Algunos historiadores sostienen que el Operativo Independencia fue el inicio del tercer genocidio, luego del tramo local de la conquista de América y de la conquista del desierto que implicaron criminales golpes contra los aborígenes. En tanto, para la Justicia fue concretamente un “banco de pruebas” represivo. El 5 de febrero de 1975 el Poder Ejecutivo, mediante un decreto del gobierno de María Estela Martínez de Perón, dispuso la intervención del Ejército en la lucha contra la guerrilla en Tucumán con el objetivo de “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a los efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos” que actuaban en esa provincia. La Conadep determinó que durante la etapa del Operativo Independencia se produjeron 114 desapariciones.

Cuando el gobierno de la viuda de Perón dispuso esa medida habían cobrado resonancia los procedimientos armados del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en zonas rurales tucumanas, en especial en áreas de bosques, y en localidades al sur de la capital provincial. Eran ataques a instalaciones militares, bloqueos de rutas e incluso copamientos de pueblos, y de este modo la guerrilla había conseguido el dominio de determinados espacios. El Ejército, en conjunto con la Fuerza Aérea, tenía en la mira a la compañía Ramón Rosa Jiménez del ERP, que buscaba crear un foco revolucionario en el monte tucumano. El general Adel Vilas, que estuvo a cargo del Operativo Independencia, enunció que se trataba de una “guerra eminentemente cultural” contra ideas y valores de universitarios, profesionales, religiosos, científicos, artistas e intelectuales de San Miguel de Tucumán, porque según este represor la guerrilla en el monte era sólo la manifestación armada del proceso subversivo, y no la más importante. La metodología del operativo incluyó secuestros por parte de represores vestidos de civil, el cautiverio clandestino de los detenidos que en su mayoría eran alojados en lo que fue el primer centro clandestino llamado la Escuelita de Faimallá, además de la tortura, la eliminación y ocultamiento de los cuerpos y la negación oficial de estas prácticas.

Durante 1975 y a principios de 1976 hubo enfrentamientos en las localidades de Santa Lucía, Potrero de las Tablas, El Cadillal, y el sorpresivo ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa, que fueron protagonizados por la Brigada de Infantería 5 del general Vilas. La justificación del accionar represivo que dieron los militares fue precisamente invocar ese decreto del PEN 261/1975 con el cual aplicaron en la provincia más pequeña su llamada guerra contrarrevolucionaria, que los franceses primero y los norteamericanos después les habían enseñado: localizaban los campamentos de adiestramiento de los guerrilleros y los capturaban, o bien los abatían en el lugar. Los genocidas Vilas y Domingo Antonio Bussi, que lo reemplazó, diezmaron a los combatientes del ERP.

El ex gobernador en Malvinas, Mario Benjamín Menéndez, revistió con el grado de coronel en la Brigada de Infantería de Monte V y participó del Operativo Independencia. Hace dos meses, cuando fue detenido en el marco de esta causa (ver nota central), dijo sobre aquellos días: “Para ser dictadura faltaba, era una dictablanda, hay gobiernos electos como el de Hitler que era una dictadura con exterminio y campos de concentración, mientras que acá no hubo campos de concentración, sino lugares de reunión de detenidos”.

El periodista Marcos Taire explica que “la gran represión en Tucumán comenzó en febrero del ’75 con el Operativo Independencia, que tuvo la complicidad de toda la conducción política de ese momento. Don Amado Juri (entonces gobernador) aplaudió el accionar del general Vilas y lo condecoró el día que se fue. Carlos María Torres, intendente de Tucumán, era íntimo amigo de Vilas, lo visitaba en Faimallá, y bautizó una plaza con el nombre del capitán (Humberto) Viola, que fue muerto por el ERP”.

Claramente el gobierno constitucional había dado luz verde para que las fuerzas represoras cargaran contra todo aquel que implicara un freno a sus intenciones. Pero, ¿quiénes eran los subversivos a ser aniquilados? Todos aquellos que no estuvieran alineados en el proyecto ultraliberal o se opusieran a las ideas de aquella oligarquía. De hecho, el ex dirigente del PRT-ERP Luis Mattini explica que “está fehacientemente demostrado que el sustento ideológico de los militares argentinos fue la fusión del más oscuro catolicismo del pensamiento nacional con el integrismo católico francés y la tesis de la guerra antisubversiva, plasmados en la llamada Doctrina de Seguridad Nacional. A partir de 1975 las Fuerzas Armadas Argentinas actuaron según el modelo establecido por los instructores franceses en la llamada Batalla de Argel. (Reynaldo) Bignone lo declaró sin ambages cuando dijo que actuaron con el reglamento en la mano, y que el Operativo Independencia fue una copia del plan de la Batalla de Argelia”.

Con el acompañamiento de todo el arco político, el decreto legitimaría el accionar represivo que comenzó a poner en funcionamiento la maquinaria del genocidio. El gobierno nacional legitimaba de esta manera la acción que había iniciado la Alianza Anticomunista Argentina, legalizando el comportamiento delincuencial de los militares genocidas.

El Operativo Independencia todavía tiene quien lo reivindique. Se trata de un grupo de ex soldados denominado “rodillas negras”, que en septiembre de 2008 se permitieron desfilar en Orán por los festejos del aniversario 214 de esa población. En aquella oportunidad, autoridades salteñas aseguraron que se “colaron” detrás de los veteranos de Malvinas.