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Son la prueba fundamental contra el comisario Alfredo Fanchiotti y su chofer, el cabo Alejandro Acosta: dos reconstrucciones de la Asesoría Pericial de La Plata que muestran cómo ocurrieron las muertes de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. En ellas, los peritos rearmaron, apoyándose en las imágenes tomadas durante la represión, las secuencias en las que los acusados dispararon contra los manifestantes.
Las pericias fueron realizadas durante la etapa de instrucción de la causa judicial, y todavía no se mostraron en las audiencias orales. Se estima que sus autores –el experto en balística Roberto Cejas y el especialista planimétrico Alfredo Gardes– las explicarán en agosto.
Son importantes para probar judicialmente la autoría material de los homicidios, ya que despejan toda posibilidad de que contra Kosteki o Santillán hayan hecho fuego terceros. Que existieran dudas en este sentido –por ejemplo, la posibilidad de que hubieran actuado francotiradores, otros policías o prefectos– hubiera diluido la responsabilidad del comisario y su chofer.
El juicio oral lleva cuarenta días. Es poco tiempo, aunque el suficiente para comprobar que no hay que esperar colaboración con la Justicia por parte de las fuerzas de seguridad que participaron del operativo. La mayor parte de los testigos en este mes y pico fueron policías y todos pasaron frente al Tribunal Oral 7 con la misma falta de memoria. Apenas se sientan a declarar –aunque no lo hagan como simples testigos– se muestran ansiosos por decir que desconocen si hubo órdenes y que no tuvieron nada que ver con la represión.
El comisario Néstor Benedetti, uno de los jefes de peso en el lugar de los hechos, inauguró la lista: “Yo era nuevo en la comisaría (...). Fui al puente sólo por si podía colaborar con algo, para hacer imagen policial. Estuve ayudando a desviar el tránsito (...). Cuando comenzaron los incidentes me crucé de vereda porque andaba sin casco (...). Me mantuve siempre lejos, ya que tiraban piedras, no quería que un bulón me pegara en la cabeza y me matara”, dijo en una de las primeras audiencias. Y en esa línea siguieron todos los demás. El entonces subjefe de la Policía Bonaerense, Edgardo Beltracchi, sostuvo que siguió la represión por televisión –él no tuvo nada que ver–. Los policías de menor rango han argumentado que no saben nada ni vieron lo que sucedió por los gases lacrimógenos e incluso que el casco les dificultaba la visión.
Lo mismo con las órdenes, lo que pone en evidencia el nivel de compromiso institucional con el encubrimiento. Cuando comenzó el juicio, había cierta expectativa en lo que pudiera declarar Acosta, el coacusado de Fanchiotti: el cabo había esbozado que iba a hablar de ellas, pero luego no lo hizo, y tampoco los policías citados como testigos. El discurso que llevan a la sala de audiencias es el de la teoría oficial, que sostiene que la represión que dejó 33 heridos con balas de plomo y provocó que Eduardo Duhalde llamara a elecciones presidenciales anticipadas fue un episodio de mero exceso policial. Si no hubiera imágenes de lo ocurrido sería incluso complejo probar la responsabilidad de Fanchiotti y Acosta.
La reconstrucción de la muerte de Darío Santillán fue realizada en base a las fotografías tomadas por Mariano Espinosa y Pepe Mateos, una filmación de ATC, los datos de la autopsia y del relevamiento en el lugar. Los peritos concluyeron que fue el cabo Acosta quien le disparó. Aunque no hay una imagen de ese momento, sí quedaron registrados los anteriores y posteriores. Para los peritos, Fanchiotti corrió delante de Darío Santillán, persiguiendo a otro manifestante, y por lo tanto no pudo haber sido quien lo hirió.
En el caso de Kosteki, en cambio, el comisario sí está ubicado en la línea de tiro. La reconstrucción utilizó un video de Crónica TV y otro de ATC y estableció que los acusados estaban a una distancia de 80 metros de él. El trabajo de análisis se completó con otras dos pericias, que midieron el poder letal de la escopeta de Fanchiotti (se demostró que incluso a una distancia superior a los 100 metros puede matar) y un estudio del audio de las filmaciones. Este último, cruzado con las imágenes, descarta que haya habido otros tiradores.
El comisario y su chofer están siendo juzgados bajo la acusación de que ambos fueron igualmente responsables de las dos muertes y de siete tentativas de homicidio. Para la fiscalía y los querellantes, siguieron un plan común, el de matar a los manifestantes. ¿Por qué lo sostienen? Porque cuando Fanchiotti disparaba, Acosta juntaba las vainas, y viceversa. Sabían que estaban usando munición de plomo. El criterio de la acusación es similar al que se usaría para juzgar a un pelotón de fusilamiento: más allá de dónde salió la bala letal, todos los integrantes del pelotón son responsables de la muerte.
En la sala de audiencias, el comisario y su antiguo chofer no se hablan. Sentados a dos metros de distancia, evitan incluso mirarse. No es un secreto para nadie que están enfrentados. Aunque se sabía de la pelea que existe entre los dos acusados, fue una sorpresa ver cómo ese malestar se tradujo en una guerra fría entre sus defensores. Basta que el abogado de Fanchiotti, Amílcar Chiodo, pida una medida para que el defensor oficial de Acosta, Daniel Vaca Paunero, opine lo contrario.
El defensor de Acosta coincide con los querellantes en que hay que subir en la cadena de responsabilidades. “No hay que mirar sólo las muertes de Kosteki y Santillán. Lo que hay que hacer es unir todos los hechos de ese día, porque eso nos va a dar un contexto sobre lo que realmente ocurrió”, dice. En este proceso sólo está analizando un fragmento de la represión que dejó 33 heridos con balas de plomo y dos muertos e incluyó el allanamiento ilegal de un partido político, Izquierda Unida.
