los técnicos explican que hay dos criterios básicos en disputa acerca de la preventiva, que pueden no ser excluyentes. Uno es que se trata de un recurso contra la peligrosidad social (algunos hasta hablan de una pena anticipada) que corresponde a los delitos graves, pasibles de condenas muy severas. Otro que es esencialmente una medida cautelar destinada a evitar que el expediente avance. Para esta tesis, la preventiva sólo procede respecto del procesado proclive a profugarse o a entorpecer la investigación. El código vigente combina los dos criterios pero los magistrados que ordenaron liberar a Chabán consideran inconstitucional todo lo que exceda la prevención de la fuga o el entorpecimiento de la investigación. Se trata, acaso, de una posición demasiado dogmática. Vale recordar que la inconstitucionalidad (que se decretó en la causa de Cromañón) es una solución excepcional cuya aplicación puede conspirar contra la división de poderes. Debe dosificarse con enorme cautela, que no fue éste el caso.
La polémica sobre los alcances de la preventiva ha trascendido a las academias de derecho y a los pasillos de tribunales. Siendo así, quien interviene en ella sentenciando hechos de formidable repercusión debe asumir que sus gestos serán resignificados en el espacio público. La democracia de masas es así. Los jueces que liberaron a Chabán, por llevar su punto a un extremo inadmisible para los ciudadanos del común, le han hecho un involuntario favor a los apologistas de la mano dura.

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Impunidad: La dictadura militar fue el vértice superior de la impunidad que azotó estas pampas. La corrupción de los ’90 acentuó una percepción ya existente y es innegable que hubo en las recientes tres décadas muchos asesinatos y muchos latrocinios no castigados.
La percepción colectiva de la impunidad es, a ojos de quien esto firma, de todos modos exagerada. En materia de derechos humanos, las deudas serán impagables pero lo cierto es que hay cientos de represores presos, acá y en el exterior, incluidos ex presidentes. La marca podrá ser insuficiente pero es muy superior al de otras latitudes. Astutos argentinos de derecha y desprevenidos progresistas albicelestes describen al hermano Chile como un paraíso, sin parar mientes en que hasta hoy Pinochet es un general de la nación y un referente político. Acá sus colegas están presos. La ley que los amnistió fue declarada inconstitucional, algo que la Corte Suprema terminará de consagrar en semanas o en días. El Uruguay, ejemplo en tantas otras cosas, no llegó tan lejos.
Los corruptos de la restauración democrática no han recibido aún castigo tan condigno pero tampoco es riguroso que nada les haya pasado. Los ha habido presos, con el ex presidente Carlos Menem a la cabeza. Alsogaray misma estuvo 21 meses en prisión y sólo quien no habitó una cárcel (así sea por unas horas) puede pensar que eso es poco. Domingo Cavallo, Martín Balza han visto calabozos por dentro.
Claro, dirá el lector, pero todos salieron. No salieron todos, pero sí muchos sumamente conocidos. El efecto de esa suerte de histeriqueo de justicia es letal. La excitación que producen sucesivas detenciones, arrestos fulgurantes es directamente proporcional a la frustración que cunde con las liberaciones, así acontezcan meses o años después. Es imposible probarlo, porque se trata de un contrafactual, pero quizá generar expectativas muy altas, no colmadas, haya sido más funcional a la desilusión que un desempeño más opaco, así hubiera habido menos arrestos y menos presos VIP.

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Contragolpe: La oposición sugiere, o expresa, que Alsogaray fue liberada porque tenía información que podía dañar al Gobierno. O sea, funcionarios actuales que también lo fueron de la administración Menem que cobraron sobresueldos.
En la Rosada se enardecen frente a la especie, pero es del caso apuntar que el Presidente, tan afecto a los gestos fuertes, podría haberles pedido públicamente a quienes integraron anteriores gabinetes peronistas que negaran de modo estentóreo haber recibido pagos extra. En Balcarce 50 cuentan que se lo pidió, de a uno, en forma reservada. Pero no es ése el modo en que Kirchner suele interpelar a los diputados sanjuaninos que aumentan sus dietas, a la Corte, al FMI, a muchos interlocutores políticos. Si el estilo K es exigir transparencia en alta voz, por lo general de cara a un micrófono, valía la pena que se ejercitara en este caso cuando la demanda de transparencia recae sobre la tropa propia.
Más allá de estos detalles, el Gobierno advierte que el malhumor ciudadano lo deteriora e imagina cómo pasar al ataque. Como ya narró este diario, la mesa chica sospecha que la liberación de María Julia fue urdida por la corporación de jueces federales a quienes la ex presa ilustre habría amenazado con dar a conocer que ellos también percibían sobresueldos.
El Gobierno, desde sus albores, pensó avanzar en una seguidilla de juicios políticos contra los federales, tras la ofensiva contra la mayoría automática. Ese deseo, que perdió fuerza con el correr del calendario, ahora resurge. Juan José Galeano transita un juicio político más bien lenteja pero su suerte está echada.
La cuestión sería poner a otros apellidos de la servilleta en pre embarque a la sociedad civil. Candidatos no faltan.
Claudio Bonadío está en la mira desde hace mucho tiempo. Los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA le dieron un empujoncito días atrás cuando le detallaron a la senadora Cristina Fernández de Kirchner cuántos ripios le pone el mencionado pilar de la servilleta a la investigación por encubrimiento que pone en la picota a Carlos Corach (su padrino político) y Hugo Anzorreguy (que fue, vox populi, el mecenas de los federales, amén del manager de muchos).
Rodolfo Canicoba Corral, quien sucedió a Galeano en la investigación principal del atentado, también es cuestionado por cajonear el expediente. En Palacio se cuenta que la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia tiene acopiado un frondoso legajo que, comentan, deja muy mal parado al juez a quien funcionarios de primer nivel también indican como titular de un patrimonio difícil de justificar con sus ingresos legales.

