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La causa de Hidrovía es uno de los casos emblemáticos con los que el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Abel Fleitas, ejemplificó que los actos de corrupción en organismos del Estado van siempre acompañados de empresas y empresarios que participan y se benefician con esos hechos. Por esta causa el ex ministro de Economía Roque Fernández y otros 14 ex funcionarios menemistas deberán desfilar –entre este mes y febrero– por el despacho del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que investiga una defraudación al Estado de 351 millones de dólares en una privatización realizada en el ’95. Todos ellos están acusados por la OA de armar una “licitación a medida” para beneficiar al consorcio Hidrovía –integrado por la belga Jan De Nul y la vernácula Emepa SA–, en la adjudicación del dragado y balizamiento del canal Emilio Mitre desde el Río de la Plata hasta el puerto de Santa Fe, cuya concesión hasta el 2013 le permitirá embolsar a la compañía privada 1529 millones de dólares (820 millones por el cobro de peaje fluvial y 709 por subsidios estatales).
“El Estado, que pagó un subsidio multimillonario a la empresa (Hidrovía), que le asignó los recursos para trabajar, que la benefició indebidamente al adjudicarle el negocio violando los pliegos (de la licitación), además de todo ello, asumió las responsabilidades ajenas (millonarias reparaciones de Dragas), como si fueran propias”, afirma la presentación realizada ante el juez por la OA. El organismo fue reconocido como querellante en marzo de este año por la Sala II de la Cámara Federal, que también le ordenó al juez que reabriera la causa que ya había archivado (como adelantó Página/12).
Hidrovía también embolsó una indemnización de 21 millones de dólares “por presunto incumplimiento” del oferente (el Estado) en la entrega de equipos y otros 10 millones de dólares por la reparación de una draga suministrada por el Estado. A apenas 36 meses de empezar a operar la concesión por diez años (que vencía en 2005), se le prorrogó la adjudicación hasta el 2013, con un resarcimiento más de parte del Estado: otros 362 millones de dólares en subsidios.
Canicoba tomará indagatoria a Fernández, quien firmó el contrato de adjudicación como ministro; al entonces secretario nacional de Transporte Edmundo del Valle Soria; el ex subsecretario de Puerto y Vías Navegables Rafael Cornejo y el ex director nacional del área Jesús González. Más los integrantes de la Comisión Técnica Asesora creada para evaluar a los oferentes de la licitación y seleccionar al adjudicatario: Gualberto Venecia, Alberto Vidal, Diego Pinkler, Miguel Gallardo, Guillermo López del Punta, César Bogado, Marcelo Seillant, Julio Lucca, Daniel Tafalla y Jorge Fernando Cabrera. Durante su presidencia, Eduardo Duhalde también le dolarizó la tarifa por fuera de la Comisión de Renegociación de los Contratos de Servicios Públicos, a pesar de que su contrato de concesión no tenía cláusula de ajuste en moneda extranjera.