Junto a Fanchiotti y Acosta hay otros cinco ex policías acusados de encubrimiento agravado. Se trata de Carlos Quevedo y Lorenzo Colman, imputados de haber presenciado el asesinato de Darío Santillán y limpiado las evidencias. Por la misma figura penal deben responder Mario de la Fuente, Gastón Sierra y el comisario Osvaldo Vega. El octavo procesado es Francisco Robledo, un policía retirado que actuó en la represión.
El tribunal integrado por los jueces Elisa Moyano, Roberto Lugones y Jorge Roldán habilitó la posibilidad de que se juzgue si estos policías fueron partícipes secundarios de los homicidios. La medida había sido pedida por los querellantes. Los acusados, señaló el abogado Claudio Pandolfi, “dieron a Fanchiotti y Acosta ayuda antes, durante y después” de los asesinatos, moviéndose como una patota a las órdenes del comisario.
El comisario Vega, de todo el grupo el único superior de Fanchiotti, tampoco mantiene trato con los otros imputados. Fanchiotti ha descargado culpas sobre él, y de ascender en la cadena de mandos, sería el primer eslabón en quedar comprometido. En el tribunal, Vega se mantiene apartado de los demás, y aunque presencia todas las audiencias –podría no hacerlo, ya que no está detenido– sólo interviene cuando alguna declaración lo responsabiliza.
¿Se va a subir por encima de los autores materiales? En estos tres años no se ha avanzado en ese sentido, aunque existían suficientes indicios para hacerlo. La protesta del 26 de junio del 2002 –que se convocó en reclamo del aumento de los planes de empleo, la universalización de los subsidios y el desprocesamiento de los luchadores sociales– fue una movilización de un extenso conjunto de organizaciones opositoras a la gestión de Eduardo Duhalde. Eran meses en que los reclamos sumaban a desocupados y asambleas barriales, y en los días previos a su realización el Gobierno expresó claramente su intención de ponerles un límite.
El entonces secretario de Seguridad, Juan José Alvarez, dispuso por primera vez frente a una protesta social el despliegue coordinado de todaslas fuerzas de seguridad. El operativo diseñado por él sumó a la Policía Federal, la Prefectura, Gendarmería y la Bonaerense.
Esa mañana, cuando los manifestantes comenzaron a llegar al puente Pueyrredón, Alvarez no se mantuvo ajeno al operativo. Por el contrario, permaneció en su despacho, siguiendo lo que pasaba, como también lo hacía en el Ministerio de Seguridad bonaerense su par Luis Genoud. Duhalde, Alvarez y Genoud están citados a declarar para el 7 de julio. Nadie espera que se autoinculpen reconociendo haber dado una orden, pero tendrán que responder a los abogados de la querella por qué una vez desatada la represión, que se extendió durante más de una hora, no hicieron nada para frenarla.
En el expediente judicial hay otros elementos que pasarán entonces a un primer plano. Mientras se desarrollaba el operativo, Fanchiotti estuvo en contacto telefónico con la Secretaría de Inteligencia del Estado. La SIDE había hecho circular en los días previos a la movilización un informe que mostraba a los piqueteros como a una suerte de nuevos guerrilleros urbanos que estaban a un paso de derrocar al Gobierno. Después de la masacre, ese informe fue usado por el Gobierno para estigmatizar a los manifestantes, acusándolos de haber complotado contra la democracia. Ese documento es parte de la prueba pedida a la SIDE, que el actual Gobierno dispuso desarchivar, pero que todavía no ha sido entregada al tribunal.
Además de los funcionarios mencionados están citados Alfredo Atanasoff (era el jefe de Gabinete, y anticipó en declaraciones públicas que el Gobierno no permitiría el corte del puente), Horacio Jaunarena (Defensa), Carlos Soria (titular de la SIDE) y Oscar Rodríguez (segundo de esa secretaría). El 11 de julio deberán declarar Néstor Kirchner, Felipe Solá, el ex ministro de Justicia Jorge Vanossi y el interior Jorge Matzkin.
Todos van a ser interrogados en calidad de testigos. El juicio, que se inició acotado a los policías, seguirá estando restringido a ellos. Pero tal vez –esa es la apuesta de los querellantes– sirva para establecer judicialmente la necesidad de que la investigación continúe y ascienda.
Para la organización en la que militaba Darío Santillán, que hoy lleva su nombre, la dimensión política de este aniversario “no surge de los Tribunales donde se realiza el juicio, sino que va a expresarse en las actividades” con las que hoy –con un acto central en el puente Pueyrredón y en diferentes puntos del país– se van “a repudiar los hechos y a exigir el fin de la impunidad”. También a plantear la continuidad de los reclamos que motivaron la jornada del 26 de junio del 2002. “Para nosotros existe una ostensible continuidad, en la Argentina de Néstor Kirchner, respecto de la situación estructural y de las políticas de gobierno de la etapa en la que su aliado Eduardo Duhalde era el máximo responsable del Estado”, señaló Pablo Solana, vocero del Frente Darío Santillán. Ese será el punto central del documento unitario que las organizaciones sociales de desocupados y partidos políticos que hoy irán al puente Pueyrredón leerán al mediodía, cuando se cumplan tres años de la masacre. Los desocupados recordarán también que ninguno de los reclamos por los que se hizo aquella manifestación tuvieron respuesta. Los planes de empleo siguen congelados en 150 pesos, su asignación nunca se universalizó y el desprocesamiento de quienes tienen causas judiciales abiertas por haber manifestado en reclamo de trabajo sigue pendiente.