La comisión investigadora (CIE) escuchó a los testigos del área de legales de las empresas telefónicas, a quienes les preguntaron por los mecanismos en que se piden las escuchas. Los dos señalaron que los requerimientos los hace la SIDE, a la que se las pide la Justicia. También declararon otros miembros de la comunidad árabe, que se volvieron a quejar por las consultas que aseguró haber hecho Mauricio Macri al Mossad y a la Embajada de Israel.

Los testigos de las telefónicas fueron pedidos por el bloque PRO. Sus legisladores intentaron conseguir la lista de todas las llamadas que se interceptan para luego poder cotejarlas con las órdenes de los juzgados y comprobar si existen escuchas ilegales ordenadas por la SIDE. Los responsables de las telefónicas les aclararon que requerirían de una orden judicial para entregar esa información. El primero en declarar fue el secretario general corporativo de Telefónica Argentina, Alejandro Pinedo, quien contó que la SIDE pide entre 100 y 300 escuchas por mes. Los macristas hicieron un cálculo exponencial y sostuvieron luego que el testigo había afirmado que “en lo que va del año ya se pidieron seis mil escuchas”. En la oposición estimaron que estaban “mandando fruta”.

De movida, quedó en claro que los macristas se habían equivocado al pedir al testigo: Pinedo explicó una y otra vez que existía un área que se dedicaba a recibir los requerimientos de la SIDE y que no dependía de él. Contó que existía una auditoría interna para cerciorarse de que no haya líneas intervenidas fuera del plazo ordenado o sin orden.

Lo mismo sostuvo el director de Asuntos Jurídicos de Telecom Argentina, Carlos Zubiaur, quien aseguró que no siempre el requerimiento de la SIDE es acompañado del texto de la orden judicial. “Como es confidencial, no me puede mandar a mí una copia con otros teléfonos de otras empresas”, dijo. “Entonces, se puede montar un sistema de escuchas ilegales”, se entusiasmó Martín Borrelli. “Las órdenes de la SIDE tienen respaldo judicial”, estimó el testigo. “Usted supone eso”, se quejó el legislador PRO. “Supongo que el Estado se maneja en un marco de legalidad”, dijo. Los macristas también preguntaron si era posible que la SIDE no tuviera canales para espiar a alguien, como ocurrió cuando el juzgado de Misiones dio la orden de escuchar a Sergio Burstein. “No conozco el caso y no soy técnico, pero los aparatos disponibles son finitos. A veces, pasa”, los decepcionó.

Más temprano, los legisladores PRO se cruzaron con los representantes de la comunidad árabe, a los que acusaron de estar vinculados con Hezbolá. Los dirigentes de Fearab cuestionaron las consultas de Macri al Mossad y al ex vocero de la Metropolitana Alejandro Mellincovski, al que vincularon con el ejército israelí a partir de un artículo de Página/12 publicado el 7 de febrero de este año.