“Las pruebas han evidenciado la existencia de una vasta estructura de alcance nacional e internacional, integrada por los imputados, la cual utilizó la pantalla formal de las Fuerzas Armadas y de seguridad de la Argentina y demás países integrantes del Plan Cóndor para desarrollar sus actividades criminales”, señaló el fiscal Miguel Angel Osorio al pedir la elevación a juicio de la causa del Plan Cóndor. Con esta medida comenzó el trámite para juzgar a 16 represores, entre ellos Jorge Rafael Videla, Antonio Domingo Bussi y Albano Harguindeguy. Videla y otros de sus compañeros también están cerca de otro juicio, el del plan sistemático de robo de bebés durante la última dictadura.

Los expedientes de Plan Cóndor y robo de bebés, ambos a cargo del juez federal Guillermo Montenegro, están listos para ser elevados a juicio. El caso relacionado con apropiaciones de hijos de desaparecidos se encuentra más avanzado, ya que sólo resta que la Cámara Federal resuelva unos planteos de nulidades de las defensas para que el expediente sea enviado a un tribunal oral. “La instrucción ya está agotada”, explicó una fuente judicial. Los involucrados en esta causa son Héctor Antonio Febres, Jorge Eduardo Acosta, Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Juan Bautista Sasiaiñ, Antonio Vañek, Reynaldo Bignone, Emilio Eduardo Massera (que fue declarado incapaz) y Jorge Rafael Videla. Todos fueron excarcelados y –salvo Videla, que está preso por el Plan Cóndor– están libres.

La causa por el Plan Cóndor se inició antes de que se anularan las leyes de punto final y obediencia debida y pudo avanzar porque los jueces que la tuvieron a cargo y el fiscal Osorio acordaron con el criterio planteado por el abogado Alberto Pedroncini acerca de que las desapariciones podían ser investigadas más allá de las normas de impunidad, porque se trataba de delitos permanentes que siguieron cometiéndose. En este expediente, en el que se investigan 110 casos de desapariciones, hay 16 represores procesados.

Además de Videla, Bussi y Harguindeguy, también están involucrados, entre otros, Cristino Nicolaides, Santiago Omar Riveros y Luciano Benjamín Menéndez. Todos están acusados de haber formado parte de una asociación ilícita dedicada a la desaparición de personas, entre otros delitos. “Tal estructura tuvo su génesis en las dictaduras militares que durante la década del setenta del siglo pasado desalojaron por la fuerza a los gobiernos democráticos de algunos países de América del Sur, conservando el poder mediante la eliminación sistemática de opositores políticos, práctica que se extendió luego a otras finalidades y víctimas”, señaló Osorio en el escrito con el que pidió la elevación a juicio.

Entre las pruebas que hay en ese expediente figura un informe de inteligencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos del 28 de septiembre de 1976. “Operación Cóndor: es un nombre clave para la recopilación y el intercambio de información sobre los llamados izquierdistas, comunistas o marxistas. Además, la Operación Cóndor organiza operaciones conjuntas contra los terroristas en sus estados miembro (...) Una tercera etapa, y la más secreta, implica la formación de equipos especiales de los países miembro, los cuales podrán viajar a cualquier parte del mundo, incluyendo a los países no miembro con el cometido de castigar a los terroristas provenientes de los países miembro y a quienes los apoyan hasta asesinarlos”. El informe estaba relacionado con la investigación sobre el asesinato del canciller chileno Orlando Letelier en Washington.