El 6 de diciembre de 1975, cuando Prefectura de Zona del Atlántico escribió el borrador del “Estudio sobre el diario La Nueva Provincia (guerrilla sindical)”, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola encabezaban la lista de “personal a SER RALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSION FUNDAMENTAL” para la dictadura. Ralear a los delegados del diario era una “efectiva acción ‘contrarrevolucionaria’” tendiente a “sanear los medios preferidos por la revolución mundial para su labor de infiltración, subversión cultural y posterior victoria”. Prefectura era el “ojo y vida” del Comando de Operaciones Navales en Bahía Blanca, escribió su jefe de inteligencia, capitán Juan Iglesias. El comandante era el vicealmirante Luis María Mendía, el hombre a quien la directora del diario, Diana Julio de Massot, recibía por las noches en su despacho, según escribió Adolfo Scilingo. La señora sentía repulsión por los dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas, que en agosto impidieron la salida del diario durante tres semanas para exigir la aplicación de un franco cada cuatro días. El día que LNP reapareció, su directora denunció la “labor disociadora” de los delegados, los equiparó con “la infiltración más radicalizada” e ironizó que por los fueros creían ser “una nueva raza invulnerable de por vida”.

El 22 de marzo de 1976, Prefectura elevó el informe al Servicio de Inteligencia y a Mendía. Dos días después, cuando el golpe de Estado era un hecho, Diana Julio y su hijo Vicente Massot fueron con una bandera argentina a provocar a la imprenta: “¿A qué no hacen huelga ahora?”. La “acción contrarrevolucionaria” se concretó el 30 de junio. Al atardecer, un grupo de hombres se instaló en la casa de Loyola. Lo esperaron hasta las cuatro de la mañana. “Algunos usaban guantes y todos, por su manera de expresarse denotaban cierta cultura”, declararía la mujer de Loyola. Los hombres cultos maniataron y vendaron a familiares y amigos y les inyectaron somníferos, igual que en la ESMA antes de los traslados. Cuando tuvieron a Loyola fueron a secuestrar a Heinrich.

La noticia de los secuestros trascendió entre los trabajadores de LNP pero no apareció en sus páginas. El domingo 4 de julio aparecieron los cadáveres. Estaban maniatados por la espalda, torturados y acribillados. Los rodeaban 52 vainas calibre 9 mm. El lunes se publicó un aviso fúnebre de la familia Loyola y recién el martes, bajo el título “Son investigados dos homicidios”, los Massot dieron la noticia en veinte líneas. No informaron que eran delegados ni que habían osado enfrentarlos, apenas que “se desempeñaban en la sección talleres de este diario”.

Durante los siguientes 36 años, LNP no mencionó los crímenes. En julio, la Cámara Federal local confirmó ocho procesamientos por los asesinatos. El acusado de mayor jerarquía es el contraalmirante Manuel García Tallada, jefe del Estado Mayor que encabezaba Mendía. Lo acompañan los capitanes Guillermo Botto y Oscar Castro, y por liberar la zona el general Juan Manuel Bayón. De Prefectura están procesados Félix Cornelli y Francisco Martínez Loydi, firmantes del informe del raleo, y sus subordinados Néstor Alberto Nogués y Luis Angel Bustos. El último fue reconocido en el secuestro de Gerardo Carcedo, un ex concejal del Frejuli que también generaba dolores de cabeza a los Massot y que antes de desaparecer fue visto en el centro clandestino de Mendía, en la base Baterías. La noticia de los procesamientos no apareció todavía en las páginas de La Nueva Provincia.