Según estiman las organizaciones nucleadas en contra del tarifazo, la audiencia pública del viernes convocada por el Gobierno podría extenderse durante tres días, hasta el domingo inclusive. La razón: el número de apuntados para tomar la palabra llega casi al millar. Las asociaciones de defensores de consumidores, de pymes y cooperativas, y las organizaciones sociales y los sindicatos prepararon durante semanas las intervenciones de sus equipos técnicos. Cada uno de esos espacios anotó más de un orador, y en algunos casos, decenas de ellos. A la lista hay que sumarle senadores, diputados nacionales y legisladores provinciales. También se anotaron cientos de particulares.

Están inscriptos para tomar la palabra, además, desde los espacios políticos y los especialistas hasta dirigentes sindicales, docentes, trabajadores de empresas recuperadas y referentes territoriales.

Los planteos, con matices, girarán en torno a tres preocupaciones: el costo de producción del gas en boca de pozo, la dolarización de las tarifas y la situación de las pymes, cooperativas y clubes, no considerados por el fallo de la Corte, que sólo anuló el tarifazo inicial para los usuarios residenciales.

Un ejemplo de lo que podrá verse al interior de la Usina del Arte lo describió el presidente de Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, Osvaldo Bassano, quien recordó uno de los pasajes del encuentro que mantuvo su sector el jueves con el ministro de Energía, Juan José Aranguren. “Le pregunté dónde se para él como ministro, si del lado de la gente o de las empresas. Me contestó que el Gobierno está en el medio. La respuesta fue atroz. Si te ponés en el medio no defendés consumidores”, graficó Bassano. “El ministro y las empresas tendrán que explicar por qué vamos a pagar el aumento. Hasta ahora, parece que no lo entendieron. Pero la soberbia termina mal cuando los pueblos se enojan”, dijo a Página/12.

Informe: M. F.