SOCIEDAD › EL COORDINADOR DE SEGURIDAD DEMOCRATICA Y VIOLENCIA INSTITUCIONAL DEL CELS

“Dejar de perseguir al consumidor”

Manuel Tufró critica duramente las políticas punitivas y recomendó pensar en la reducción de daños, además de evitar tragedias como la de Costa Salguero. La despenalización y el fin del paradigma de la “guerra”.

 Por Carlos Rodríguez

En diálogo con Página/12, Manuel Tufró, coordinador del área de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), criticó la política punitiva del gobierno nacional en relación con las drogas y reclamó “cambios para dejar de perseguir a consumidores y distribuidores pequeños”, al tiempo que planteó la necesidad de “trabajar en políticas de reducción de daños, en despenalizar el uso medicinal de productos derivados del cannabis” y en adoptar medidas concretas “para impedir tragedias como la ocurrida en Costa Salguero”.

–¿Cuál es su opinión sobre la postura del gobierno argentino respecto de la política futura en materia de drogas?

–Hay que señalar varias cosas. Por un lado, decir que en la Ungass (sesión especial de la ONU sobre drogas) el gobierno dijo tener una postura moderada expresando preocupación por los derechos humanos y el cuidado de las personas, pero eso no se condice con la verdadera política que se está aplicando y que responde al modelo punitivo, a la guerra contra la droga. Las medidas concretas se reflejan, por ejemplo, en el Presupuesto nacional, donde se destina una enorme mayoría de recursos a las políticas de seguridad, a las policías y a la lucha contra el narcotráfico, mientras que es mucho menor lo que se destina a políticas sociales, a recomponer el tejido social en las zonas más desprotegidas. No se advierte en absoluto la supuesta intención de producir algún tipo de cambio en el paradigma prohibicionista, en la guerra contra las drogas, en la represión violenta que incluye a consumidores y a distribuidores pequeños. Lo que estamos presenciando es que nada se hace con la perspectiva de la reducción de daños, de la despenalización de algunas drogas, de una política de regulación estatal como se ha dado en otros países. Ni mucho menos en otra alternativa interesante, en políticas de corto plazo, como sería la legalización de algunas drogas para uso medicinal.

–¿Cuáles serían esas drogas y cuáles las enfermedades que podrían ser paliadas o morigeradas?

–El consenso está indicando que eso podría servir para aliviar a muchas familias que podrían recurrir a derivados del cannabis para casos gravísimos, para casos de epilepsias o de enfermedades raras, poco frecuentes. El uso medicinal del cannabis en aceites y otros productos, no para fumar, podría ser un paliativo importante en casos que carecen de tratamientos médicos efectivos. Lo único cierto es que, más allá de lo que se dijo en la reunión de la Ungass, la única política cierta del gobierno es el endurecimiento de la persecución.

–Los fines de semana, buscando una mayor difusión en los medios, las fuerzas de seguridad difunden “exitosos operativos” de secuestro de drogas, casi siempre marihuana, como si eso fuera un avance en la “guerra” contra el narcotráfico.

–Esa es la línea que se le baja a las fuerzas de seguridad y eso lleva al endurecimiento de las políticas punitivas. Es necesario modificar los indicadores que señalan que el decomiso de drogas o el accionar violento de las fuerzas policiales constituyen hechos auspiciosos.

–¿Cuáles serían las medidas que se tienen que adoptar en lo inmediato para romper el paradigma de la represión?

–Hay que aceptar que el consumo de drogas en la población es un problema que existe y que hay que empezar a trabajar en la reducción de daños, en la educación, en la regulación en manos del Estado y no de grupos mafiosos. Es una fantasía pensar en un mundo sin drogas y mucho menos desarrollando políticas como las de invadir las villas.

–Sobre todo si se tiene la certeza que muchas veces son las propias fuerzas de seguridad las que “regulan” la circulación de drogas en los barrios pobres.

–En algunos lugares es imposible que llegue la droga si no hay una zona liberada por la autoridad policial.

–¿El nivel del problema del narcotráfico en la Argentina es comparable a lo que ocurre en México o Colombia como suele decirse para justificar el modelo vigente?

–En la Argentina no hay bandas en condiciones de desafiar al Estado y si hay situaciones complejas en algunos lugares, es porque hay complicidad policial. Cualquier especialista serio diría que eso no es posible hoy y que es improbable que llegue a ocurrir en el futuro. Colombia y México vienen de largos años de mucha violencia y degradación de las autoridades. Hay que tener en cuenta, también, que México está en la frontera con Estados Unidos y que eso tiene una gran influencia. Lo que pasa en Argentina es que no hay mucha información seria, salvo del periodismo especializado. Tampoco hay mucha información académica y sobre el desconocimiento es mucho más fácil montar campañas de miedo como las que llevan a creer que hay situaciones similares a las de Colombia o México.

–Un jefe antidrogas de Paraguay, en tiempos del ex presidente Andrés Rodríguez, acusado por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico, renunció al cargo y aseguró que la DEA no combate la droga sino que “regula” su circulación por el mundo.

–Es un tema muy complicado y por eso es difícil cambiar el paradigma del modelo punitivo. Cualquier cambio afecta el poder de las agencias que viven de la prohibición y que son las que se encargan de regular el mercado de la droga, que manejan muchísimo poder y muchísio dinero. Por eso hay tanta resistencia a explorar otras formas alternativas. Esas agencias son las mismas que promueven la intervención militar en el combate al narcotráfico y declaran una “guerra” que ha fracasado. Esas agencias no quieren perder su influencia.

–¿Cómo se hace para impedir que se repitan hechos como el ocurrido en Costa Salguero?

–En primer lugar hay que esperar que la Justicia determine lo que realmente ocurrió. Si fue un accidente o si las pastillas que consumieron las víctimas fueron rebajadas o mezcladas con elementos nocivos. Hay que asumir que el problema existe y brindar información para trabajar en la reducción de daños. El Estado debe estar presente en esos lugares de consumo donde la sociedad civil participa en fiestas de este tipo. Hay que informar sobre la pureza de los estupefacientes e informar a los consumidores. Si seguimos demonizando al que consume, no vamos a poder impedir que se repitan tragedias como la de Costa Salguero, porque esas fiestas van a seguir ocurriendo y hay que prevenir.

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Imagen: Bernardino Avila
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