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El Plan Social del Gobierno movilizará, de aquí a fin de año, un presupuesto de mil cuatrocientos millones de pesos. Tendrá el padrón de beneficiarios más alto en materia de subsidios, con un millón doscientos mil jefes de hogar ya inscriptos, a los que se planea agregar una franja de desocupados jóvenes y otra de ancianos sin cobertura. Abrirá a la vez la posibilidad de utilizar esos mil cuatrocientos millones de pesos (o el trabajo de su millón de beneficiarios) para auxiliar a empresas en problemas o desarrollar emprendimientos productivos. De estas tres cuestiones –el manejo de los fondos, el control de los beneficiarios, la decisión de cómo utilizar ambos elementos– se ocupará el Consejo Nacional conformado ayer en la Casa Rosada con representantes de los sectores productivo, financiero, social y estatal.
Si es por controlar, el organismo nace con la desprolijidad de entrar en funciones cuando el grueso de los recursos ya está asignado. La semana pasada un millón 50 mil personas obtuvieron el visto bueno para recibir el seguro, mientras que un conjunto importante de solicitantes (según Chiche Duhalde 140 mil, de acuerdo los piqueteros el doble) quedó fuera del Plan con rechazos definitivos u observaciones sujetas a revisión.
En el Ejecutivo rescatan, en contraposición, la decisión de ceder su mayoría dentro del nuevo Consejo. De sus 15 integrantes, sólo tres serán representantes del gobierno . El resto pertenece a sectores con intereses diversos: el agrícola (Marcelo Fielder, de la Sociedad Rural), el manufacturero (Rodolfo Rastellino, de la Unión Industrial) y el petrolero, que aportarán fondos para financiar el plan a través de las retenciones a la exportación. Cáritas, AMIA y el Consejo Evangélico, con un trabajo históricamente vinculado al área social. La CGT dialoguista, que designó a Domingo Petrecca, hombre de Luis Barrionuevo y ex directivo del PAMI en los tiempos de Víctor Alderete. Los bancos, que participan del plan social no cobrando las comisiones por el pago de los subsidios. La Federación Argentina de Municipios, el Foro Social y dos organizaciones piqueteras: la Federación de Tierra y Vivienda de Luis D’Elía y los desocupados de la Corriente Clasista y Combativa, que conduce Juan Carlos Alderete.
La presentación del Organismo de Ejecución y Control se realizó en el Salón Norte de la Casa de Gobierno, en un acto que presidió Eduardo Duhalde acompañado por integrantes de la Mesa del Diálogo, donde nació la iniciativa. En los breves discursos del lanzamiento, el campo dejó sentada su postura en tono de queja: “Consideramos que las retenciones son un exceso, pero vamos a colaborar con el programa destinado a enfrentar el problema que sufre la mitad de los argentinos”, dijo Fielder, el representante de la Sociedad Rural.
Los piqueteros anunciaron a su vez nuevas medidas de fuerza (ver aparte). El representante de las Naciones Unidas en el Diálogo Argentino, Carmelo Angulo, destacó que el esquema del Plan Social permitirá centrarse sobre tres ejes: “eficiencia, transparencia y control social”. Todavía no está claro cual será el mecanismo de trabajo del Consejo Nacional. Sus integrantes mencionaban ayer como temas inmediatos los pedidos de las empresas interesadas en beneficiarse con el Plan para Jefes y Jefas de Hogar Desocupados y los reclamos de los solicitantes observados.