EL PAíS › LA INVESTIGACIóN SIGUE, PERO LA INTERVENCIóN SE VA

Una despedida anticipada

Pese a que la investigación del presunto abuso sexual sigue, el Consejo argumentó que están en vías de solución las situaciones de “clara negligencia”.

 Por Carlos Rodríguez

En una resolución de 12 carillas, a la que tuvo acceso Página/12, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes le comunicó a la jueza civil Miriam Ruth de Estrada, a cargo de la causa sobre “protección especial” del niño de 8 años que intentó suicidarse en el hogar San José Obrero de Chacarita, su decisión de disponer “el cese de la intervención informativa” que se inició el 3 de noviembre del año pasado. El Consejo argumentó que en los 120 días transcurridos hasta el 3 de marzo pasado “se ha dado curso a acciones concretas dirigidas a resolver situaciones de clara negligencia en relación con la salud integral de los niños/as y adolescentes alojados en el hogar de la Fundación Felices los Niños”. Con esas razones, la Dirección Ejecutiva del Consejo llegó a un acuerdo con los directivos de la fundación y quiere dejar la responsabilidad de la reorganización del hogar a Ricardo Muro, representante legal de la entidad que preside Julio César Grassi. Muro ha negado públicamente que haya habido abusos sexuales en el instituto bajo sospecha, aunque sigue en marcha y acumulando pruebas la investigación penal sobre ese punto.

Las firmantes de la decisión son Jessica Malegarie y Gladys G. Suárez, presidenta y vicepresidenta del Consejo. La titular del organismo, Jessica Malegarie, llegó a la función pública luego de formarse en el Grupo Sophia, cuyo socio fundador es Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de Gabinete del macrismo. En el escrito recordaron que se había decidido que la intervención fuera por 120 días y que los objetivos centrales fueron dos: “Por un lado, la fiscalización e identificación de posibles problemáticas que afecten la salud e integridad de la población infanto-juvenil y, por el otro, la definición de estrategias a los fines de restituir los derechos eventualmente vulnerados”. Para lograr esos objetivos, el equipo interdisciplinario formado por 15 personas trabajó en turnos de ocho horas, de 7 a 15, de 15 a 23 y de 23 a 7.

Las acciones realizadas fueron de “fiscalización y monitoreo” y también de “contención psicosocial para los niños, niñas y adolescentes (...) en virtud de la situación por la que atraviesan”. En ese marco, se hicieron informes quincenales sobre los problemas identificados “a nivel edilicio, de recursos humanos, operativos y programáticos”. El Consejo resaltó que para dar “cumplimiento cabal” a la tarea “se convocó a la fundación intervenida” para poder aportar “las recomendaciones e instrucciones” que se consideraron “imprescindibles para garantizar el bienestar” de los chicos alojados en el hogar.

En ese sentido, los cambios sugeridos “han sido receptados y consensuados con las autoridades” de la fundación. Por eso, la Dirección Ejecutiva del organismo de la ciudad interpretó que lo hecho “torna abstracta cualquier intervención” del Consejo en el futuro “salvo la conducente a fiscalizar que dichas modificaciones se concreticen (sic)”. En materia de salud, se comprobó que el hogar “no contaba con registros de salud, médicos de cabecera para cada uno de los niños, dispositivos de intervención frente a emergencias, dieta alimentaria programada”. En los 120 días de intervención “la población del hogar ha sido evaluada interdisciplinariamente por un equipo del Hospital Tornú”.

El Consejo afirmó que se han establecido “pautas de cuidado personal e higiene en la población como así también capacitación afín para el personal del hogar”. Esto va “desde el establecimiento de un botiquín de primeros auxilios, inexistente al momento del ingreso al hogar” como el de haber establecido un “registro de situaciones de riesgo físico por falta de mantenimiento de las instalaciones”. En el escrito se reconoció que se constataron “problemas convivenciales tales como conflictos verbales y físicos entre la población del hogar, desbordes emocionales de adolescentes con riesgo de ataque físico a sí mismos y hacia terceros sin dispositivos de intervención por parte del personal del hogar a cargo”.

El Consejo sostuvo que el hecho de haber trabajado 24 horas dentro del instituto “permitió desarrollar estrategias de contención y vinculación entre el grupo conviviente enfatizando afinidades evolutivas por sobre las cronológicas o el sexo de pertenencia”. Eso hizo posible que las situaciones de conflicto “fueran disminuyendo en intensidad y frecuencia”.

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Grassi afirmó que el intento de suicidio fue para “llamar la atención”.
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