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El Estado argentino enfrenta varias demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las que se comprometió a reformar el Código de Justicia Militar y, si no avanza, podría ser sancionado. Una fue iniciada por Rodolfo Correa Belisle, el ex capitán del Ejército que denunció el encubrimiento del asesinato del soldado Omar Carrasco y que, por su revelación, fue sometido a un juicio militar que terminó en su destitución. Fue un proceso por “irrespetuosidad” en el que también lo condenaron a tres meses de arresto. El CELS, en representación de Belisle, planteó que durante el juicio se violaron garantías constitucionales básicas: no pudo tener un defensor de su confianza, no tuvo un juez imparcial ni el derecho de que su condena fuera revisada por un tribunal ordinario. Otro caso en el que interviene el CELS es el de Ricardo Runza, un capitán retirado de la Fuerza Aérea que fue sancionado por un Tribunal de Honor –que castiga faltas ético-morales poco precisas– y luego arrestado a raíz de manifestaciones que hizo en un seminario impulsado por el actual gobierno, titulado “La Defensa Nacional en la Agenda Democrática”, en las que trató de autoritario a un coronel del Ejército. La Cámara Civil ordenó revertir la decisión. Ante la CIDH también tramita un caso, patrocinado por Eduardo Barcesat, de una veintena de ex miembros de la Fuerza Aérea acusados de defraudación que piden ser juzgados por los tribunales comunes.