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Los sucesos de Carmen de Patagones no son una catástrofe natural, como un terremoto o una inundación. Se trata de una tragedia humana con una profunda raíz social. Es probable que la coyuntura reabra el debate sobre una de las cuestiones más tergiversadas y mistificadas en nuestro país: la responsabilidad penal de los adolescentes. Nuestra historia parece confirmar que las reformas legales e institucionales, especialmente en el campo de lo penal, sólo pueden realizarse a golpes de alarma social. El Frankenstein en que se ha convertido nuestro Código Penal es una buen prueba de ello. Frente al hecho que marca esta coyuntura, muchas voces con diversas perspectivas e intenciones se apuraron a señalar como inimputable al adolescente autor de la masacre. En la práctica, esta “inimputablidad” no significa automáticamente nada, a no ser la capacidad del juez de decidir en forma absolutamente discrecional sobre el futuro del presunto autor. Ni debido proceso, ni atribución de responsabilidad, para llegar a una decisión que podría teóricamente finalizar en la entrega del menor a sus padres (decisión de improbable a imposible por la magnitud de la tragedia y su enorme repercusión social, pero no por impedimentos de carácter jurídico) o en la internación sin plazo, como mínimo hasta el cumplimiento de la mayoría de edad. En la segunda hipótesis, es seguro que un festival de eufemismos servirá para disimular, aunque no para disminuir, una larga lista de sufrimientos reales ocultos tras el nombre de tratamiento.
¿Será casual que la Argentina ostente el triste record de poseer al mismo tiempo la legislación más antigua y atrasada de la región para los menores de 16 años (la ley Agote de 1919), la institucionalidad más inútil y perversa (un Consejo Nacional del Menor que gasta más del 80 por ciento de su presupuesto en Buenos Aires, la provincia más rica del país) y el sistema más brutal de América latina para los menores de 18 y mayores de 16 (único país de la región con sentencias de reclusión perpetua a menores de edad)? Además, es probable que mientras estas líneas se escriben, el Parlamento apruebe una ley de “protección” que, invocando los derechos de la infancia, repropone la discrecionalidad que los niega. Una inútil ley que de aprobarse sólo tendrá la efímera legitimidad de lo nuevo.
Hay que evitar que un debate sobre estos temas caiga exclusivamente en las manos de aquellos inescrupulosos que consideran a la política como una forma de espectáculo y convierten el problema en una moneda de cambio electoral. El futuro de nuestra democracia también depende de un debate serio sobre la responsabilidad penal de los adolescentes, que permita la creación de un sistema de responsabilidad penal juvenil que asegure el sacrosanto derecho de la sociedad a su seguridad colectiva y el sacrosanto derecho de cada individuo al respeto de sus garantías individuales.

* Jurista internacional y consultor en el área de asuntos legales de UNICEF para Latinoamérica y el Caribe (especial para Télam).