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El tenso debate en la Legislatura porteña sobre la ley de educación sexual muestra sin lugar a dudas el retraso que tienen nuestras instituciones políticas cuando se trata de escuchar y comprender lo que demanda la sociedad. Las encuestas de opinión realizadas en los últimos años —por lo menos diez desde que tengo registro específico del tema— han coincidido en señalar una abrumadora mayoría de la opinión pública acerca de la necesidad de incorporar la enseñanza de educación sexual en los colegios desde temprana edad.
Contra toda posición dogmática o fundamentalista de cualquier signo, hemos manifestado una y otra vez que la enseñanza de estos temas vinculados al cuidado y conocimiento del cuerpo, al cuidado de la salud, a la comprensión de la convivencia entre pares en un marco de respeto a las diferencias, a la pluralidad y a las distintas creencias es una herramienta de profundo valor formativo, con muy alta incidencia en la prevención de las distintas formas de violencia y abuso que signan las relaciones interpersonales en diversos sectores de la población. El dictamen de mayoría aprobado por la Comisión de Educación de la Legislatura porteña intentó sintetizar posturas contradictorias en un texto que finalmente no conformó totalmente a muchos de los más comprometidos con el tema.
Hubo una cierta obstinación legislativa en explicitar con demasiado detalle contenidos en una ley –que es una norma de carácter general— cuya aplicación y explicitación debía quedar delegada en la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad. Aquellos principios considerados irreemplazables y fundantes de la norma pueden ser incluidos como objetivos y principios de la ley.
Seguramente el próximo período legislativo permitirá reabrir una discusión más sensata y con mayores precisiones normativas. Uno de los temas a superar es la incapacidad del espacio progresista para articular un texto amplio, despojado de expresiones confusas y sujetas a diversas interpretaciones.
En lo inmediato, en referencia al derecho de los y las adolescentes de la ciudad de Buenos Aires a recibir educación sexual, me animo a decir que puede no ser necesaria una ley específica en la materia: ya han establecido su obligatoriedad la Constitución porteña, la ley 114 de Protección Integral de Derechos y la ley 418 de Salud Sexual y Reproductiva.
Para superar los debates paralizantes habrá que garantizar la enseñanza de educación sexual en el sector estatal del sistema educativo. Para ello podemos evaluar y utilizar las experiencias que en este sentido se desarrollan en esta ciudad desde las secretarías de Educación y Salud y desde el propio Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, experiencias de educación para la salud, sexualidad y género en la perspectiva de los derechos, que han recibido amplia aprobación de las escuelas, padres, madres, docentes y especialistas. En el ámbito de la educación privada, donde también hay experiencias avanzadas en el tema, debería extenderse gradualmente esta temática, con la supervisión de la secretaría.
En la ciudad de Buenos Aires hay un camino recorrido en la materia de probada solvencia técnica y gran consenso comunitario, y una fuerte decisión oficial de avanzar en una política pública universal y sistemática.

* Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).