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A no comerse a los caníbales: La liberación de Chabán le cayó indigesta al gobierno nacional y al de la Ciudad Autónoma. Sus integrantes se despegaron, prestos, del discurso público más extendido y simplista que los culpaba por algo que, a simple vista, los perjudica. Pero ese afán, justificable, indujo a muchos funcionarios, abogados en su casi totalidad, a incurrir en gruesos errores y afirmaciones que rozan con la invasión de las facultades de otros poderes.
El Presidente, por caso, no puede dar instrucciones al procurador Esteban Righi, porque éste revista en el Poder Judicial. Algunos laderos presidenciales usaron esa expresión ante las agencias de noticias. Otros enmendaron algo, postulando que Kirchner “le pidió” que apelara. Tampoco debe pedírselo sin invadir competencias, aunque el verbo es más ponderado.
Aníbal Fernández fue imprudente cuando dio por hecho que Chabán intentó profugarse. Su maquinación soslaya principios constitucionales básicos. Un acusado no está obligado a entregarse ni a declarar en su contra. Chabán es un personaje odioso pero estuvo detenido pocas horas después del siniestro, no se alejó de la ciudad ni del país. Es incorrecto decir que se profugó. Quienes conocen al ministro del Interior explican que dio rienda suelta a su bronca, por ver cómo una sentencia desbarataba un trabajo silencioso que viene haciendo desde hace meses. Fernández recibe, sin claque ni compañía, a parientes de los muertos o heridos de Cromañón, los escucha, los contiene, trata de mediar para resolverles problemas concretos. Una tarea laudable, que empero no lo faculta a ser imprudente cuando discurre sobre otros poderes del Estado.
Aníbal Ibarra fue fiscal largo tiempo, lo que hace menos excusable su discurso del viernes. Sus exageradas declaraciones, marcadamente dirigidas a alejar de sí la rabia colectiva, le hacen poco favor a su mejor historia. En el contexto de lo que se está comentando, es un detalle menor, pero valga acotar que es patente que, aunque doble la apuesta, no logrará disipar enojos ni iras.

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Telón lento: Un puñado más de apuntes, a modo de cierre.

- La derecha vernácula se friega las manos. Se cuidan de decir, tout court, “¿vieron lo que pasa si se cumple la Constitución?”, pero rondan inequívocamente el concepto.

- La oposición política avanza unos casilleros, beneficiada por entuertos que resienten al Gobierno, a su partido, a sus aliados. Para tirria oficial, da la impresión de que la más beneficiada es Elisa Carrió por la potencia de su discurso intransigente y su condición de outsider del sistema político. Pero Ricardo López Murphy algo también cosechará. Es improbable que lo merezca quien jamás se dio por enterado del escándalo de las coimas en el Senado, siendo que él era, en esa coyuntura memorable, aliado de Fernando de Santibañes y ministro. Pero a veces la política es así, resultadista.
Cerca del Presidente suelen comentar que brotes de rabia cívica como los de anteayer expresan a la sociedad porteña, al primer cordón del conurbano bonaerense, acaso a parte de alguna otra urbe importante. Aun si así fuera, es de suponer que esta semana lijó la chance electoral del Frente para la Victoria de Capital.

- La gente común no es precisa cuando identifica “libertad durante el proceso” con impunidad o libertad a secas. Pero eso sólo podría señalársele con algún provecho si los juicios tuvieran una duración sensata. El expediente de la AMIA resolvió respecto de unos pocos implicados tras diez años. La causa por venta de armas se va acercando a la adolescencia. La de los sobresueldos, si fuera un varoncito, tendría vello en las piernas.
La demora se asemeja peligrosamente a la denegación de justicia, lo que explica la desesperación de quienes imaginan a los que creen culpables. La demora también incide en la calidad de las pruebas, en la precisión con que se expresan los testigos... la justicia que tarda no es justicia.

- En demasiados casos, las transmisiones de medios audiovisuales del viernes contribuyeron a enardecer a personas de bien que estaban fuera de sí y podían incurrir en conductas poco felices. Los familiares de víctimas tienen una noble tradición, que incluye un formidable sentido institucional. Saben refrenar la voz de la sangre, no buscan justicia por mano propia ni venganza. Si un momento límite exacerba su angustia y su rabia, los comunicadores no están obligados a interferir pero sería constructivo que no azuzaran su ira. Argentina está muy lejos de ser una república y sus autoridades tienen una parte gruesa de culpa pero hay otros actores responsables que deben procurar que la protesta legítima no se salga de cauce.

- Dos presos ilustres que integran el primer decil por ingresos han tenido un tratamiento mejor que otros argentinos menos ricos y famosos. Las diferencias de cuna o de patrimonio no sólo generan discriminación ante la justicia. También se distribuyen mal los ingresos, las posibilidades de futuro, los prestigios, la expectativa de vida. La desigualdad es unarémora atroz central en cualquier escándalo, si se lo mira con atención.

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