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La reactivación económica ha vuelto a dejar en evidencia la desprotección de los trabajadores. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en los primeros nueve meses del año pasado los accidentes laborales aumentaron un 18,3 por ciento respecto del mismo período de 2002, sin contar a los empleados en negro. Más del doble de lo que creció la economía. Durante 2002 habían disminuido debido a la recesión, pero volvieron a repuntar por la recuperación de la construcción y la actividad agrícola, dos sectores con elevados índices de siniestralidad. El aumento de las horas de trabajo y la falta de medidas de seguridad son las causas principales que explican el incremento de los accidentes. Cuando entró en vigencia el sistema actual de cobertura en 1996, el 97 por ciento de las empresas declaró no cumplir con la ley de higiene y seguridad. Desde entonces se sucedieron varios planes de regularización, pero los resultados fueron escasos. El gerente de control y prevención de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) afirmó a Cash que “los accidentes crecen porque las empresas siguen sin cumplir”. Mientras tanto, el Gobierno y las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) deslindan su responsabilidad por la falta de control.
La ley de Riesgo de Trabajo obliga a los empresarios a garantizar la seguridad laboral, pero resulta contradictoria porque en uno de sus artículos los declara prácticamente inimputables por los incumplimientos salvo que se pruebe que existió la intención de dañar al empleado accidentado. En el resto de los casos, la ART contratada por la empresa es la que debe responder cuando se produce un accidente. Por lo tanto, el empleador no se preocupa por cumplir las normas indispensables de seguridad.
A las ART la ley también les exige realizar actividades permanentes de prevención de riesgos y control de las condiciones de trabajo. Sin embargo, la fuerte competencia desplegada en el mercado llevó a las aseguradoras a ofrecer precios bajos y laxitud en los controles para ser contratadas por empresas que tenían avidez por bajar sus costos. Cuando se diseñó el sistema, funcionarios públicos y analistas privados afirmaron que los empleadores deberían destinar cerca de un 3 por ciento de la nómina salarial a las ART para afrontar los costos derivados de los accidentes. Pero el libre mercado se impuso y no hubo un precio mínimo basado en criterios técnicos. Las aseguradoras compitieron por precio y el costo promedio de los primeros siete años del sistema fue de apenas 1,6 por ciento de la nómina salarial. Muchas ART no pudieron garantizar el servicio con precios tan bajos. Así fue como de las 45 aseguradoras que comenzaron hoy sólo quedan 26.
Además de bajar los precios, las ART redujeron los controles y las actividades de prevención argumentando que no estaban en condiciones de monitorear a las 470 mil empresas que habían contratado sus servicios. Para intentar regularizar la situación, la SRT emitió en diciembre de 2000 una resolución a la medida de las aseguradoras, a través de la cual se creó un registro de “Empresas Testigo” conformado por compañías que tuvieran más de 50 trabajadores y una siniestralidad superior al 10 por ciento del promedio de su sector. Sobre ese grupo se decidió aplicar un programa de seguimiento para reducir la siniestralidad. Así el universo a monitorear en forma permanente quedó reducido a 3416 empresas, menos del 1 por ciento del total.
En la Superintendencia aseguraron a Cash que eso no implica desatender a las otras empresas, pero en los hechos el seguimiento de las demás compañías aseguradas se redujo a recomendaciones generales, oferta de materiales educativos y disposición de una línea 0800 de asesoramiento. El desentendimiento fue tan pronunciado que las ART solicitaron realizar los exámenes médicos obligatorios sólo a los empleados del grupo testigo. El pedido fue rechazado, pero los exámenes médicos nunca alcanzaron ni siquiera al 20 por ciento de los casi 5 millones de empleados. La falta de control también se evidencia en el número de inspectores. En España hay uno cada 10 mil trabajadores, mientras que algunas ART locales tienen un inspector cada 100 mil trabajadores o más.
Otra forma de bajar costos fue recortando prestaciones para las víctimas de accidentes y/o enfermedades profesionales. El caso de las indemnizaciones es el más claro. Según el decreto 1278/2000, la familia de un trabajador muerto puede recibir hasta 180 mil pesos, pero obtener ese máximo es casi tan difícil como ganar la lotería. El promedio indica que las familias de los fallecidos obtuvieron 84.034 pesos durante 2002 y los que sufrieron incapacidades graves apenas 48.951 pesos, cifras que suelen prorratearse en cuotas cercanas a los 500 pesos mensuales. En la justicia civil los juicios por accidentes o muertes suelen obtener sentencias favorables por cifras que superaron varias veces el millón de pesos, pero para poder recurrir a ese ámbito el trabajador tiene que pedir la inconstitucionalidad de la ley de Riesgo de Trabajo argumentando que bajo el Código Civil hubiera recibido una indemnización mayor.
En el caso de las enfermedades profesionales lo que llama la atención es su desaparición. En los primeros nueve meses de 2003 apenas el 1,25 por ciento de los siniestros fueron enfermedades, de los cuales el 80 por ciento son casos de hipoacusia cubiertos por un fondo especial conformado en 1997 con los recursos que los trabajadores venían aportando a un seguro de vida colectivo. Según las estadísticas, en los trabajos no hay más saturnismo, brucelosis, silicosis, dermatitis y fibrosis pulmonar, pero los trabajadores se siguen enfermando. Lo que sucede es que las ART no reconocen las enfermedades, pues al no haber relevamiento de agentes de riesgo argumentan que el trabajador pudo haberse contagiado fuera de su lugar de trabajo.
El trabajador tiene la opción de apelar a comisiones médicas jurisdiccionales, pero la falta de información hace que en la mayoría de los casos los enfermos terminen recurriendo a hospitales públicos u obras sociales. En la industria molinera la desprotección alcanzó tal magnitud que el sindicato creó una Unidad Operativa Médico Asistencial para asesorar a los trabajadores cuando apelan ante las comisiones médicas. Carlos Barbeito, secretario general de la Unión Obrera Molinera, afirmó a Cash que “creamos la unidad porque muchos compañeros sufrieron hernias de disco en su trabajo y la ART rechazó los reclamos con el argumento de que era un problema congénito”.
Para revertir la situación el Estado debería ejercer su poder de policía obligando a las empresas a cumplir con la ley de seguridad e higiene. Hasta noviembre de 1999 ésa era una responsabilidad de la Nación, pero desde la firma del Pacto Federal del Trabajo son las provincias las encargadas de hacer cumplir la ley bajo su jurisdicción. Según Rubén Delfino, gerente de la SRT, “las provincias no cuentan con la cantidad de personal necesario ni idóneo para realizar esa tarea”. La Nación tiene la posibilidad de ejercer un control indirecto obligando a las ART a presionar a las empresas para que cumplan con la ley, pero hasta el momento la SRT no logró ningún resultado que haya servido para mejorar la prevención y hacer disminuir el número de accidentes. Las ART sostienen que ellas pueden asesorar, pero no obligar a las empresas a cumplir con la ley. Mientras tanto, los trabajadores continúan expuestos por la falta de prevención. En las actuales circunstancias pareciera ser más sencillo y económico discutir la indemnización con la víctima que prevenir el accidente.