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Ya se fijó fecha para el comienzo del juicio: será el 16 de junio. Ya estaba fijado el castigo, la pena de muerte, para el caso de que el jurado encuentre culpable a la acusada, María Rosa Marchán, de 24 años. Se la incrimina por el asesinato de un joyero cubano, en diciembre de 2001, con fines de robo, en complicidad con su novio, Esteban Calafell. Este último, de 34 años, volvió a la Argentina y la Justicia de Estados Unidos todavía no pidió su captura internacional. Si lo hacen, las leyes sobre extradición protegerían a Calafell de la condena a muerte. Claro que esta protección no rige para su novia, quien sigue detenida en la Florida en el marco de la más sórdida de las sórdidas historias que involucran a argentinos en Miami.
El 14 de enero de 2002, la policía de Miami encontró el cadáver del comerciante en joyas Agustín Morales, de 61 años, cubano, en el baúl de su propio auto, un Pontiac, que había sido hallado abandonado en un suburbio de la ciudad. La desaparición de Morales, quien vivía solo, había sido denunciada una semana antes por una empleada. En su testimonio, esta mujer recordó que, antes de desaparecer el 29 de diciembre, su patrón le había anunciado que se entrevistaría “con una joven que trabajaba en la cafetería de la calle 41”. Allí trabajaba María Rosa Marchán.
Según la investigación de la policía de Miami, Morales acostumbraba ir a esa cafetería a ofrecer su mercadería. “El le llevó sus alhajas, y ella lo invitó a que fuese a su casa”, según una fuente policial de esa ciudad.
María Rosa y Esteban alquilaban un departamento en el barrio de Hialeah, zona con predominio de negros e hispanos. Al llegar, el comerciante habría sido atacado desde atrás a martillazos por Calafell. La chica, además de actuar como señuelo, habría limpiado las manchas de sangre de la casa y ayudado a ocultar el cadáver en el baúl del Pontiac. El móvil habría sido el robo de joyas y dinero por un valor de unos 300 dólares.
Por lo menos, ésa es la versión que sostiene la fiscal del caso, Gail Levin, quien acusa a Marchán por homicidio en primer grado, calificación equivalente, en la legislación argentina, al homicidio calificado o agravado. En el estado de Florida, la pena para ese delito es la muerte. Desde el 16 de junio, un jurado de 12 personas escuchará los testimonios y evaluará las pruebas: si su veredicto es “culpable”, el juez Adam Murphy pronunciará la condena a muerte.
Marchán, detenida el 1º de febrero del año pasado, permanece presa en Miami. Según la policía de esa ciudad y la fiscal, en forma casi inmediata ella declaró que Calafell había matado a Morales. Posteriormente se negó a declarar. La fiscalía ofreció a Marchán cambiar la pena de muerte por una condena a no más de 20 años de prisión, a cambio de ratificar y ampliar la confesión que imputa a Calafell, pero ella se negó hasta el momento.
Calafell, por su parte, viajó a la Argentina a mediados de febrero de 2002. Hasta ahora no existe pedido de captura internacional en su contra, pese a que es el principal imputado por el crimen. Se cree que la fiscal espera hasta último momento, con la expectativa de que Marchán “se quiebre” y declare contra él, lo cual permitiría fundar mejor el pedido de extradición.
De todos modos, la ley argentina 25.126 establece que, en el caso de que en el país requirente rija la pena de muerte, ésta “no será aplicada o, en caso de que llegue la condena, ésta nunca será llevada a la práctica efectivamente”, ya que la legislación argentina no la contempla.
Según precisó ayer Darío Vezzaro, abogado de Calafell, “en diciembre pasado presentamos un hábeas corpus preventivo, para que el gobierno argentino solicite que la Justicia de Estados Unidos clarifique la situación de mi cliente”. En cuanto a la declaración de Marchán ante la policía de Miami, el abogado anticipó que “vamos a plantear la nulidad de ese testimonio” que incrimina a Calafell.