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El escándalo en Mar del Plata alcanzó su máximo nivel, después de que el juez Pedro Hooft ordenara ayer la detención de diez policías y cuatro civiles, acusados de participar de una amplia red de prostitución. Pero la frutilla del caso la dio el procesamiento y llamado a indagatoria del fiscal federal Marcelo García Berro, acusado de encubrimiento y falso testimonio. Hooft, que investiga la desaparición de tres prostitutas, considera que reunió pruebas suficientes para determinar que García Berro mantenía contactos permanentes al menos con una de ellas (Verónica Andrea Chávez). “El nivel de llamadas (del fiscal) excede lo que podría ser un interés sexual”, sostuvo el procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Matías de la Cruz. “Sí, a una de ellas la conocí ocasionalmente”, respondió García Berro, y adjudicó la citación al hecho de ser fiscal en el Juicio de la Verdad, durante el que Hooft fue denunciado por familiares de desaparecidos.
Más de una veintena de desapariciones, la mayor parte de prostitutas, inicialmente se adjudicó a un inexistente Loco de la Ruta. El juez penal marplatense Pedro Hooft inició la investigación de tres casos, el de Ana María Nores, desaparecida en julio de 1997; Silvana Paola Caraballo, en octubre del mismo año; y Verónica Andrea Chávez, en enero de 1998.
“Las investigaciones se realizaron en el entorno de estas víctimas –señaló De la Cruz– y se centraron en los meses previos a las desapariciones. En estas pesquisas, quedó clara la vinculación de un grupo de gente, civiles y policías, que tuvieron intervención directa en las relaciones entre estas tres personas.”
Y agregó: “El fiscal tenía una vinculación casi pública con una de las desaparecidas (Verónica Chávez) y más tarde se comprobó que en su declaración de 1998 no había dicho toda la verdad, ocultando información significativa. Se constató que también había omitido detalles según pudo comprobarse por entrecruzamientos telefónicos durante esos años con la gente a la que se pidió la detención”. Hooft anuló la declaración anterior de García Berro, lo procesó por encubrimiento y falso testimonio, y lo citó a indagatoria.
El fiscal, por su lado, molesto porque se enteró a través de la prensa, respondió: “Es la primera noticia que tengo”. Admitió además haber tenido contacto con una de las desaparecidas (“Sí, la conocí ocasionalmente”, dijo) y atribuyó su procesamiento a una devolución de gentilezas: “Creo que en esta citación hay algunos intereses extrajudiciales que nada tienen que ver con el expediente. No descarto que tenga que ver con que soy fiscal en el Juicio a la Verdad”. Durante algunas audiencias de dicho juicio, Hooft, quien era juez durante la dictadura, fue denunciado por varios testigos que aseguraron que no había dado curso a amparos presentados por familiares de desaparecidos.
Además de la citación a indagatoria de García Berro, Hooft ordenó la detención de dos oficiales y ocho suboficiales de la Bonaerense y cuatro civiles, por asociación ilícita y extorsión a prostitutas que trabajaban en la zona roja del barrio La Perla. De la Cruz informó que se determinó que los policías “ejercían el control diario de prostitutas, registraban las chapas de los clientes, su seguimiento hasta las viviendas, y el cobro compulsivo de cien pesos semanales a las prostitutas de la calle. Las amedrentaban y concurrían a los prostíbulos a cobrar dinero para permitir su funcionamiento. Se comprobó que algunas de las mujeres y travestis estaban privados de su libertad ambulatoria y eran obligados a ejercer la prostitución con castigos corporales y amenazas, y además se les retenía el documento”.