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Aunque la Justicia lo autorizó a estar con los chicos de la Fundación Felices los Niños, desde hoy Julio César Grassi no podrá verlos más, ni siquiera acompañado por la hermana superiora Zulma, que se hizo responsable de sus movimientos en la institución. Ayer, la subsecretaria de Minoridad bonaerense, Cristina Tabolaro, firmó una disposición que impide al sacerdote el contacto con los menores atendidos en la entidad. Se trata de una medida “precautoria”, para “resguardar a los niños”, según se aclara en el texto al que tuvo acceso Página/12. La orden está fundamentada en el mismo fallo de la jueza de Garantías que dejó en libertad al cura, que al procesarlo da por “acreditados” dos hechos de abuso deshonesto agravado reiterado y otros dos de corrupción de menores agravada, y “por justificada la existencia de indicios vehementes para sospechar que Grassi probablemente resultaría ser autor penalmente responsable de esos delitos”.
“Es una medida de prevención, que no se pronuncia sobre la responsabilidad de Grassi en los hechos. Pero nuestro norte es el interés superior de los niños”, explicó un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo que participó de la elaboración de la disposición, por la cual solicitó a las autoridades de la fundación que “implementen las medidas tendientes a impedir el contacto del padre Julio César Grassi con la población atendida en los programas de la entidad”. De esta forma, el gobierno bonaerense se pronunció sobre uno de los aspectos más polémicos de la resolución de la jueza Mónica López Osornio. Aunque le prohibió el contacto con menores “en lugares privados y a solas”, la magistrada le permitió transitar libremente por las dependencias de la fundación si lo hace acompañado de una persona que él designe –eligió a una religiosa del hogar–, y sólo en el horario de 8.30 a 18.30.
Ese mismo punto es uno de los que analiza apelar en los próximos días la fiscal de Morón Rita Bustamante, según pudo saber este diario. Pero no es el único. También estudia recurrir ante la Cámara de Apelaciones la prerrogativa que tiene la persona designada como responsable de los movimientos de Grassi dentro de la fundación para delegar su función en un tercero. “No es la libertad que se le concedió lo que agravia sino las condiciones en las que se la dio. Delegar en un tercero la responsabilidad sobre el cumplimiento de las cláusulas que se le impusieron puede ser un régimen demasiado amplio”, confió una fuente de la fiscalía.
Bustamante analizará, además, si pide que Grassi regrese tras las rejas por incumplir con uno de los compromisos asumidos ante la jueza para recuperar su libertad. El jueves por la noche, horas después de dejar la celda de la DDI de Merlo, el cura habría faltado a su palabra. El punto “f” de la resolución de López Osornio establece que no puede “referirse públicamente” a las víctimas de los hechos que se le imputan. Y el sacerdote habló sobre uno de ellos en dos programas de televisión (en La Información, de América, y en Edición Chiche, en Canal 9) y lo acusó de ser “mentiroso”.
La poderosa defensa de Grassi, en tanto, también prepara su apelación. Según precisó uno de sus abogados, recurrirán el primer punto de la resolución judicial, aquel que da por “acreditados” los dos hechos de “abuso deshonesto agravado reiterado en concurso ideal con corrupción de menor agravada por la condición de guardador del sujeto activo”, cometidos contra el joven que declaró bajo identidad reservada con el apodo de Gabriel. Y también, otro hecho de corrupción de menor relatado por el muchacho que testimonió como Ezequiel, quien aseguró haber visto al cura en su oficina manoseando a otro chico del hogar. La jueza López Osornio consideró a Grassi como probable autor de estos hechos, que el Código Penal castiga con más de 30 años de prisión.
En su segundo día bajo el régimen de libertad atenuada, el creador de la Fundación Felices los Niños visitó tribunales. Concurrió con su abogado Julio Virgolini al juzgado federal a cargo de María Servini de Cubría para ratificar una denuncia –presentada por su defensa mientras él estaba detenido– en la cual pide que se investigue la presunta falsedad de un documento exhibido semanas atrás por el noticiero de Canal 13 para aseverar que poco antes de caer preso, realizó un sugestivo viaje a Suiza, después de recibir una donación en Estados Unidos. Se trata de una supuesta constancia de Migraciones. El expediente fue remitido por Servini de Cubría a los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado para que dictaminen si corresponde abrir la investigación o si, por el contrario, sugieren su archivo. “No daré el brazo a torcer frente a mis difamadores”, aseguró el sacerdote que, a partir de hoy, deberá permanecer bien lejos de los chicos y adolescentes de la fundación.