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Todos los chicos encerrados en institutos de menores por causas “asistenciales”, y no penales, serán “liberados” si se sanciona el proyecto de ley de protección integral de la infancia impulsado en Diputados por la justicialista Hilda “Chiche” Duhalde. La cláusula fue incorporada ayer a propuesta de la diputada del ARI Laura Mussa, durante el plenario de comisiones que analizó la iniciativa. A pesar de que se le hicieron modificaciones, el proyecto sigue siendo resistido por organizaciones defensoras de derechos humanos y de la infancia.
Al plenario de las comisiones de Familia, Justicia y Legislación General concurrió el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, quien, de alguna forma, bendijo el proyecto. La iniciativa cuenta con el apoyo del bloque del PJ y está previsto que se trate en la sesión de hoy o en la de la semana próxima. Tal como adelantó ayer Página/12, ONGs que trabajan por la niñez y entidades como Unicef cuestionaron el texto porque mantiene la posibilidad de que los jueces decidan sobre la vida de chicos en situaciones sociales de riesgo, violando así principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Mussa y Marcela Rodríguez, por el ARI, y María Elena Barbagelata, por el socialismo, no acompañaron el dictamen de mayoría. El bloque radical señaló disidencias parciales.
La reforma de la legislación de infancia es una deuda de casi 15 años del Congreso. Se deben adecuar las leyes a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. “Para derogar el sistema tutelar del viejo patronato se requiere una modificación profunda del sistema y no cambios de forma que consientan que las cuestiones de fondo se conserven igual”, consideró Mussa, en diálogo con este diario. Actualmente, los jueces de menores pueden ordenar el encierro en un instituto de los chicos con carencias materiales. Las entidades de derechos de la infancia reclaman que la nueva normativa impida la intervención de los magistrados en este tipo de casos, que deberían ser resueltos –consideran– a partir de la instrumentación de políticas públicas desde los municipios y los gobiernos provinciales.
Aunque ayer se realizaron modificaciones al proyecto de Duhalde, la iniciativa todavía mantiene la posibilidad de que los jueces de menores decidan sobre la vida de los chicos pobres. A sugerencia de Mussa se incorporó una cláusula que establece la “liberación” de todos los chicos “institucionalizados” por causas “asistenciales” (no penales), cuyos casos deberán ser atendidos por las áreas de desarrollo social de cada jurisdicción.
“Es un proyecto muy ambiguo y peligroso”, consideró Barbagelata, al ser consultada por Página/12. “Vamos a tener que trabajar para mejorarlo en el Senado y a través de las reglamentaciones de cada provincia”, se resignó María Elena Naddeo, titular del Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes porteño, al finalizar el plenario de las comisiones. Entre otros puntos, se eliminó ayer un artículo que preveía sanciones a los padres que vulnerasen los derechos de sus hijos.