SOCIEDAD › OPINIóN

Rescatemos Puerto Pibes

 Por Gustavo Lesbegueris *

Como ha venido informando Página/12, Puerto Pibes es un programa del gobierno porteño que se implementa desde 1989 en un complejo emplazado en un predio de dos hectáreas ubicado en Costanera Norte, presentado oficialmente como “una oferta recreativa y turística educativa de calidad para niños, niñas y adolescentes con necesidades básicas insatisfechas”.

El complejo cuenta con un parador con 120 camas, comedor, salones de usos múltiples, gimnasio, vestuarios, quinchos, zona de acampe y amplios sectores parquizados. Miles de chicos/as de la ciudad y del interior de país conocieron Puerto Pibes y disfrutaron de sus instalaciones y propuestas, entre ellas, los cursos de Líderes Recreativos Comunitarios y los Campamentos Escolares, en los que durante dos días realizan actividad de camping alumnos de escuelas ubicadas en las denominadas Zonas de Acción Prioritaria (ZAP).

En los últimos tiempos se fue desatendiendo progresivamente el programa, lo que trajo aparejado el deterioro de las instalaciones y afectó la prestación de los servicios que se venían brindando. Baste como ejemplo de esta situación el corte total del suministro de gas por más de dos años. Así, de 11.000 niños y adolescentes que se alojaron en el complejo en 2006, se recibieron poco más de 4000 en 2007 y en 2008 sólo se llevaron a cabo actividades de acampe y los cursos.

En lugar de sostener el espacio y potenciar el Programa –vale la pena recordar, definido desde los “Fundamentos” que le dieran origen como “la única oferta de turismo educativo, social y recreativo destinado a diferentes grupos poblacionales que, sin este servicio, no tendrían acceso”–, el gobierno de la ciudad decidió este año cederle sus instalaciones a la futura policía metropolitana. Asimismo, y a fin de atender los naturales resquemores planteados por la comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº 11 D.E. 10º Indira Gandhi y del Jardín de Infantes que comparten el mismo predio con el complejo como consecuencia de la presencia de agentes armados en el lugar, los funcionarios que impulsan la medida proponen construir un paredón para delimitar sectores.

No son precisamente nuevos muros lo que necesitamos levantar, sino programas como Puerto Pibes, pensados para brindar atención y posibilidades de recreación a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Si la “impronta” es la marca o huella que, en el orden moral, deja una cosa en otra, las autoridades deberían reflexionar acerca de la carga simbólica que importa esta opaca cesión en ciernes en términos de rasgo de identidad de la naciente policía metropolitana.

La pretendida justificación esbozada por el jefe de Gabinete con fundamento en la distancia del complejo con relación a los barrios donde habitan los sectores sociales más postergados de la Ciudad, se relativiza a partir de la matrícula de alumnos/as de las escuelas que comparten el predio, provenientes en su gran mayoría de las villas 31 y 31 bis, al tiempo que devela una línea argumental sesgada a segregaciones y apartamientos.

El consenso alcanzado a nivel normativo acerca de priorizar “el interés superior del niño” en el marco de las políticas públicas aparece comprometido cuando se impulsan medidas como la que estamos cuestionando. Sería interesante en tal sentido que los/as candidatos/as (incluidos/as los/as del oficialismo, por supuesto) que aún no conocen Puerto Pibes, se aproximaran al lugar y dieran a conocer, de cara al electorado, su opinión acerca de este despropósito próximo a consumarse.

* Area de Derecho a la Educación. Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires.

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