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El Gobierno trata de conseguir un paquetito para llevar a Europa

El Presidente quiere partir mañana llevando aprobadas las dos leyes exigidas por el FMI. Atanasof y Matzkin tratarán de convencer al Congreso. Pero sólo parece posible que se vote Quiebras.

 Por Felipe Yapur

Menuda tarea es la que tienen para esta semana el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof y el ministro del Interior, Jorge Matzkin. Ambos deben conseguir que los senadores aprueben la Ley de Quiebras y que los diputados modifiquen la derogación de la Ley de Subversión Económica que les dejó de regalo la Cámara alta en la madrugada del jueves 9 de mayo. Y todo debe estar listo antes de la 18.30 del miércoles, hora en la que Eduardo Duhalde partirá hacia Europa. Pues bien, todo indica que el Presidente –en el mejor de los casos– sólo podrá llevarse bajo el brazo la Ley de Quiebras, porque difícilmente la de Subversión llegue esta semana al recinto.
Luego del escándalo en el Senado con la derogación de la Ley de Subversión (20.840), el Gobierno de la mano de Matzkin, Atanasof e incluso el ministro de Economía, Roberto Lavagna, abrió canales de negociación con los diputados del radicalismo. La intención es lograr una modificación total a la cuestionada norma y dejarla tal como la habían acordado el Ministerio de Economía con los legisladores a principio de la semana pasada. Pero los radicales no están de acuerdo con apoyar el texto original que modificaba la norma, que desvela a banqueros y exige el Fondo Monetario Internacional. Es más, se oponen incluso a su tratamiento durante la sesión del miércoles.
“Hemos decidido que la Comisión de Legislación Penal estudie las modificaciones propuestas y recién después de que se emita dictamen llevar la ley al recinto”, aseguró la radical y presidenta de la comisión, Margarita Stolbizer. Esto, para el gabinete, es una mala noticia. Y lo es porque legisladores del PJ aseguraron ayer que las negociaciones con la UCR estaban “más que avanzadas”. Tan avanzadas estaban para los justicialistas que hasta juraban que los radicales no sólo iban a apoyar la habilitación del tema –que requiere dos tercios de los votos de la Cámara– sino que incluso iban a aportar la misma cantidad de votos para aprobarla “y así evitar cualquier sorpresa en el Senado porque las relaciones están bastante desgastadas”, aseguró un hombre de la mesa de conducción del bloque que preside Humberto Roggero.
“De ninguna manera. No hay nada de eso”, se quejó anoche Stolbizer al ser consultada sobre los avances de la negociación. Lo ocurrido en el Senado endureció la posición de buena parte de los radicales de la Cámara baja donde la disputa interna le complica la vida al catamarqueño Horacio Pernasetti. “Si los delarruistas y provinciales no querían habilitar el tema sin despacho, mucho menos después de lo que hicieron los senadores”, se escuchó en el bloque.
Pero en política nada es tan contundente como parece. Los radicales sostienen que lo único que podría hacerlos cambiar de opinión es que el PJ vote su proyecto que endurece las pena y mantiene el carácter “culposo” del delito. Por ahora, el oficialismo ofreció acordar con eliminar la palabra “fraudulentamente” que transformaba el delito en doloso y más complicado a la hora de comprobarlo. Para la UCR eso no es suficiente.
Los justicialistas confían entonces en los buenos oficios de Matzkin y Atanasof, quienes hoy irán a la Cámara baja donde tienen planeado encontrarse con los hombres de la UCR. Pero antes, los ministros, y hasta no hace mucho legisladores, deberán solucionar otro problema importante: la desgastada relación entre los bloques del PJ de ambas Cámaras.
Tras la derogación de la 20.840, los diputados del PJ se enojaron mucho con sus colegas del Senado. Las declaraciones fueron muy duras, incluso algunos soslayaron la posibilidad de que el resultado de aquella sesión se debía a la existencia de soborno. El cortocircuito no se hizo esperar. Un grupo de senadores, entre los que se encontraban Carlos Verna, Oscar Lamberto y Ramón Puerta, planteó la posibilidad de no sancionar la Ley de Quiebras en represalia a la actitud de sus compañeros de Diputados. Laúnica posibilidad de que ello no ocurra es que medie una retractación pública “de sus ofensivas declaraciones”.
La reunión se realizará en el amplio despacho de la presidencia de la Cámara baja que ocupa el duhaldista Eduardo Camaño. Ayer, por caso, ya comenzaron a escucharse desmentidas sobre los dichos de supuestas coimas en la Cámara alta. El argumento para rechazarlas fue que se trataron de simples “operaciones internas”. Entre tanto, la conducción del bloque de senadores está trabajando en la posibilidad de “abrir un paraguas de contención” donde caben “la ratificación del CER, la suspensión del impuesto para importar gasoil y la Ley de Quiebras”. Esto, en teoría, le permitirá a Duhalde tener el miércoles la primera de las dos leyes que le exige el FMI. Pero claro, antes se tendrán que hacer públicas las retractaciones.

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Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados, será el encargado de operar un acuerdo.
 
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