SOCIEDAD › UN INSOLITO CASO EN EL QUE QUEDO ENVUELTO UN CURADOR OFICIAL

Alicia en el país de las maravillas

Durante 11 años en las Curadurías Oficiales siguieron cobrando el alquiler de una propiedad de una mujer declarada insana, sin rendir cuentas del dinero. En la Defensoría General conocen el caso desde hace más de un año, pero recién en abril abrieron un sumario.

 Por Andrea Ferrari

Alicia Fernández fue declarada insana hace más de veinte años y vive en el Pequeño Cotolengo Don Orione, de Claypole. Pero para la Justicia Alicia dejó de existir durante once años: en ese período su expediente se extravió. Ningún juez se hizo cargo de ella, ningún médico forense constató su estado de salud, ningún asistente social la fue a visitar. Donde no la olvidaron, sin embargo, fue en las Curadurías Oficiales, pero sólo para cobrar puntualmente los alquileres de un local que la mujer posee en Belgrano, aunque no rindieron cuentas de ese dinero ante la Justicia. El insólito caso salió a la luz en el año 2003 por la denuncia de una sobrina y se abrió una causa penal contra un curador. Sin embargo, el defensor general de la Nación, Miguel Angel Romero –de quien dependen las Curadurías–, recién emitió una resolución ordenando la apertura de un sumario interno el pasado 5 de abril, más de un año después de conocer el caso, y precisamente seis días antes de que una investigación de este diario diera a conocer las graves irregularidades que se habían detectado en las Curadurías.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó el último 5 de mayo treinta cargos contra Miguel Angel Romero. Tres de ellos hacen mención a esas irregularidades en las Curadurías. Esos hechos se conocieron con una auditoría encargada por el ex interventor Marcelo Jalil: allí se vio cómo varios curadores –funcionarios designados por la Justicia para ocuparse del bienestar y el patrimonio de los insanos– manejaban sus bienes arbitrariamente: en algunos casos se desconocía el destino del dinero extraído de sus cuentas, en otros sus propiedades eran alquiladas por precios mínimos a empleados de las Curadurías o sus familiares.
En respuesta a la investigación de este diario, la Defensoría General envió días atrás escritos y documentación (ver aparte). Allí figura la resolución donde, el 5 de abril, Romero ordena la apertura de una “prevención sumaria” para aclarar la situación de Héctor Siga en el caso de Alicia Fernández. En verdad, el caso se conocía al menos desde diciembre de 2003 y ya en marzo de 2004 el ex defensor de menores ante las cámaras, Alejandro Molina –quien por entonces ejercía tareas de “superintendencia” de las curadurías– había presentado un escrito solicitando la apertura de un sumario por la notoria falta de explicaciones de Siga. Por un año no hubo respuesta. Héctor Siga ostenta el cargo de subdirector general de las Curadurías.
Pero todo en el caso de Alicia Fernández tiene características insólitas. En 1992, el juez Lucas Aon, que tenía su expediente, se declaró incompetente, ya que Alicia vivía en Claypole y envió las actuaciones a Lomas de Zamora. Sólo que allí también se declararon incompetentes y pretendieron devolver todo a la Capital. En el camino, el expediente se perdió. Entre 1992 y 2003, el caso de Alicia no estuvo en ningún juzgado.
Las cosas se movieron recién cuando su sobrina Stella Maris Fernández se presentó a reclamar, en septiembre de 2003: dijo que su tía no estaba recibiendo dinero en el Cotolengo. Resultaba ser que nadie sabía quién tenía el expediente, pero los alquileres se cobraban igual: unos 800 pesos mensuales por el local de la calle Moldes de su propiedad. Hay que tener en cuenta que un curador sólo actúa por decisión de un juez y le debe rendir cuentas una vez al año.
En el escrito presentado ante el Juzgado 25, Fernández sostiene que su hermana Sandra fue a ver al curador Siga, quien le manifestó “que Claypole quedaba muy lejos, que la plata quedaba en Tesorería y que no quería verla más por ahí”. Luego le dio un número de cuenta del Banco Nación, que no tenía ningún movimiento. Tras esta presentación, el juzgado envió un escrito a Siga el 29 de septiembre donde le solicitó que en un plazo decinco días informara los detalles de su intervención en el caso Fernández. Siga hizo silencio. El 18 de noviembre, el juzgado decidió reiterar el oficio: otra vez le dio cinco días. En honor a su nombre, Siga siguió haciendo silencio. Luego de recibir un nuevo reclamo en marzo de 2004, finalmente Siga presentó un escrito donde dice que sólo fue curador de Alicia durante dos años, en reemplazo del titular Julio Alconada, quien estaba de licencia. Pero lo realmente increíble viene después: a seis meses del pedido inicial del juzgado, Siga no podía presentar aún la rendición de cuentas porque, según explicó, no se la daban en la Tesorería, pese a que la había pedido varias veces. En el expediente figura otra perla: un escrito de la tesorera Nora Machicote, donde confirma que no pudo realizar la rendición en tiempo y forma “por falta de recursos humanos”, pero que “de haber sido requerida la documentación por el Sr. Curador para efectuar él mismo la mencionada rendición, no existía ningún impedimento de hacerlo”.
Meses después finalmente se presentó una rendición, “confusa e incompleta”, según el abogado Miguel Ortiz, que representa a la sobrina de Alicia, y quien terminó iniciando una demanda penal por defraudación contra Siga, que quedó radicada en el Juzgado de Instrucción 10, pero luego éste se declaró incompetente. “Cobraron alquileres del local y realizaron una división del dominio sin que nadie lo autorizara –dice Ortiz–. No le mandaban dinero a la señora ni lo rendían ante la Justicia.”
El curador Alconada, en un escrito interno dirigido a la Defensoría, que fue adjuntado al expediente, sostuvo en mayo de 2004 que todo estuvo bien hecho y que hay una caja de ahorro con un saldo de nueve mil pesos. “Es una cuenta a nombre de un juez que dejó de actuar más de diez años atrás. Además, ¿al cabo de diez años nueve mil pesos?”, se pregunta Ortiz.
¿Y Alicia? Sigue en Claypole, donde recibe una pensión del PAMI de cuya gestión se ocupa un sacerdote. Con suerte, no se entera del país de las maravillas que la rodea.

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El defensor general de la Nación, Miguel Angel Romero, enfrenta treinta cargos para el juicio político.
 
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