SOCIEDAD › AYER HUBO DOS INSPECCIONES A LA MINA; LOS ASAMBLEISTAS DE JACHAL, EN SAN JUAN, PIDEN SU CIERRE

Consecuencias del derrame, en continuado

Mientras los vecinos afectados por el derrame marcharon hasta la capital provincial para entregar un petitorio que reclama, entre otras cosas, el fin de la explotación de la Barrick, el gobierno y la Justicia inspeccionaron in situ.

 Por Nicolás Romero

Los asambleístas de “Jáchal no se toca” marcharon los 156 kilómetros que los separa de la ciudad de San Juan para entregar un petitorio a las autoridades provinciales, que no les concedieron una reunión para recibirlo. En el texto, que dejaron en las mesas de entradas de la Casa de Gobierno y la Legislatura provincial, los asambleístas piden el cierre de la mina Veladero, la “entera remediación del ambiente dañado” y que se dicte la prohibición para la llegada de otra explotación minera a la zona. Al mismo tiempo que eso sucedía en la capital provincial, en el yacimiento de la Barrick Gold se realizaban adelante dos inspecciones: en una, la Justicia buscaba documentación relacionada con el derrame; en otra, las autoridades provinciales procuraban verificar el avance de los trabajos de readecuación que debe realizar la empresa para que se levante la suspensión de las actividades.

La primera de las inspecciones estuvo a cargo del juez penal de Jáchal, Pablo Oritja; la del gobierno provincial –que a última hora de ayer aún no había terminado– fue encabezada por el ministro de Minería, Alberto Hensell, que estuvo acompañado por las nuevas autoridades del área de Gestión y Control Ambiental Minero, Eduardo Machuca y el secretario técnico Marcelo Maidana.

En diálogo con Página/12, el abogado de los asambleístas, Marcelo Arancibia, aseguró: “no somos optimistas”. “Pedimos el cierre de la mina y el respeto por el medio ambiente, y la respuesta del gobierno es el anuncio con bombos y platillos de una nueva mina, Constelaciones. Para dimensionar el proyecto: Veladero y Pascua Lama utilizan 490 metros cúbicos de agua por segundo y Constelaciones va a consumir 500”, remarcó.

El domingo a las 6 de la mañana, los asambleístas comenzaron a recorrer los 156 kilómetros que separan a Jáchal de la capital sanjuanina. Con un sistema de postas, hombres, mujeres y algunos niños, fueron avanzando hacia la ciudad, con banderas y pancartas con consignas en contra de la minería. A las nueve de la mañana de ayer llegaron a la ciudad de San Juan para hacer entrega del petitorio. Antes de dirigirse a la Legislatura y a la casa de Gobierno, la manifestación pasó por el edificio de la Corte de Justicia para repudiar al juez Oritja por su actuación. “Para ellos el oro vale más que la vida y para nosotros el agua vale más que el oro”, dijo uno de los manifestantes.

“Ante los reiterados derrames de cianuro y metales pesados en las nacientes del Río Jáchal, solicitamos el inmediato cierre del emprendimiento Veladero, la entera remediación del ambiente dañado y la prohibición de toda actividad futura que ponga en riesgo nuestro derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y que comprometa el de las generaciones futuras”, dice el petitorio.

Arancibia aclaró que la presentación “la hicimos por mesa de entradas, en la Legislatura y en la casa de Gobierno, porque no nos recibió nadie”. Pero, aclaró, “a diferencia de otras veces, sentimos mucho acompañamiento de la gente, hubo aplausos y bocinazo al paso de la marcha. Y la sensación de que hay un entendimiento, de que si se contamina es porque hay corrupción”.

Con la actividad de la mina suspendida, ayer por la mañana llegaron las dos inspecciones, acompañadas de un pequeño grupo de periodistas de medios televisivos y gráficos.

El juez Oritja subió acompañado de peritos y efectivos de Gendarmería Nacional, para secuestrar “la documentación que haya en relación al incidente”, según informaron fuentes cercanas al magistrado. Oritja buscaba “detalles de cómo fue la contingencia y las tareas de remediación realizadas”, y “el listado de las personas que estaban a cargo de la mina al momento del incidente”. Ayer no estaba descartado que el magistrado pudiera disponer el secuestro de parte de la cañería que resultó afectada y originó la salida de material que había estado en contacto con solución cianurada.

El otro abogado de la Asamblea, Diego Seguí, definió a la inspección judicial como “una puesta en escena”. “El derrame se produjo el 8 (de septiembre), y sube ahora, dieciocho días después. Las actas del Ministerio de Minería ya daban cuenta que se había reparado el caño que había generado el derrame y que las bermas habían sido elevada. Va a constatar lo mismo que constato Hensell hace una semana”, advirtió.

La inspección del Gobierno provincial, por su parte, procuraba observar el avance de “los trabajos de levantamiento del nivel de las bermas en 2,5 kilómetros del valle de lixiviación para evitar posibles futuros derrames”, informaron voceros oficiales.

El emprendimiento de la minera canadiense.

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Los manifestantes marcharon 156 kilómetros para entregar el petitorio en la Casa de Gobierno y en la Legislatura.
 
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