SOCIEDAD › TIRONEO ENTRE LA JUSTICIA PORTEÑA Y LA NACIONAL

La Corte decidirá sobre competencias

 Por Eduardo Videla

La Corte Suprema de la Nación debe resolver un conflicto de competencia entre las Justicias nacional y porteña, por el trámite de causas penales por delitos menores. Se trata de casos que, según un convenio firmado hace tres años por los Ejecutivos nacional y porteño, deberían ser juzgados en tribunales de la ciudad, pero la transferencia no pudo concretarse por falta de ratificación del Congreso nacional. La decisión no es menor, ya que está en juego nada menos que la autonomía de la ciudad, en un tema como la Justicia, que no interesó tanto en la campaña electoral como el traspaso de la policía. En ese diferendo, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, dictaminó que la Justicia porteña aún no está en condiciones de investigar estas causas penales.

La ciudad tiene desde hace años competencia penal sobre dos figuras del Código Penal, la tenencia y la portación de armas. Fue por un acuerdo ratificado en el Congreso. En 2004, Néstor Kirchner y Aníbal Ibarra firmaron otro convenio para transferir el tratamiento judicial de otros delitos: lesiones en riña, abandono de personas, exhibiciones obscenas, amenazas, usurpación, entre otros. Pero este convenio nunca fue ratificado por el Congreso.

El conflicto se inició cuando el juez en lo Correccional (nacional) Luis Schlegel se desprendió de una causa por “violación de domicilio” y la giró a la Justicia porteña. Allí, el juez en lo Contravencional Horacio Aostri también se declaró incompetente. Fue entonces que la causa llegó a la Corte.

“La resistencia al traspaso tiene razones políticas más que jurídicas”, cuestionó el juez Marcelo Vázquez, miembro de la Cámara Contravencional porteña. “La situación institucional de la ciudad y la Constitución nacional indican que la ciudad debería tener todas las competencias”, agregó. Aunque no hay acuerdo entre los jueces porteños sobre si el traspaso está vigente o no, todos coinciden en que la ciudad “cuenta con recursos humanos y materiales, además de un Código Procesal de avanzada, que entra en vigencia el 25 de este mes”, dijo el juez Aostri a este diario.

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