SOCIEDAD › UNA PISTA EN LOS ARCHIVOS DE ROMA SOBRE LA MASACRE DE SAN PATRICIO

Los sospechosos del Vaticano

El juez Torres acaba de enviar un exhorto para saber quiénes son los dos parroquianos excomunicados por su participación en la muerte de cinco palotinos el 4 de julio de 1976. La Iglesia mantiene el secreto desde hace casi cuarenta años.

 Por Alejandra Dandan

En abril de 1985, la revista El Periodista de Buenos Aires publicó un articulo con el título “El horrendo crimen de los cinco religiosos palotinos”. El artículo de Héctor Ruiz Núñez contaba que “según una importante fuente religiosa, dos personas encumbradas de Belgrano estarían tramitando ante la Santa Sede el levantamiento de sus respectivas excomuniones motivadas por haber propulsado en 1976 el asesinato de los religiosos”. El juez federal Sergio Torres, a cargo de la causa ESMA, acaba de enviar esta semana un exhorto al Vaticano para pedir la desclasificación de la información que pudiera haber sobre las identidades de esas personas. El próximo 4 de julio se cumplirán 40 años de la masacre de los palotinos de la parroquia San Patricio del barrio de Belgrano. Mientras existen trascendidos de que el Vaticano impulsa la declaración de los religiosos como mártires, en Buenos Aires se prepara una marcha para el 3, que saldrá de la ex ESMA a la iglesia del grupo de curas identificado con la Teoría de la Liberación y la Opción por los pobres que alternó las costumbres de la feligresía.

El exhorto al Vaticano salió del juzgado de Torres el martes vía Cancillería, encargada de tramitar el pedido. Fue dirigido al juez en turno que por jurisdicción corresponda a la Santa Sede, Estado de la ciudad Vaticana, con “el objeto de requerir su intervención y colaboración internacional” a los fines de solicitarle información sobre la identidad de esas dos personas por el asesinato de los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo José Kelly, Pedro Eduardo Dufau y los seminaristas Salvador Barbeito Doval y José Emilio Barletti. El articulo llegó al juzgado por una presentación de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos que consideran que en la Santa Sede podrían “hallarse importantes documentos que resulten útiles para la investigación”.

El exhorto cita en extenso el artículo de 1985, una investigación de Marcelo Pagliaro y Julio Villalonga que, según se cita, explica que esas dos personas pertenecían a la feligresía de San Patricio y que para entonces hacían un trámite en el Vaticano para que retire la sanción de excomunión. “El código de derecho canónico vigente en ese tiempo (1976) decía: ‘El que pusiere las manos en la persona de clérigos o religiosos de uno u otro sexo, cae ipso facto en ex comunión’. De ser exacta esta información se estaría frente a una fenomenal paradoja: mientras en Argentina los palotinos intentan impulsar la investigación para determinar a los culpables, una oficina del Vaticano (que opera bajo absoluta reserva) conoce sus nombres”.

Como en varios otros asuntos “de los últimos años, el Episcopado se equivocó en el tema de los religiosos palotinos. Sería una tarea fantástica –e inútil– intentar callar el crimen más horrendo de la historia de la Iglesia argentina. En una carta del 15 de enero de 1984, Raúl Barretta Lynch, sobrino del asesinado padre Kelly, señala a Adolfo Pérez Esquivel: ‘Aquellos que entraron esa noche a la parroquia San Patricio no cumplieron con lo que les habían ordenado: ellos están vivos para siempre jamás’”.

El crimen se produjo en la madrugada del 4 de julio de 1976. Los religiosos fueron muertos a tiros en la Parroquia. “La noche del crimen personas del vecindario vieron un automóvil Peugeot negro largamente estacionado frente a la Parroquia con cuatro hombres adentro y a un patrullero que se detuvo junto a ellos y luego se alejó”, según recuerda el exhorto. “Las primeras personas que entraron a la mañana a la parroquia encontraron sobre las paredes y en la alfombra leyendas que después fueron retiradas. Las leyendas decían: ‘así vengamos a nuestros compañeros de coordinación federal’. Y ‘esto les pasa por envenenar la mente de la juventud’. De la parroquia desaparecieron objetos y papeles”. El documento también recuerda un comunicado de la Conferencia Episcopal del día 7 de julio. Y las palabras que pronunció el 5 de julio el sacerdote asuncionista Roberto Favre: “Es necesario rogar a Dios no sólo por estas muertes sino por los innumerables desaparecidos que ocurren cotidianamente”.

