Mauricio Macri acaba de sorprender una vez más a los ciudadanos de a pie con el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el DNU Nº 2/11, que modifica el Código Contravencional de la Ciudad.

El fin, reprimir con arresto de hasta 10 días o multa de hasta 50.000 pesos a quienes obstruyeran la impresión y/o distribución de medios de prensa o de comunicación, reiterando una tendencia que no es novedosa en su gobierno: criminalizar la protesta, en este caso la que pudiera provenir de los trabajadores de empresas periodísticas que se animen a ejercer derechos que, por otra parte, se hallan ampliamente garantizados por la Constitución y las leyes.

La violación de derechos fundamentales sindicales a la que someten diariamente a los trabajadores de esos medios por parte del monopolio no motivó ninguna reflexión del gobierno porteño al momento de dictar una norma de contrapoder democrático de los trabajadores, hecha a la medida de sus benefactores.

Invoca para ello razones de necesidad y urgencia, que en el caso no existen, pues no concurren circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes, previsto constitucionalmente. Además, en los considerandos de su afiebrado texto, remite al artículo 103 de la Constitución de la Ciudad, que justamente veda al Poder Ejecutivo dictar reglamentos de necesidad y urgencia en materia penal, y no cabe imaginar que el Ejecutivo o su gabinete ignoren que el DNU 2/11 crea figuras represivas, de naturaleza penal. Por lo que puede suponerse que o bien el jefe de Gobierno, sus ministros y asesores, sabían de antemano que estaban produciendo una medida nula e inconstitucional, que no habría de sortear la obligada ratificación de la Legislatura porteña, o sólo se la dispuso con un sentido efectista. Aunque esto último, por qué no, pueda interpretarse como una sobreestimación de la inteligencia de sus autores.

* Presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.