SOCIEDAD › RITA MOLINA DEFENDIO SU ACTUACION Y DENUNCIO FALTA DE APOYO

Una fiscal con su propia defensa

La responsable del caso Garnil negó haber obstaculizado la investigación. Las claves de la polémica por el secuestro de Nicolás.

 Por Raúl Kollmann

La fiscal Rita Molina se defendió ayer de las acusaciones por ineficiencia e incluso por obstaculizar la investigación del secuestro de Nicolás Garnil, aduciendo que nunca negó una orden de allanamiento y que tiene apenas ocho empleados en una fiscalía encargada –entre otras cosas– de los casos de secuestro que ocurren en la zona de San Isidro, que es donde más secuestros extorsivos se produjeron en los meses recientes. De hecho, la Procuración aceptó de antemano este último diagnóstico, ya que el martes designó un nuevo fiscal para que se hiciera cargo de la Unidad Antisecuestros y resolvió dotar de más personal a esa dependencia para que asista a todos los fiscales en los casos de secuestros. Al mismo tiempo, la fiscal Molina reflejó una polémica que se está volviendo a instalar: si se deben allanar aguantaderos mientras el secuestrado está cautivo o si se debe interrumpir el pago del rescate deteniendo al integrante de la banda que recoge el dinero. En los ámbitos judiciales y policiales de San Isidro, Molina es criticada porque se evalúa que no tiene ni la personalidad ni los conocimientos necesarios para estar en un cargo de tanta responsabilidad y al que llegó mediante decreto firmado por el ex presidente Carlos Menem.
1La fiscal Rita Molina aseguró que ella en ningún momento negó órdenes de allanamiento y detención después de la liberación de Nicolás. ¿Es cierto?
No está claro. Quienes la acusan son fuentes policiales y algunos funcionarios del Ministerio de Seguridad bonaerense. En general, debe decirse que la policía invariablemente anuncia que tiene a los secuestradores identificados y ubicados y luego sucede que se producen algunas detenciones y la gran mayoría recupera la libertad. Al mismo tiempo, el dinero del rescate no aparece en el 90 por ciento de los casos. La propia Molina dijo que del último secuestro famoso, el de Cristian Ramaro, quedan cinco detenidos y se recuperó gran parte del botín. Esa información es muy parcialmente cierta: el único detenido de relevancia, de apellido Santos, fue detenido de casualidad cuando entró a la villa Cri-Cri llevando en el baúl a otros dos secuestrados. El delincuente iba acompañado de otros tres cómplices, que huyeron. Además de Santos, sólo están detenidas otras dos personas, a las que se les encontró muy poco dinero del pago del rescate y un auto comprado con esa plata sucia.
2 ¿Cuánta eficiencia exhibió Molina en el caso Garnil?
Por de pronto, en medio del secuestro se tomó vacaciones, cuando una situación tan dramática ameritaba un seguimiento muy de cerca de las cosas. Dejó a cargo a su adjunta, también cuestionada por sus deficiencias en materia de personalidad, experiencia y conocimientos.
3 ¿Tiene entonces Molina parte de la responsabilidad en el hecho de que no se ha podido detener a los secuestradores?
Los comisarios que investigan el caso afirman que sí, ella dice que no. En todo caso, se sabe en todos los ámbitos judiciales que la fiscalía a cargo de Molina iba a protagonizar una debacle en cualquier momento. Tanto porque ella no era la persona adecuada para estar a cargo de la investigación de secuestros como por la falta de estructura para hacerlo. La Procuración, que es la jefatura de los fiscales, puso manos a la obra no bien asumió Righi y por ello reactivó la Unidad Antisecuestros, pero el problema se arrastra desde abril y debió ser solucionado muchísimo antes.
4 ¿Tienen razón quienes cuestionan a Molina?
Lo cierto es que poco podía hacer la fiscal en una fiscalía tan debilitada y con tan poco personal, pero al mismo tiempo su falta de idoneidad –según se afirma en San Isidro– también jugó un papel de importancia. Molina era la ex esposa del gobernador de Santa Cruz Arturo Puricelli, eterno rival de Kirchner en la provincia. Además, es hermana de un senador. Tras la derrota de Puricelli y su posterior muerte, Molina quedó a la deriva en un cargo menor en la Justicia santacruceña y desde allí fue elevada a la Fiscalía de San Isidro en tiempos de Menem. El Senado dio su visto bueno en bloque a todos los fiscales designados por el riojano, de manera que Molina nunca fue examinada por el Consejo de la Magistratura ni tuvo que pasar examen alguno.
5 ¿Se refuerza ahora la actividad antisecuestros con la nueva Unidad Fiscal?
Sí, sin duda. La designación de Juan Manuel Sansone, un fiscal que actuó en la investigación contra el juez Trovato y el suicidio de Walter Olmos, pone a un nuevo protagonista en acción, acompañado de una dotación de secretarios, personal y medios que actuaron en época de su antecesor, Jorge Sica. ¿Es suficiente? Hay especialistas que dicen que no, que el secuestro es un delito enloquecedor para quien lo investiga: en el caso Garnil, por ejemplo, hubo 70 llamadas falsas, hay que escuchar grabaciones al por mayor, el fiscal debe estar atento las 24 horas y la propia policía trae numerosas pistas que se deben trabajar. Por eso los expertos dicen que se debe poner un equipo de fiscales.
6 Molina dice que no existe política de Estado en materia de secuestros y que esa política debe quedar definida por el gobierno nacional y el bonaerense.
El presidente Kirchner y su ex ministro Gustavo Beliz dieron un lineamiento general: preservar la vida del secuestrado. En eso diferían con el ex fiscal Jorge Sica, que siempre sostuvo que el Estado debe hacer cesar el delito, o sea, detener a los secuestradores, impedir los pagos, aunque ello implique, de hecho, que corra cierto riesgo la vida del secuestrado. Juan Carlos Blumberg estuvo en este punto de acuerdo con Kirchner y con Beliz y chocaba con Sica. Sin embargo, hace ya cuatro meses, cuando se presentó el plan de seguridad, se dijo que se haría un protocolo de actuación respecto de los secuestros, es decir una especie de guía para todos los funcionarios judiciales y policiales que tuvieran que intervenir en ese delito. Ese protocolo nunca vio la luz. La idea general es que la familia del secuestrado tenga la última palabra en los pasos que se den, pero lo cierto es que hasta hoy no está definido si existirá o no un lineamiento, una especie de normas de actuación en caso de secuestro, como se habían anunciado.

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La fiscal Rita Molina dijo que tiene poco personal y presupuesto para los casos que debe investigar.
 
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