EL PAIS › EL GOBIERNO RESCINDIO EL CONTRATO CON AGUAS ARGENTINAS Y REESTATIZO EL SERVICIO

Concesión que se fue por el caño

Néstor Kirchner firmó de manera sorpresiva dos decretos de necesidad y urgencia para anular el contrato con Aguas Argentinas y disponer en su reemplazo una nueva compañía estatal, denominada AYSA. Designó como presidente a Carlos Ben, vinculado al sindicalista José Luis Lingeri.

 Por David Cufré

La concesión de agua y cloacas más grande del mundo terminó. La empresa que nació bajo el menemismo, que tuvo a María Julia Alsogaray como hada madrina, ya no existirá más. Después de una larga pelea, de idas y vueltas –Néstor Kirchner llegó a ponerla como ejemplo ante las demás privatizadas–, el Gobierno decretó ayer la rescisión del contrato con Aguas Argentinas y dispuso que en su lugar opere una nueva compañía estatal, denominada Aguas y Saneamiento Argentinos (AYSA). La decisión se tomó luego de fracasar la última de las negociaciones en marcha para transferir la empresa a otro operador privado, en este caso el grupo Eurnekian.

Suez, controlante de Aguas Argentinas, ya había anunciado su voluntad de abandonar el servicio a fines de septiembre pasado, responsabilizando al Estado por esa situación, pero todavía no le había puesto fecha a su salida. El ministro de Planificación, Julio De Vido, diseñó la operación de reestatización, en acuerdo con el titular del gremio de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri. De hecho, Carlos Ben, socio político del sindicalista, ex menemista como él y hasta ahora directivo de Suez, fue designado como primer presidente de AYSA.

“Sería un acto de irresponsabilidad de la Nación” dejar que Aguas Argentinas continúe atendiendo a los once millones de usuarios de la Capital Federal y el conurbano bonaerense, sentenció De Vido al dar a conocer la noticia. Fue ayer a la mañana, tras una reunión con Néstor Kirchner. El ministro se presentó ante la prensa en Casa Rosada y dijo que el Gobierno decidió rescindir el contrato “por culpa del concesionario”. Esto invalida, según la posición del Poder Ejecutivo, cualquier reparación económica. La empresa contestó más tarde que rechazaba los argumentos del Gobierno y dejó entrever que iniciará un juicio por reparación, aunque aún no lo planteó abiertamente.

El argumento oficial para decidir la anulación unilateral del contrato fue que la empresa puso en “peligro potencial” a la sociedad por distribuir aguas contaminadas. Los afectados son más de 800 mil personas de los partidos bonaerenses de La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes y Almirante Brown. El hecho fue admitido a principios del verano por la propia concesionaria, que recomendó a través de las facturas el no consumo de agua para embarazadas e infantes.

El problema con esa agua es que rebasa los niveles de nitratos permitidos para el consumo. Y esto se produjo porque la empresa necesitó activar pozos de reserva para lograr mayor presión de agua, a fin de cumplir con el abastecimiento a los usuarios de esas zonas. El Gobierno sostiene que se llegó a esa situación porque la empresa incumplió con las inversiones comprometidas para mejorar el suministro. De Vido anunció obras por 400 millones de pesos con dinero público para resolver la crisis.

“La empresa no puede continuar al frente del servicio de provisión de agua”, insistió el ministro. “El Estado debe proteger de manera prioritaria a los más indefensos frente a los abusos de la compañía”, agregó. El desplazamiento de Aguas Argentinas y la creación de AYSA se resolvieron mediante dos decretos de necesidad y urgencia, el 303 y el 304. En esta última norma se garantiza la continuidad del personal de Aguas Argentinas y se dispone que la nueva empresa estatal tendrá cinco directores. Por ahora, el único designado es Ben. El Gobierno buscó darle mayor fortaleza legal y política a su decisión y remitió los decretos al Congreso para su ratificación.

AYSA es una compañía que operará bajo la forma de una sociedad anónima. Esto es para “agilizar su funcionamiento”, según explicó un funcionario de Planificación a Página/12. Otros especialistas advirtieron que de ese modo no estará obligada a realizar licitaciones públicas para efectuar sus compras y contrataciones. El Estado retendrá el 90 por ciento de la empresa, mientras que el 10 por ciento restante seguirá en manos de los trabajadores bajo el Programa de Propiedad Participada (PPP). “La empresa hoy es estatal, mañana veremos”, dijo De Vido, quien no quiso avanzar más en este punto. Funcionarios de su confianza señalaron a este diario que el Gobierno tenía toda la intención de transferir el servicio a un operador privado, pero ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los interesados decidió la reestatización. También dijeron que no está prevista la subdivisión de la compañía.

Esta última decisión sería una concesión a Lingeri, quien retendría así mayor poder con un gremio unificado. El sindicalista pasó del menemismo al kirchnerismo luego de convertirse en el número dos de la CGT de Hugo Moyano. Ben, un abogado platense que fue funcionario de Obras Sanitarias y desempeñó un papel importante en favor de la privatización en 1993, fue siempre su socio político. El primer presidente de AYSA era hasta ayer el director general adjunto de Aguas Argentinas. Es decir, era un alto ejecutivo designado por Suez, la compañía francesa con la que tanto peleó el Gobierno.

Suez bloqueó las posibilidades de una transferencia de Aguas Argentinas a otra empresa porque se negó a desistir de su demanda ante el Ciadi (tribunal del Banco Mundial) por 1700 millones de dólares y porque quería que el comprador o el Estado asumieran su deuda de más de 450 millones de dólares. El Gobierno optó por otro camino.

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Julio De Vido diseñó la reestatización en sintonía con el sindicalista José Luis Lingeri.
 
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