El juez de la Cámara Penal de Viedma Juan Bernardi quedó detenido ayer, procesado por los delitos de corrupción de menores y facilitación de la prostitución. El camarista está acusado de haber mantenido relaciones sexuales en una chacra de su propiedad con una adolescente de 17 años, que estaba alojada en un hogar para menores en situación de vulnerabilidad, a cambio de dinero y bienes materiales. En la causa también está involucrado el casero de su quinta, quien fue detenido con anterioridad. Otro hombre también implicado en la causa se suicidó después de conocer su imputación. El Consejo de la Magistratura de Río Negro aprobó un pedido de desafuero y Bernardi se entregó a la policía para cumplir con la prisión preventiva que dispuso la semana pasada la Justicia provincial.

El miércoles pasado, el juez penal a cargo de la causa, Favio Igoldi, dictó el procesamiento con prisión preventiva de Bernardi y pidió su desafuero. Ayer a la mañana se constituyó el Consejo de la Magistratura, que le retiró los privilegios para que se concretara la medida.

Durante la sesión del cuerpo, que encabeza la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Adriana Zaratiegui, participaron un camarista penal, tres abogados, tres legisladores y vecinos autoconvocados a modo de veedores de la constitucionalidad del proceso.

La resolución del Consejo de la Magistratura se adoptó por mayoría, con los votos favorables de los representantes de los colegios de abogados, de la Legislatura y del fuero penal. La presidenta del Superior Tribunal de Justicia se abstuvo de votar, al considerar que debía darse traslado previo al imputado para que pudiera ejercer su defensa.

“Esta es una situación inédita en los treinta años que llevo en el PoderJudicial, porque antes no hemos tenido casos con jueces con pedido de prisión preventiva”, aseguró Zaratiegui. “Es una situación particular respecto de la que se ha venido actuando en tiempo y forma sin ningún tipo de dilación ni privilegio”, agregó.

Una hora después de que se resolviera el desafuero, Bernardi se presentó en forma voluntaria en la Unidad Regional 1 de la policía provincial y quedó detenido. Todavía no se determinó el lugar donde cumplirá el arresto hasta ir a juicio, aunque ayer se especulaba con que se concrete en alguna unidad del Servicio Penitenciario provincial con vigilancia especial por su desempeño como juez penal.

En el procesamiento dictado por Igoldi, se le atribuye al juez Bernardi haber mantenido relaciones sexuales con la adolescente, que ejercía la prostitución, al menos en dos oportunidades, entre agosto de 2014 y febrero de 2015. Los encuentros habrían sucedido en la chacra del magistrado, ubicada en el camino al paraje El Cóndor.

“A Bernardi se le atribuye haber sido quien en su domicilio habría mantenido en varias oportunidades, no menos de dos, relaciones sexuales con acceso carnal con la misma menor, actos tendientes a corromper el normal comportamiento sexual de la menor y promover su ejercicio en la prostitución”, sostuvo el dictamen del juez Igoldi.

El casero de la chacra, Julio Antueque, fue acusado a su vez como “facilitador de actos de corrupción de menores y en concurso ideal como facilitador de la prostitución de una menor de edad” y se encuentra detenido desde la semana pasada.

Según el dictamen, “se atribuye a Antueque haber sido quien en varias oportunidades facilitó el acercamiento de una menor de 17 años de edad, quien ejercía la prostitución, al domicilio de Bernardi, ubicado en la chacra del kilómetro 16 de la ruta uno (en las afueras de Viedma) a los fines de que el juez mantuviera con ella relaciones sexuales con acceso carnal a cambio de la entrega de dinero y de otros bienes de valor”.

Igoldi pidió el arresto del juez y su casero por la elevada pena que puede caberles en una condena y la posibilidad de que intenten influir sobre el testimonio de la víctima o testigos.

La investigación, que comenzó con absoluta reserva el año pasado y lleva más de siete meses, se inició ante la denuncia de la madre de una joven alojada en el Centro de Atención Integral de la Niñez y la Adolescencia (Caina), que funciona en Viedma bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo provincial.

Luego de que cobrara notoriedad pública en marzo por trascendidos en medios periodísticos locales, el ahora ex ministro de Desarrollo Social, Ricardo Arroyo, confirmó el curso de las actuaciones judiciales. Pocas horas después, el juez Igoldi dispuso las imputaciones de Bernardi, Antueque y Fabián Peralta, un empleado de la cartera de Salud provincial de 38 años, que se suicidó de un balazo dos días después de haber recibido la notificación judicial.

Los vecinos autoconvocados por los derechos de los niños, que asistieron ayer a la sesión del Consejo de la Magistratura, expresaron su satisfacción por la resolución adoptada. “Nosotros venimos pidiendo garantías y esta es una acción que va en esa línea”, consideró Eugenia Cattáneo, vocera del grupo.

Además, señaló que “esto tiene que ver con el ejercicio de la justicia, las garantías para todos. La abstención de la jueza es coherente con lo que argumentó, pero nos sorprendió que su postura fuera desbaratada por los consejeros”.