SOCIEDAD › MAS DE DIEZ MIL PERSONAS EN LA MARCHA POR EL ANIVERSARIO

Un pedido nacional para los Juárez

El secretario de Derechos Humanos de la Nación pidió a los que “están enquistados en el poder, que tengan un gesto último ante la sociedad de apartarse de su camino”. Luego se puso al frente de la multitudinaria marcha.

 Por Alejandra Dandan

Desde hace una semana, Santiago parece una ciudad sitiada. Un cerco extendido sobre ocho manzanas impide el tránsito en los alrededores de la casa del gobierno. Las vallas se han colocado incluso en torno de la casona amurallada del matrimonio que desde hace más de cuarenta años monitorea la estructura política de la provincia: la gobernadora Mercedes Aragonés, la Nina, y su esposo, el caudillo Carlos Juárez. En este momento ni siquiera aparecen. Algunos trascendidos los ubican en Buenos Aires. En sus lugares quedaron las vallas y un ejército de policías dispersos en toda la ciudad preparados desde hace días para controlar y vigilar la marcha del primer aniversario de los crímenes de La Dársena, una causa que comenzó como un caso policial y se convirtió en un boomerang para el gobierno. En ese centro político atenazado por las vallas y el ejercicio de vigilancia de las fuerzas de seguridad, el gobierno nacional instaló ayer un pie decisivo. Habilitó una delegación de la Secretaría de Derechos Humanos. Durante una improvisada conferencia de prensa, Eduardo Luis Duhalde, titular de esa cartera, le pidió a la Nina, sin mencionarla, que dé un paso al costado: “Les envío un mensaje a quienes están enquistados en las estructuras del poder que tengan un gesto último ante la sociedad de apartarse de su camino”. Duhalde y el secretario de Justicia, Pablo Lanusse, se pusieron al frente de la marcha, en la que participaron más de diez mil personas.
El día comenzó donde debía empezar: en la Dársena, en la zona donde hace exactamente un año Rosa Vergara, una buscadora de huesos de las afueras de Santiago, se topó con los restos de Leyla Bshier Nazar y el cuerpo de Patricia Villalba. Ayer a las diez de la mañana, sus padres caminaron hacia allí para colocar un monolito que a partir de ahora no sólo recordará los crímenes sino el proceso de apertura democrática que durante todo este último año comenzó a quebrar el régimen de dominación del juarismo.
Esa primera cita del día con el último capítulo de la historia política de Santiago marcó el resto de una jornada donde ya no se hablaba únicamente de los crímenes sino de las cuentas pendientes de la provincia con los casos de violaciones a los derechos humanos, aún, desde la época de la dictadura. En ese marco, aterrizó en la provincia un avión de Gendarmería con una delegación del Ministerio de Justicia. En el interior llegaban los secretarios de Justicia y Asuntos Penitenciarios, Pablo Lanusse, y el de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. Tal como lo anticipó Página/12 hace una semana, entre los objetivos de la comisión del gobierno nacional estaba la inauguración de una delegación permanente. Pero la apertura de las sedes no fue un acto protocolar sino rotundamente político. El mensaje de Duhalde destinado a “quienes están enquistados en las estructuras de poder” se dio poco después de la inauguración de la sede que, simbólicamente, quedó instalada justo frente a la casa de gobierno.
Hace siete meses el gobierno nacional había comenzado a hacer un informe sobre la situación de vulnerabilidad de los derechos humanos en Santiago y sobre lo que más tarde definió como la “falta de independencia del poder judicial respecto del poder político”. El balance de lo que sucedió desde allí en adelante formó parte ayer de los discursos cuidadosos pero al mismo tiempo intensamente críticos con los que se inauguraba el bunker de Nación: “Desgraciadamente –dijo Duhalde– debemos decir que no hemos visto que se haya mejorado la situación observada en los informes: es más –agregó–: en los últimos días vimos aumentar las denuncias provocadas por la estructura del poder político y judicial”.
Parte de las denuncias mencionadas por Duhalde fueron el resultado de las visitas que mantuvo durante las primeras horas del día con la jueza María del Carmen Bravo, a cargo de la última fase de la investigación del doble crimen de La Dársena y autora del procesamiento y la prisión preventiva del ex comisario Musa Azar, el hombre denunciado en el Nunca Más y que capitaneó la Secretaría de Informaciones de Santiago desde 1995 hasta el año pasado. De acuerdo a fuentes consultadas por Página/12, la jueza Bravo ahora es parte de un tendido de presiones judiciales disparadas por la Cámara de Apelaciones y alentadas, presuntamente, por el propio ex comisario Musa Azar.
Pero la jueza Bravo no es el único caso de un sistema de terror que sigue vigente. El contestador del canal de cable Express local recibió durante la mañana una amenaza dirigida a Leonardo Rodríguez, uno de sus periodistas: “Pará de tirarte contra La Señora porque vas a terminar debajo de un tendido de diarios”, dijeron. El local de uno de los grupos de artistas nucleados en el centro cultural El Atelier, de La Banda, ayer amaneció complemente destrozado. Sus integrantes se habían comprometido en una actividad que molestó a quienes propinaron los destrozos: formaron parte del grupo que trabajó para la instalación de la nueva sede de la Secretaría. La flamante titular de ese organismo es Cristina Torres, una de las ex detenidas políticas de la dictadura. En diálogo con Página/12, dijo: “No sufrimos presiones directas pero sí ese tipo de aprietes colaterales”.
La marcha del silencio que comenzó poco después mantenía la tónica de estos reclamos destinados a exigir un Nunca Más en el territorio de los Juárez. A metros de un puente que cruza el río Dulce y que separa la ciudad capital de La Banda, los que marcharon se detuvieron para colocar una placa: no sólo están ahora allí los nombres de las dos chicas de La Dársena, sino el listado de los desaparecidos políticos de la provincia. Jounes Bhsier, el padre de Leyla, esperó la columna en ese lugar. Llevaba puesto un turbante en la cabeza como lo hizo tiempo atrás, cuando se hacía la primera marcha. “Este turco se va a poner su turbante –le dijo a este diario– cada vez que vuelva a pedir justicia por mi hija.” Justicia por la muerte de Leyla porque aún, explicó, mantiene cuentas pendientes: “Tengo un montón de cosas pero hasta el momento no tengo nada”. Bshier sostiene que no están presos todos los responsables del crimen. Pero tampoco tiene paz para la memoria de su hija: “En una semana me darán los huesitos, voy a poder enterrar su cuerpo pero vamos a ver cuándo tendrá descanso su alma”.

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Duhalde y Lanusse, junto a los familiares de Leyla y Patricia, encabezaron la multitudinaria marcha.
 
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