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Reclaman que vayan a cárceles comunes

 Por Miguel Jorquera

La misteriosa muerte de Héctor Febres en un lugar de detención Vip de la Prefectura Naval –la misma fuerza de seguridad a la que perteneció el torturador de la ESMA– y con controles relajados volvió a indignar a los organismos de derechos humanos, que desde hace años reclaman el traslado de los detenidos por delitos de lesa humanidad a cárceles comunes bajo la custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Una exigencia que volverán a ratificar hoy ante el juez federal Sergio Torres, mientras estudian la acusación contra la Prefectura por su “responsabilidad institucional” en la muerte del marino detenido hace nueve años por los crímenes cometidos en la ESMA durante la dictadura militar.

“Este es un reclamo que hicimos ante la Justicia hace tres años, donde la Cámara Federal reconoció nuestro planteo. Pero la resolución fue apelada por los marinos y desde entonces está en la Cámara de Casación”, dijo a Página/12 el abogado Rodolfo Yanzón, sobre el pedido de traslado a cárceles comunes de los militares detenidos por violaciones a los derechos humanos. Yanzón es uno de los querellantes en la causa por la cual Febres fue juzgado e iba a recibir sentencia el viernes pasado. “Indudablemente fue una muerte preventiva”, afirmó el abogado.

Aunque el reclamo que llevarán hoy al despacho del juez Torres –a cargo de la megacusa de la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada (ESMA)– involucra a toda la Justicia. “Febres estaba detenido desde hace nueve años en causas que están a cargo de 7 jueces: Torres; los tres jueces del Tribunal Oral Federal 5, que lo juzgaron ahora; y los tres jueces del Tribunal Oral Federal 3, que iban a juzgarlo el próximo año por la apropiación de bebés en la dictadura”, remarcó Yanzón.

Un planteo que también extenderán al gobierno nacional, por la “responsabilidad institucional” de la Prefectura. “No sólo responsabilizamos al jefe de la Prefectura y al jefe de la custodia sino a toda la fuerza de seguridad”, insistió Yanzón, mientras los organismos estudian los pasos legales que darán en ese sentido.

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