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El jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, salió ayer a defender el decreto que restringió los lugares y horarios de venta de alcohol en la ciudad. En la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), mientras tanto, el mal humor se hizo más fuerte: los comerciantes evalúan presentar un recurso de amparo ante la Justicia para no perder el negocio de las bebidas alcohólicas, según adelantó a Página/12 el titular de la entidad, Eduardo Medaglia. Los maxikioscos que pretendan seguir vendiendo alcohol deberán tramitar una habilitación como despensa o almacén, aclaró Ibarra.
“Si no podemos vender el stock de bebidas que compramos para las fiestas de fin de año, ¿qué hacemos? ¿Lo tomamos nosotros? Son 30 mil las personas que dependen de 10 mil negocios porteños que perderían su fuente de trabajo. Si se quiere bajar la desocupación, ésta no es la mejor vía”, consideró Medaglia, quien calificó las nuevas medidas como “discriminatorias”. “Nosotros no fuimos consultados para nada sobre la reglamentación. O sea, no existimos. Perdimos participación en las decisiones. Y ahora tampoco nos quieren conceder ninguna entrevista para exponer nuestra situación”, agregó. Las críticas a la norma también llegaron ayer desde la Asociación de Estaciones de Servicios: “Esta ley es discriminatoria porque los automovilistas que van a la estaciones de servicio a cargar combustible y compraban alcohol ahora irán al almacén de al lado”, sostuvo el vicepresidente de la institución, José Ciaramella. “No soy un fundamentalista. Si quieren comprar alcohol, pueden consumir en cualquier momento en los lugares habilitados”, argumentó ayer Ibarra. En diálogo con Página/12, el jefe de Gobierno aclaró que “perderán vigencia las habilitaciones que tengan los maxikioscos de ‘expendio de bebidas alcohólicas, cervecería y whisquería’ y para ‘venta de alimentos y bebidas envasadas’” y explicó que si un maxikiosco quiere seguir vendiendo alcohol deberá tramitar un permiso para su local como despensa o almacén. “Pero tendrá que cerrar la apertura de la línea de edificación y perderá la venta al paso”, aclaró.
El polémico decreto creó la figura de “maxikiosco”, que hasta ahora no existía en el Código de Habilitaciones. Por esa razón, ese tipo de comercios funciona con diversos permisos que ampliaron el rubro más allá del tradicional kiosco. La nueva norma los define como el “comercio minorista que posea vidrieras o mostradores emplazados sobre la línea de edificación o próximos a ella, con acceso de público, que permita expender golosinas envasadas en forma directa a las personas dentro y fuera del local”. Por supuesto, tiene expresamente prohibida la venta de bebidas alcohólicas “cualquiera sea su graduación”.
El decreto de necesidad y urgencia firmado el martes por Ibarra prohíbe la venta de bebidas alcohólicas también en kioscos, estaciones de servicio y lavaderos de autos durante las 24 horas (incluso a través del delivery) y permite su expendio entre las 23 a 8 de la mañana en restaurantes, bares, pizzerías y discotecas, pero sólo para su consumo dentro de los locales o su entrega a domicilio. Ayer fue publicado en el Boletín Municipal y comenzará a regir al cumplirse 10 días hábiles. Pero los kiosqueros gozarán de un “período de adaptación”, durante el cual deberán ir retirando las bebidas alcohólicas de los locales. Según confirmó Ibarra, una vez que entre en vigencia y hasta fin de año, sólo se aplicarán “advertencias”, tal como adelantó ayer Página/12. Mientras, el gobierno porteño esperará que la Legislatura ratifique el decreto. Los diputados porteños tienen 30 días para convalidarlo, caso contrario, la norma perderá validez. En el gobierno porteño confiaban ayer en que la sanción no ofrecerá dificultades, sobre todo después de la “buena recepción” que –evaluaban– tuvieron las medidas en la opinión pública.
Una vez que termine el período de adaptación –si la aprobación legislativa se concreta–, comenzarán a aplicarse las sanciones. El control estará en manos de inspectores comunales y, como se trata de una falta, no intervendrá la Policía Federal. Las sanciones que se impondránirán desde multas –cuyo monto determinarán los jueces de faltas– hasta la clausura del local.