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Por Laura Goldberg *

El reciente “acuerdo” entre el Gobierno y las AFJP no es un hecho aislado en el proceso de renegociación de la deuda, sino que significa la consolidación de una articulación perversa entre los intereses del poder político, del capital financiero y de los trabajadores. El decreto 1375 coloca en el centro de la escena dos elementos claves para comprender la naturaleza del modelo de acumulación actual, y su estrecha relación con el vigente en la década del noventa: la reforma del sistema de previsión social, y la acumulación de deuda pública.
Estos dos elementos tuvieron una íntima vinculación durante la década del noventa. Por un lado, la reforma previsional transfirió a la administración privada aportes de los trabajadores formales. Esto significó:
1. que el Estado perdió ingresos que servían para financiar las jubilaciones y pensiones;
2. que esos recursos, previa detracción de las correspondientes comisiones para las AFJP, se volcaron al mercado financiero.
El resultado de lo primero fue un mayor déficit fiscal que debió financiarse con otros tributos y con mayor deuda pública. El resultado de lo segundo fue que los mercados financieros se alimentaron de fondos provenientes del salario de los trabajadores formales. La combinación de ambos significó que en gran medida el déficit público se utilizó para “desarrollar” los mercados financieros. Lo que antes eran ingresos directos al sistema (sin costos de comisiones) y que se usaban para pagar a los pasivos, luego de la reforma pasó a ser deuda pública contraída a elevadísimas tasas de interés.
Esto no se tradujo ni en mayor ahorro ni en desarrollo productivo, sino en la consolidación del poder de una nueva corporación con intereses propios: las AFJP, en su gran mayoría propiedad de los bancos.
Si agregamos que la creciente deuda pública aumentó la injerencia de los organismos internacionales en la definición de las políticas públicas del país, incluyendo a la propia reforma previsional, el círculo perverso cierra: con dinero de los trabajadores formales se armó un negocio formidable para algunos bancos y se amplió la presencia del FMI, el Banco Mundial y el BID, entre otros, en el país. Todo lo que es estrictamente el objetivo de un sistema previsional –garantizar el pago de un beneficio monetario suficiente a todas las personas en edad pasiva– pasó a segundo plano.
Lo paradójico es que todo esto fue inventado por el propio Estado, que ahora tiene que “renegociar” con su propio invento. ¿Y qué se hace? Se preserva intacto el mismo mecanismo con una serie de acuerdos de deuda que pretenden “resolver” el problema del siguiente modo: 1) la deuda emitida en la postdevaluación para salvar a los bancos, se paga íntegra; 2) la deuda con los organismos internacionales, se paga íntegra; 3) la deuda en la que están los ahorros de los trabajadores formales tiene una fuerte quita; 4) se anuncia que el Estado volverá a tomar deuda de las AFJP, que siguen extrayendo altísimas comisiones en un mercado cautivo. Más aún, se dice que el Estado continuará financiándose con deuda, que seguirá colocando en los fondos de jubilaciones y pensiones.
Mientras tanto, el discurso oficial acusa al sistema de previsión social de ser injusto y a los organismos internacionales de ser cómplices de lo que pasa; ya no se habla de la responsabilidad de los bancos en la crisis financiera y se afirma que todo se hace en provecho de los trabajadores y con vistas a cambiar el “modelo heredado”. Si bien se dice que se encarará una nueva reforma previsional, es evidente que se preservarán, en esencia, los mecanismos descriptos; por algo se “acordó” antes con las AFPJ. Además, el abultado superávit fiscal que se impone a la población para pagar la deuda no solo consolida los mismos mecanismos utilizados en los noventa, sino que ni siquiera garantiza que se podrán pagar los compromisos que se contraigan con esta “reprogramación”. Pero aquí no termina la historia. El 60 por ciento de la población económicamente activa sigue sin tener cobertura de previsión social, y los beneficios de los actuales jubilados y pensionados siguen en niveles bajísimos. Los recursos de un sistema tributario regresivo se usan no sólo para pagar parte de las jubilaciones nacionales, sino también las de las cajas provinciales transferidas a la Nación, y para financiar el déficit previsional de las provincias “grandes” que no transfirieron sus cajas. Esas provincias y la Nación negocian discrecionalmente y fuera de una norma legal que defina la coparticipación federal de impuestos en función de una estrategia de desarrollo.
Nada de esto se diferencia del modelo de los noventa y, por lo tanto, nada de esto va a resolver los problemas heredados de ese modelo. Mucho menos, los de un sistema de previsión social que reclama una reforma integral en beneficio de toda la ciudadanía y no de grandes corporaciones que lucran con el uso de recursos públicos.

* Investigadora adjunta CIEPP.