EL PAIS › LA JUSTICIA CITO A CUATRO OFICIALES Y A DIRECTIVOS
DE EMPRESAS POR HABILITACIONES IRREGULARES

A algunos bomberos les cortaron el chorro

En una causa conexa al caso Cromañón, el juez imputó a oficiales de Bomberos de la Federal y a los responsables de dos empresas dedicadas a seguridad contra incendios. Los indagará en agosto por su presunta participación en un circuito irregular de habilitaciones de boliches. Las empresas pertenecen a familiares o amigos de los bomberos.

 Por Carlos Rodríguez

Cuatro ex jefes de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal que fueron pasados a disponibilidad preventiva y cinco directivos de empresas dedicadas al asesoramiento en temas vinculados con la seguridad contra incendios prestarán declaración, como imputados, en una causa conexa a la investigación por el incendio en Cromañón, que produjo 194 muertes. Lo que investiga el juez Julio Lucini es la presunta connivencia entre los funcionarios públicos y esas empresas, algunas de las cuales eran propiedad de familiares de los mismos jefes de bomberos, para montar un circuito irregular de habilitaciones a boliches y locales de espectáculos públicos. En esta causa es investigado, como presunto gestor de certificados de habilitaciones de bomberos, el defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad, Atilio Alimena, quien en diálogo con Página/12, negó ayer en forma terminante haber cumplido esa tarea para el boliche bailable The Place (ver nota aparte) en el año 1998, cuando no estaba en la función pública. Las empresas investigadas son Baipex y Bausis, una de las cuales sería propiedad de Viviana Vigne, esposa del oficial principal Marcelo Nodar, uno de los ex jefes de la Superintendencia de Bomberos.
Además de Nodar serán indagados, desde el 4 de agosto próximo, el ex jefe de la División Prevención de la Superintendencia de Bomberos, comisario Alberto Conrado Corbellini, y los oficiales Gustavo Bravo y Marcelo Esnok. Los otros citados son los empresarios Viviana Vigne, Rubén y María Alejandra Fuertes, Luis Perucca y Gabriela Lindqvist. Sobre la situación de Alimena, tanto el defensor adjunto como una fuente allegada a la parte denunciante en la causa, le dijeron a este diario que “todavía no hay una acusación formal en su contra”. Allegados a la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin, quien fue la que hizo la denuncia contra Alimena, admitieron que “todavía no hay nada concreto en contra de Alimena, que está siendo investigado porque en algunos papeles que certificarían un reparto de dinero aparecen las iniciales ‘A.A.’, que coinciden con las del defensor adjunto; por ahora eso sería todo”.
El lunes se dijo que los dueños del boliche bailable The Place habrían declarado, ante Lucini, que Alimena fue gestor, en el año 1998, cuando todavía no era defensor del Pueblo de la Ciudad, de un certificado de habilitación contra incendios extendido por la Superintendencia de Bomberos. De ser cierto eso, el funcionario habría incurrido en una gestión incompatible con su actual función. Alimena (ver aparte) confirmó que tuvo relación laboral con ese local bailable, pero “sólo como arquitecto” y aseguró que tiene documentación que refrendaría sus dichos. La fuente allegada a la denuncia aseguró que en estos momentos “la causa está desarrollándose en secreto y ni siquiera los abogados defensores de los imputados tienen acceso a ella”.
El vocero reconoció que, por trascendidos, supo que en el mismo expediente están mencionados también los ex funcionarios Ana María Fernández, ex adjunta de la Dirección General de Fiscalización y Control, y Rodrigo Cozzani, ex jefe del área de inspección. “En el caso de Fernández y Cozzani, se los menciona porque figuran en anotaciones que aparecen en las agendas de algunos de los jefes de Bomberos, pero igual que en el caso de Alimena, todavía no hay acusación concreta y sólo están siendo investigados”. Todo indica que el juez Lucini, con las indagatorias que comenzarán en agosto, más una serie de documentos que están siendo analizados, trata de reunir información tendiente a determinar si existen razones para citar con posterioridad, bajo algún cargo, a los nombrados.
Lucini ha realizado más de veinte allanamientos en oficinas y domicilios particulares de los propietarios de las empresas Baipex y Bausis. En esos operativos fueron secuestrados más de 200 diskettes que ahora están siendo analizados para determinar si existía un círculo irregular de habilitaciones del que participaban los ex jefes de la Superintendencia de Bomberos y los directivos de las empresas. Para la defensa de Fiszbin, desacreditar a Alimena tiene vital importancia, dado que un informe del defensor del Pueblo, previo al incendio en Cromañón, había anticipado la posibilidad de que ocurriera un desastre de esas características.
“Si Alimena tenía una relación incompatible con su función, Fiszbin demostraría que dijo la verdad al acusarlo y eso sería un punto a su favor, porque se caería buena parte de la prueba en su contra”, estimó una fuente cercana a la ex funcionaria. Como contrapartida, un allegado a Alimena interpretó que “aunque sería lamentable por el descrédito que significaría para la labor de la Defensoría, por más que fuera cierta la acusación contra Alimena, eso no le quita valor al informe sobre la falta de habilitación de la mayoría de los locales bailables; eso está probado más allá de la situación de Alimena”.
En esta causa anexa al expediente madre por el incendio en Cromañón, lo que se investiga es si personas relacionadas familiar o socialmente con los bomberos constituyeron empresas dedicadas al asesoramiento sobre la infraestructura necesaria para la habilitación de locales nocturnos. La sospecha es que se trataría de una suerte de negocio conjunto, que podría haber permitido la obtención de importantes ganancias, no solo por el costo del “asesoramiento” sino por la existencia de pagos “extras” para acelerar el trámite o eludir las normas vigentes.
Lucini tiene algunos elementos que indican que cuando el propietario de un local iniciaba los trámites de una habilitación, los bomberos le daban una primera noción sobre los elementos que eran imprescindibles y luego lo derivaban a las empresas de asesoramiento con las que ellos mantenían lazos familiares o de amistad, que les reportaban importantes ganancias. El delito que se les imputa, en principio, es el de “negociaciones incompatibles con la función pública”. Es una causa ajena a la de Cromañón y que tiene su propia entidad.
De todas maneras, como en el boliche incendiado también se investigan supuestas irregularidades en los controles, la comprobación de un circuito irregular en las habilitaciones que pasaban por la Superintendencia de Bomberos serviría para corroborar la existencia de una metodología ilegal y esto reforzaría la acusación en la causa madre. La denuncia inicial en esta causa anexa fue realizada por Fabiana Fiszbin, quien está procesada por 193 homicidios culposos. En su defensa, ante la acusación realizada en su contra por Alimena, la ex funcionaria sostuvo que el defensor adjunto tenía intereses particulares por su vinculación con las empresas dedicadas al asesoramiento en materia de seguridad contra incendios.
La rueda de indagatorias será abierta el 4 de agosto por Rubén y María Alejandra Fuertes, y finalizará el 10 de ese mes, con la declaración como imputado del comisario Alberto Corbellini.

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La sospecha del juez es que se trataría de una suerte de negocio que podría haber permitido la obtención de importantes ganancias.
 
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