SOCIEDAD

La opinión de tres especialistas en minoridad

- Nora Schulman (Vicepresidenta del Comité Argentino de Seguimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño): “Es terrible pero es algo que lamentablemente puede pasar: un profesional que está prejuzgando sin indagar sobre cómo está el chiquito y sin consultar a los padres. Lo terrible es que cualquier profesional se atribuya el poder de pasar por encima de la patria potestad de los padres. Por otro lado está el poder de los jueces de menores que se amparan en una legislación de la dictadura militar porque no quieren perder poder y porque tienen intereses económicos. Es una aberración y un caso de discriminación que no se puede dejar pasar. Por eso desde el Comité vamos a pedir un informe sobre esta profesional, que debería ser sancionada por su actitud. El chico estaba con la persona de confianza de sus padres, sea travesti o quien sea, es la persona que su papá y su mamá eligieron para que cuide a su hijo. Ahí no puede meterse ningún juez. Menos aún tomar la decisión de internarlo y separarlo de su familia sin siquiera considerar el interés y el bienestar del chico”.
- María Elena Naddeo (Presidenta del Consejo de los Derechos del Niño de la Ciudad de Buenos Aires): “Nosotros creemos que la intervención judicial fue absolutamente equivocada porque, en todo caso, lo que debería haberse hecho, ya sea desde el equipo profesional del hospital y, más aún desde la Justicia, es hacer un informe socioambiental sobre la situación familiar del chico. Acá se actuó con un prejuicio basado en que una persona travesti no puede acompañar al chico. Ser travesti es sólo una condición sexual que de ninguna manera determina la capacidad moral para cuidar a un niño. Fue una decisión muy apresurada y equivocada porque no se puede encerrar a un chico existiendo una familia, un padre y una madre que conocen y confían en la capacidad de una persona con quien tienen un vínculo familiar y afectivo para que cuide a su hijo, donde nada tiene que ver la identidad sexual de esa persona que no es ni mejor ni peor que la de un heterosexual, sólo ha hecho una elección diferente”.
- Lucila Larrandart (Titular de Derecho Penal de la UBA. Jueza del Tribunal Oral Superior de San Martín): “Esto es una consecuencia de los poderes omnímodos que tienen los jueces para disponer de la vida de los chicos a su criterio, a su juicio valorativo, amparados por una legislación de principios de siglo. Es muy grave la arbitrariedad de privar a un chico de la libertad, pero es mucho más grave que esa arbitrariedad esté permitida por la legislación. No es privación ilegal de la libertad porque el juez puede hacer lo que quiere, también aplicar la ley discriminatoriamente, con un prejuicio hacia la sexualidad y hacia la pobreza. La peor solución para cualquier chico es la internación, sobre todo a los dos años, porque puede tener consecuencias para toda la vida. En cuanto aparecen los padres de un menor y expresan cuál es su voluntad, el juez ya no tiene nada qué hacer. Si este nene hubiera vivido en Recoleta y los padres fueran ejecutivos en lugar de cartoneros, el travesti se lo hubiera llevado del hospital sin problemas”.