La flaca posición de la Iglesia ante el asesinato de los palotinos fue investigada por el periodista Horacio Verbitsky. En julio de 2005, el periodista explicó que “el nuncio Pio Laghi y el cardenal arzobispo Juan Carlos Aramburu designaron al sacerdote Efraín Sueldo Luque para que investigara lo sucedido y redactara un informe con sus impresiones, en dos copias: una para el Vaticano, otra para la Curia y ninguna para la dictadura”. En el artículo, cita información de la embajada de Estados Unidos y documentos del Arzobispado de Buenos Aires sobre el caso. “Pese a lo que sabían, los obispos decidieron no confrontar con la dictadura y dar por buenas sus hipócritas disculpas”. Entre los datos, menciona un diálogo entre Aramburu y el entonces ministro del interior Albano Harguindeguy: “La Iglesia sabe sin lugar a dudas que los sacerdotes fueron asesinados por fuerzas de seguridad del gobierno”, dijo Aramburu. Harguindeguy intentó contestarle, pero Aramburu advirtió: “Sería mejor que no hiciera ningún comentario, ya que cualquier negativa sería una mentira”.

En marzo de este año, en el contexto de los 40 años del golpe y cuando Estados Unidos anunció una nueva desclasificación, el Vaticano anunció la desclasificación de sus propios archivos. El secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, Carlos Malfa, informó sobre la decisión luego de un encuentro con el Papa. Dijo que el “el ordenamiento” de la documentación archivada “llevará su tiempo” porque algunas “estaban más ordenadas y otras necesitan más atención”. El camino había comenzado a abrirse en los últimos años por varias gestiones como las de Lita Boitano, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, o de la procuradora Alejandra Gils Carbó. En 2005, Verbitsky decía que Jorge Bergoglio buscaba impulsaba la canonización de los palotinos para limpiar su imagen en el camino de ascenso al papado. Ahora Bergoglio es Francisco. No es posible confirmar que él impulse la designación de mártires de los palotinos pero existen trascendidos de que así sería.

En cuanto a las líneas de investigación de la causa judicial, el camino de la búsqueda de estos archivos papales recién ahora comienza a ser transitados. Esta causa comenzó durante la dictadura en manos del juez Guillermo Federico Rivarola. En 1989, el periodista Eduardo Kimel publicó La masacre de San Patricio, libro en el que describió que “la actuación de los jueces durante la dictadura fue, en general, condescendiente, cuando no cómplice de la represión dictatorial”. Y sobre el juez Rivarola dijo que “cumplió con la mayoría de los requisitos formales de la investigación, aunque resulta ostensible que una serie de elementos decisivos para la elucidación del asesinato no fueron tomados en cuenta. La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto”. Kimel fue querellado por el juez, que ya había ascendido a camarista. El CELS patrocinó su caso, hoy símbolo de la batalla por la libertad de expresión que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En 2013, el juzgado de Torres, que está a cargo de la causa ESMA, retomó la causa. Dos sobrevivientes de la ESMA habían denunciado que escucharon al marino Antonio Pernías jactarse de haber participado en el operativo de San Patricio. Esa línea fue reforzada por la confesión de Claudio Vallejos, un integrante del GT. En 2006, Torres procesó a 17 integrantes del Grupo de Tareas pero en la Cámara Federal Porteña revocó los procesamientos y dictó la falta de mérito al considerar que no había elementos para vincular a la ESMA. En 2012 el juzgado de Torres pidió la incompetencia, pero la Cámara le asignó una competencia provisoria. Desde entonces el juzgado genera medidas de prueba entre las que incluyen la revisión de la primera instrucción, la cita nuevamente de los testigos y el examen del espacio.

Días antes de la masacre, Kelly pronunció en San Patricio el sermón de las cucarachas. Tal vez en una de los bancos estaban sentados los dos feligreses que el juzgado está buscando. “Hermanos: he sabido que hay gente de esta parroquia que compra muebles provenientes de casas de gente que ha sido arrestada y de la que no se conoce su destino. En todo el país surgen más y más de estos casos. Madres que no saben dónde están sus hijos, hijos que no saben dónde están sus padres, familias forzadas al exilio, señales de muerte por todos lados. Leemos el Antiguo Testamento donde vemos al pueblo de Israel perseguido, maltratado y exiliado, nos conmovemos ante estos pasajes y no podemos conmovernos, no podemos reconocer en estos días, la persecución que sufre nuestro pueblo. Quiero ser bien claro al respecto: las ovejas de este rebaño que medran con la situación por la que están pasando tantas familias argentinas, dejan de ser para mí ovejas para transformarse en cucarachas”.

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