El gobernador entrerriano Jorge Busti volvió a insistir frente a Néstor Kirchner en que la Argentina demande a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la construcción de las “pasteras” en la ciudad uruguaya de Fray Bentos. Tras la reunión que mantuvo por una hora en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, a la que luego se sumó el Presidente, el gobernador aseguró –a través de un comunicado difundido desde Entre Ríos– que “Kirchner reafirmó la voluntad del gobierno nacional, tal cual lo peticionado por la provincia, de acudir al máximo organismo internacional de justicia”. Aunque admitió que también “hubo coincidencias de dejar abierta la posibilidad de diálogo con Uruguay, siempre partiendo de la base de la realización de un estudio de impacto ambiental independiente”.

Busti llegó y se fue de la Casa Rosada, a la que dijo haber sido “convocado de urgencia”, sin hacer declaraciones. Hermético, el gobernador se quedó en Buenos Aires a la espera de “otras posibles reuniones” en la Rosada y dejó que circulara su comunicado oficial como la única versión entrerriana del encuentro que mantuvo con el Presidente y el jefe de Gabinete. Mientras, en Gualeguaychú, los asambleístas, que esperaron sin suerte alguna respuesta de Busti, decidieron continuar con el corte –que comenzó en la tarde del viernes pasado– de la ruta 36 que conduce al paso internacional con Uruguay. Una modalidad de protesta contra la construcción de las plantas de celulosa sobre la ribera oriental del río Uruguay que el gobernador fogoneó pero que ahora parece no controlar.

“Busti entregó al gobierno nacional la documentación, para peticionar al Poder Ejecutivo Nacional que promueva la demanda al Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya”, reza el primer párrafo del comunicado de la gobernación entrerriana. Los principales fundamentos del pedido son que el vecino país “no ha cumplido los pasos prescriptos en el Estatuto del Río Uruguay en lo referente a las construcción de la fábrica de pasta de celulosa que están levantando en Fray Bentos y que producirá contaminación en la provincia de Entre Ríos”. Entre los documentos que Busti dejó al gobierno nacional también están “las actas de las resoluciones de las sesiones de las cámaras de Diputados y Senadores aprobadas por unanimidad y la petición concreta del Poder Ejecutivo provincial para habilitar esa vía procesal”.

Un decisión que hasta hace poco tiempo Busti había desechado. El 23 de enero, Página/12 recogía la opinión del gobernador sobre la posibilidad de recurrir a la Corte Internacional: “En este momento estamos en una callejón sin salida. Nos dicen que acudamos a una alternativa como los tribunales de La Haya, pero yo estuve revisando la jurisprudencia y los conflictos allí no se resuelven en menos de cuatro años. Si es así, a esa altura ya estamos contaminados”, afirmó entonces algo desilusionado. Quince días después, el gobernador considera la vía judicial internacional casi como la única alternativa posible para frenar la construcción de las papeleras de la compañías finlandesa Botnia y la española Ence.

El comunicado de Busti relata que, al sumarse al encuentro, Kirchner “reafirmó la voluntad del gobierno nacional, tal cual lo peticionado por la provincia, de acudir al máximo organismo internacional de justicia”. Y que en “el marco del análisis de situación Busti expresó que hubo coincidencias en dejar abierta la posibilidad de diálogo con Uruguay (nunca cerrado por la Argentina)”, aunque exigiendo un estudio de impacto ambiental independiente, “dato que no existe hasta el momento a pesar de los reiterados pedidos por parte de la provincia y de la nación, lo que fue reconocido por el informe de Uruguay en la Comisión Binacional”.

Busti se quedó en Buenos Aires con parte del equipo que lo acompañó. Desde Entre Ríos se especulaba en “próximas reuniones en la Rosada” para abordar la problemáticas de las papeleras, pero el comunicado oficial sólo hace referencia a la firma de convenios de obras públicas para la provincia –plan de viviendas y red de gas– que se firmarán el miércoles en Casa de Gobierno.