El Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn) criticó la decisión judicial de liberar a Jorge Corsi –el psicólogo acusado de liderar una banda de presuntos abusadores de menores que fue excarcelado la semana pasada y la noche del martes recuperó la libertad–. La entidad defensora de los derechos de los niños aseguró que la libertad de Corsi y otros miembros (Augusto Correa y Pablo López Vidal) de la supuesta banda de pedófilos pone en peligro a las víctimas y que la Justicia toma en cuenta sólo los derechos de las personas adultas. Los acusados fueron excarcelados en base al fallo conocido como “Díaz Bessone”: dispone que toda persona debe estar en libertad mientras no haya peligro que se fugue o que entorpezca la investigación.

Desde julio de 2008, Corsi está acusado de ser el líder de una banda de presuntos pedófilos que reclutaba menores de edad en cibercafés y locales de comida rápida para abusar sexualmente de ellos. También López Vidal y Correa habrían formado parte, junto a Marcelo Rocca Clement, del grupo delictivo. No obstante, Clement seguirá preso porque no solicitó su libertad y el año pasado, además, fue condenado a 11 años de prisión en otra causa por corrupción de menores agravada en perjuicio de un chico de 13 años.

El psicólogo estuvo detenido durante seis meses en el penal de Marcos Paz. Sin embargo, en los primeros días de 2009, los camaristas María Laura Garrigós de Rébori, Mauro Divito y Marcelo Lucini tomaron la decisión de excarcelar a Corsi, López Vidal y Correa, basados en el precedente –Díaz Bessone– dictado por la Casación. Con ese fallo se sentaron las bases para que cualquier procesado siga con prisión preventiva sólo cuando existan fundados argumentos para suponer que en libertad pueden entorpecer la investigación o fugarse.

Los tres excarcelados concretaron ayer el pago de la fianza luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal de feria recibiera los informes del Registro de la Propiedad del Inmueble y de los tasadores oficiales, que avalaron las viviendas que los fiadores presentaron.

Aunque gozan de libertad, Corsi, López Vidal y Correa no podrán tener contacto alguno con los cuatro menores involucrados en la causa. Además, según las medidas que ordenó la Cámara del Crimen al excarcelarlos, se les prohibió realizar tareas en las que deban estar en contacto con menores de edad. Tampoco pueden salir del país: hasta que el caso llegue a juicio oral y público el año próximo los ex detenidos deben fijar domicilio en la capital.

Sin embargo, para Nora Schulman –directora de Casacidn–, “si bien es legal su liberación, sabemos que los juzgados no tienen personal suficiente, más en feria judicial, para controlar que el acusado no intente conectarse con el niño que lo acusó o con otros chicos, por lo que creemos que esta libertad pone en peligro a la víctima”.