EL PAIS › UN CONFLICTO DE COMPETENCIA FRENA LA INVESTIGACION SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA DICTADURA

En los laberintos de la Justicia

Una causa judicial apunta por primera vez a los bancos privados que prestaron dinero a la Argentina entre 1976 y 1983. Fue impulsada hace un año por dos hijos de desaparecidos. Está paralizada y podría terminar en la Corte Suprema.

Un conflicto de competencia dilata el inicio de la primera investigación sobre el último eslabón en la cadena de complicidades que permitió sostener a la dictadura militar: el financiamiento por parte de la banca privada extranjera. La causa podría por primera vez en la historia acusar de complicidad a los bancos que prestaron dinero a sabiendas de que colaboraban para el sostenimiento de un Estado que perpetraba delitos de lesa humanidad. El caso puede escalar a la Corte Suprema de Justicia, que deberá expedirse además sobre la imprescriptibilidad de los resarcimientos derivados de delitos contra los derechos humanos. El CELS presentará un recurso judicial para apoyar la investigación.

El expediente 95.019/2009 deambuló por tres juzgados desde el 18 de marzo de 2009, cuando Leandro Manuel Ibáñez y María Elena Perdighe –ambos hijos de desaparecidos– realizaron la presentación ante la Justicia Civil y Comercial federal. La carátula del expediente consigna que se trata de una “diligencia preliminar” para que el Banco Central informe acerca de los montos que entidades financieras internacionales prestaron al Estado argentino entre 1976 y 1983.

Ese pedido se sustenta en la investigación de Juan Pablo Bohoslavsky –director de la Maestría en Derecho Administrativo Global de la Universidad Nacional de Río Negro–, que junto a la investigadora de la Universidad de Nueva York Veerle Opgenhaffen logró establecer el nexo entre los préstamos de bancos comerciales y el mantenimiento del aparato represivo interno que llevaba adelante la dictadura.

Ese trabajo fue presentado por Bohoslavsky en la Universidad de Harvard el pasado 18 de febrero, en el marco de un simposio sobre derechos humanos. Entre los asistentes estaba John Ruggie, representante de Naciones Unidas para el área de Negocios y Derechos Humanos. El caso argentino cobró relevancia porque, basándose en esa experiencia, la ONU podría fijar los estándares globales que regularán en el futuro la responsabilidad de las empresas cuando de violaciones a los derechos humanos se trate. “Hasta ahora se habían concentrado en las contribuciones no financieras que facilitan violaciones a los derechos humanos, pero no en aportes de dinero”, afirmó Bohoslavsky en diálogo con Página/12.

Con la llegada a la presidencia del demócrata Jimmy Carter en 1977, la política de los Estados Unidos con respecto a la ayuda financiera a gobiernos dictatoriales dio un vuelco: los préstamos a países con conocidas violaciones a los derechos humanos como la Argentina fueron negados. La banca privada vio entonces la puerta abierta para ofrecer préstamos a altas tasas. Esa financiación permitió que la Junta Militar ampliara la deuda externa de 6648 millones de dólares en 1977 a 31.709 millones en 1983. El crecimiento exponencial del déficit entre ingresos y egresos estuvo acompañado de un aumento del porcentaje del PBI destinado al gasto militar, que creció del 2,04 al 4,39 por ciento durante esos años. La tesis de Bohoslavsky se sustenta en el derecho internacional y en las políticas que regulan la actividad financiera a nivel global. Es imposible que los bancos que prestaron dinero a los dictadores argentinos desconocieran que se producían crímenes de lesa humanidad, tras la postura explícita de la administración Carter y los informes sobre la Argentina publicados en ese momento por organismos de derechos humanos. Los bancos cuanto menos “incumplieron el deber de evaluar adecuadamente el riesgo crediticio del prestatario” al no respetar las reglas básicas que rigen la actividad financiera, donde no sólo se analiza la capacidad de pago sino el destino de los fondos. Las entidades “sabían” o “debían haber sabido” que los préstamos que giraron “permitieron, facilitaron o exacerbaron” los abusos a los derechos humanos, afirma el análisis. Esto los convierte en “responsables por complicidad”, remata.

El expediente está paralizado. El juez civil y comercial Luis María Márquez se declaró incompetente. Lo mismo hicieron las juezas María Gabriela Vasallo y Graciela González Echeverría. La Cámara en lo Civil y Comercial debe resolver ahora qué hacer con la causa. Si ratifica la incompetencia de ese fuero, la Corte Suprema tendrá que dirimir el asunto.

La causa es un hierro candente. El pedido de resarcimiento podría apuntar, entre otros, al Bank of America, Republic Bank of Dallas, Unión de Bancos Arabes y Franceses, Banco de la Sociedad Financiera Europea, D. G. Bank, Banco Europeo de Crédito, Unión de Bancos Suizos, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Citibank, Banco de Boston, Chase Manufactures, Lloyds Bank, Wells Fargo, Marine Midland, Banco di Roma y Citicorp. El listado corresponde a los registros asentados en el fallo de la denominada sentencia Olmos, que prueba que las entidades facilitaron dinero a través de YPF, fachada tras la que se escondía el verdadero sistema de financiamiento a la Junta Militar.

El CELS, con la colaboración de la universidad británica de Essex, presentará en los próximos un recurso judicial con nuevos argumentos para la investigación, donde citará jurisprudencia internacional que avala la acusación por complicidad. Los abogados no descartan elaborar un listado propio de bancos y avanzar con la demanda civil contra ellos en base a sus antecedentes o recurrir a tribunales internacionales.

Informe: Gabriel Morini

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José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía de los primeros años de la dictadura.
Imagen: Enrique García Medina
 
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