EL PAíS

Un respiro

 Por Horacio Verbitsky

Escena 1: el policía mata en forma alevosa frente a media docena de cámaras.
Escena 2: ante los mismos medios que registraron la escena anterior miente que ni él ni sus tropas estuvieron en el lugar del crimen ni usaron munición letal.
A ningún guionista le hubieran aceptado un personaje semejante porque el público abandonaría la sala antes de que terminara la película. Sin embargo, proliferan en la mejor maldita policía del mundo. Ni es un lunático suelto ni enloqueció de repente. La docena y media de distinciones que recibió en dos décadas y media de carrera, iniciada bajo la conducción del coronel Ramón Camps, eslabonan una larga cadena de complicidades. Ese comisario y el suboficial que sonreía junto a uno de los muertos como un cazador con la presa recién cobrada no se improvisan de la mañana a la noche. Son productos genuinos de una tradición y una historia siniestras y se complementan a la perfección con aquellos políticos que no conciben un instrumento más sutil que el garrote para operar sobre una realidad tan compleja como la que se vive.
No son necesarias informaciones secretas ni hipótesis conspirativas para encuadrar lo sucedido. Desde que el Senador Eduardo Duhalde asumió como presidente interino, un sector de su gobierno pretende golpear a quienes protestan por la pérdida de su empleo, de sus ahorros, de sus ilusiones o de su paciencia, para mencionar las dimensiones social, económica, política y ética de la crisis. El Producto Bruto per cápita es un 23 por ciento menor que en 1975 y está mucho peor distribuido. Más de la mitad de los argentinos han caído bajo la fatídica línea de la pobreza. Ya cubre a 18 millones y basta que la inflación siga al mismo ritmo para que sean 23 millones al concluir el año. Es decir, dos de cada tres personas. Con un promedio de ingresos en las ciudades de 156 dólares mensuales la Argentina ha caído al undécimo puesto en el ranking latinoamericano, debajo de Paraguay, con 2000, y apenas por delante de El Salvador, con 1810. Este es un suelo más propicio a la brutalidad que a la democracia.
El desastre del miércoles pudo haber ocurrido en enero, de haber prevalecido el criterio del Secretario de Inteligencia Carlos Soria, quien alborotaba a propios y extraños con informes sobre la presunta infiltración de las FARC de Colombia entre los piqueteros y los caceroleros. La misma argumental ilustra la denuncia presentada el jueves a la Procuración General. El general Juan Mugnolo elaboraba esos partes en el Estado Mayor Conjunto hasta que la ley de inteligencia le quitó esa facultad que se había arrogado de facto, y por la que el establishment militar sigue clamando. Soria reclamaba por un lado represión y por otro operaciones políticas como la detención de chivos expiatorios hacia quienes canalizar el malhumor social (ver “Soriasis”, en páginas 16/17). Lo acompañaron desde el día uno el vocero de las señoras histéricas de San Isidro, Eduardo Amadeo; el jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, un verde que añora el azul policial de la seguridad interior, y los dos ministros radicales: el de Defensa Horacio Jaunarena y el de Justicia Jorge Vanidossi. En el último mes se les sumaron en forma más activa los gobernadores de Córdoba, José De la Sota, La Pampa, Rubén Marín, y Salta, Juan Carlos Romero; el ex presidente Carlos Menem, que como no puede salir a las calles supone que están en manos de delincuentes y marxistas; el canciller Carlos Rückauf, que abandonó la clandestinidad para declarar su nostalgia por la gesta castrense de 1976; su apéndice policial y de negocios, Roberto Giaccomino, y las flamantes adquisiciones del gabinete, Alfredo Atanasof y el manzano-menemista Jorge Matzkin. Durante la reunión de gobernadores en La Pampa, el secretario de seguridad Juan Alvarez sostuvo una discusión premonitoria con uno de sus objetores que exigía un ejercicio más desinhibido de la violencia estatal. “Vos no podés hablar Juan Carlos. Mandaste reprimir a una maestra que se te había sublevado y se te incendió la provincia”, le dijo al salteño Romero.
Quienes creen posible cuadrar a palos el círculo vicioso de la miseria económica, el desencanto político y la protesta social fueron ganando espacio, hasta tornarse irresistibles para el tambaleante gobierno del senador Duhalde. Otros movimientos menos visibles acompañaron el cambio de línea. El embajador en Estados Unidos, Diego Guelar, fue gestor de la reconciliación entre Menem y Rückauf, aún secreta. El Senador Eduardo Menem arriesgó ante la conducción de los dos bloques legislativos justicialistas la hipótesis de una entrega del poder al presidente de la Corte Suprema, al solo efecto de convocar a elecciones. Ese cargo lo ocupa su amigo de toda la vida, Julio Nazareno, cuyo hombre de confianza, el también riojano Nicolás Reyes, ha empezado a reclutar la tripulación de esa hipotética travesía para la cual los conjurados dicen contar con un dictamen favorable de la embajada de Estados Unidos. Para que se desencadene una tragedia como la del miércoles basta con dejar alguna decisión librada a la iniciativa de personal como el comisario Franchiotti y no controlar la ejecución de las órdenes. Los reporteros gráficos que documentaron la cacería, los pocos funcionarios de la Nación y de la provincia que quitaron cualquier cobertura a los asesinos, como el propio Alvarez y el gobernador Felipe Solá, la reacción indignada pero serena de la sociedad, impidieron la instalación de un cuadro ominoso como el que Rückauf & Cía. intentaban con denuncias disparatadas como la del complot y comparaciones obscenas como la de Cabezas. Por poco, y por ahora, la agobiada sociedad argentina ha ganado un respiro.

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