[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Por A. F.

La desconfianza venía palpándose en el último tiempo, pero en el 2003 estalló: los residentes de Cariló acusaron a la policía de, como mínimo, una total ineficacia y decidieron contratar un servicio privado para custodiar el balneario, donde los robos no hacían más que aumentar. La policía respondió que era ilegal que los vigiladores hicieran rondas por la zona. Cuando el choque ya había llegado a los medios, vino la calma: tras la intervención del gobierno provincial, el destacamento policial subió a la categoría de subcomisaría, cambió el personal y todos contentos. Hoy la empresa contratada –el Grupo San Miguel– hace una muy discreta vigilancia, tan discreta que nadie los ve: es que no son tantos y van sin uniforme para pasar inadvertidos. Significativamente, los robos cayeron a pique.
El punto más alto del choque sucedió en octubre, cuando en un fin de semana asaltaron catorce casas de Cariló y en el siguiente otras seis. Fue entonces cuando la Sociedad de Fomento de Cariló y algunos comerciantes anunciaron que contratarían a la empresa SASE, del Grupo San Miguel, para controlar la seguridad del balneario. De inmediato salió a responder el comisario de Pinamar, quien afirmó que era ilegal que los privados patrullaran las calles. Pero la cosa no terminó allí: poco tiempo después, sugestivamente, la policía detuvo a uno de los empleados de SASE, porque en teoría tenía un pedido de captura, lo cual también sugestivamente resultó un error.
Se sucedieron las reuniones y al fin llegó la calma. Hoy el subcomisario Fabián Puig trabaja en coordinación con los residentes de Cariló y todos parecen satisfechos. “Las cosas están funcionando perfectamente –dice el presidente de la Sociedad de Fomento, Eloy Lesca–. Ahora se hacen tareas de prevención, se investiga. Hubo allanamientos donde se detuvo gente, entre ellos el principal reducidor de cosas de Cariló, que estaba en Villa Gesell. Antes la policía no cumplía bien sus funciones.”
Aún más explícito en su evaluación es Juan Carlos Bruno, presidente del Grupo San Miguel. “Los funcionarios que antes estaban acá eran un desastre –sostiene–. Sabemos de sumarios que fueron destruidos y nunca elevados. Los ladrones hacían de esto su campo de acción. Los oficiales eran absolutamente negligentes y los suboficiales se dedicarían a sus adicionales.” Ahora, según Bruno, todo cambió: “El subcomisario está haciendo todo lo que hay que hacer –sostiene–. Entonces nosotros nos limitamos a la atención a la comunidad y unos pocos hombres recorren la zona de civil. Pusimos un centro de atención en la sociedad de fomento que funciona las 24 horas del día: allí recibimos llamadas de alguna gente que no quiere hacer la denuncia a la policía porque tuvieron malas experiencias y nosotros les avisamos”. Los robos, dicen todos, bajaron: “En diciembre de 2002 hubo 40, este diciembre apenas tres –cuenta Bruno– y fueron éstos: le robaron la patente a un auto estacionado, una escalera a una obra y una tabla de surf de un garaje”.