EL PAIS

Historia de amor, odios y siempre de mucho ajuste

Argentina se afilió al FMI en 1956, luego del derrocamiento de Perón. Más de 20 planes se firmaron desde entonces, con el resultado de decadencia conocido.

 Por Fernando Krakowiak

La decisión anunciada por el presidente Kirchner de cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional para lograr la “independencia económica” marca el fin de una relación conflictiva que lleva casi 50 años. Argentina ingresó al organismo en 1956 por consejo del economista Raúl Prebisch luego de que la Revolución Libertadora derrocara al presidente Juan Domingo Perón. A partir de entonces, los planes de estabilización –luego llamados de ajuste– fueron una marca registrada a través de los cuales se expresaron las exigencias impuestas por el organismo para poder acceder a sus créditos.
El presidente Arturo Frondizi fue el primero en pedirle ayuda al Fondo en diciembre de 1958 para intentar equilibrar la balanza de pagos y sentar las bases de su plan de desarrollo. Para ganarse la confianza del organismo, designó a Alvaro Alsogaray en el Ministerio de Economía quien se encargó de recortar el gasto público, poner fin a las restricciones a las importaciones, eliminar los controles de precios, congelar los salarios y liberar el dólar. Como consecuencia de esas medidas, en 1959 el salario real cayó 23 por ciento y la participación de los trabajadores en el ingresó se redujo del 44,4 al 37,7 por ciento.
Los primeros conflictos con el organismo surgieron durante la presidencia de Arturo Illia, luego de la crisis económica de 1962-63. La defensa de la industria nacional y el mayor intervencionismo ejercido por la Unión Cívica Radical del Pueblo generó cortocircuitos con las ideas liberales del Fondo, pero el golpe militar de Juan Carlos Onganía puso fin a las disidencias internas y disciplinó al país con los intereses de la “comunidad internacional”. Su ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena volvió a implementar un plan de estabilización que abrió las puertas a la inversión extranjera y la relación con el Fondo se fortaleció. La administración peronista que llegó al poder en 1973 cuestionaba la permanencia argentina en el FMI, pero mantuvo relaciones y luego de ese interregno la dictadura de Videla firmó un nuevo acuerdo para recomponer reservas y sostener el plan de estabilización. La receta volvió a repetirse: congelamiento de salarios, liberalización de precios, apertura de la economía y desregulación del sistema financiero.
Uno de los últimos choques se produjo con la vuelta de la democracia, cuando el ministro de Economía Bernardo Grinspun desafió al organismo negándose a firmar un acuerdo stand by y queriendo imponer sus condiciones en la negociación luego de la crisis de la deuda. Sin embargo, la irreverencia le costó el puesto. En los 90 la relación con el Fondo se fortaleció. Con el Plan de Convertibilidad y la apertura económica Argentina se convirtió en un ejemplo para los burócratas de Washington a punto tal que el 10 de octubre de 1998 Michel Camdessus, director gerente del organismo, afirmó que “el mejor presidente de los últimos 50 años es Carlos Menem”.
Ese apoyo incondicional a la convertibilidad, expresada en créditos millonarios que prolongaron la agonía del 1 a 1, fue duramente criticado por el presidente Kirchner, quien también cuestionó la falta de acción del organismo luego del default en un documento elaborado en julio de 2004 por el Ministerio de Economía donde se afirma que “durante el transcurso del crítico año 2002, el organismo incurrió en una severa equivocación en el diagnóstico de la crisis, lo que lo llevó a cometer gruesos errores de pronóstico y recomendaciones de política inadecuada. Asimismo, y ya con más visión de futuro, resulta altamente cuestionable que el FMI imponga condicionalidades estructurales en sus programas”. En el documento seagregaba luego que “el cuerpo técnico del Fondo no parece estar totalmente preparado para hacer frente a una situación en la cual una crisis de gran magnitud haya estallado y, por lo tanto, parecería necesario dar mayor margen de acción a las autoridades nacionales para formular e implementar las medidas de política económica necesarias para paliar la situación”. El anuncio de ayer busca concretar ese objetivo de manera definitiva.

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