La renovación de la política militar, que apunta a fortalecer las estructuras civiles, sumó ayer un nuevo capítulo. La ministra de Defensa, Nilda Garré, sustituyó el sistema de enlace de su cartera con el Poder Legislativo que estaba vigente. Tras la resolución 529/06, los oficiales que se encargaban de mantener un vínculo institucional con el Congreso, en representación de las Fuerzas Armadas, y que habían sido nombrados por los jefes de Estado Mayores Generales de las tres armas, serán reemplazados por funcionarios elegidos por el Ministerio de Defensa. Las personas que ocupen esas funciones –el rol de enlace ante la cámara de Senadores y Diputados de la Nación– serán propuestas por la Subsecretaría de Asuntos Técnicos Militares. A estos individuos, que se presume serán civiles especialistas, se les asignará un militar que será propuesto por el Estado Mayor Conjunto de las tres fuerzas.

Hasta ayer, el Ejército, la Marina y la Aeronáutica contaban con oficiales que realizaban tareas de enlace con los dos cuerpos del Congreso. El cambio dispuesto por Garré forma parte del proyecto oficial que consiste en fortalecer la conducción civil del Ministerio de Defensa, en detrimento de las jefaturas de cada fuerza, cuyo poder será recortado. Los cambios de funciones irán más allá de lo burocrático. También se aplicará en la administración del presupuesto que el Estado asigna a las Fuerzas Armadas. Más allá de lo que se gaste en sueldos, retiros y seguros –que equivale a la mayor parte de las asignaciones–, el resto será administrado exclusivamente por la autoridad civil de la cartera.

Aparte de los cambios en la competencia y de organigrama, la ministra Garré participó ayer de la clausura de un curso de especialización sobre derechos humanos que congregó a militares de Colombia, Perú, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Chile y Paraguay. En la exposición participó la ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay, quien explicó cómo es el funcionamiento de las nuevas instituciones del derecho penal internacional, como la Corte Penal de La Haya. También se analizó cómo funciona el sistema penal militar y el régimen disciplinario desde una perspectiva histórica. Ese tema fue abordado por el secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Alejandro Slokar.